Cuando se habla de «justicia social», no se habla de justicia en ninguna de sus formas históricas, sino de un estado de cosas imaginario en el que el Estado impone una visión progresista de la igualdad. Hayek dijo la «justicia social» está «totalmente desprovista de significado o contenido».
Aunque los funcionarios del gobierno y los verdaderos creyentes en la «energía verde» lo nieguen, el colapso de la red eléctrica en España y Portugal demuestra que la dependencia de las energías renovables para la producción eléctrica está condenada al fracaso.
Cuando los intelectuales y las élites políticas abogan por la igualdad, suelen referirse a la creación de condiciones sociales que, en el mejor de los casos, son fantasiosas y, en el peor, perjudiciales.
El tren bala de California se ha convertido en el eterno proyecto que no desaparecerá, sin importar el gran fracaso en que se ha convertido.
Vietnam del Sur dejó de existir como país independiente hace 50 años. Lo que siguió fue una lección objetiva sobre los fracasos del socialismo, ya que la ideología marxista convirtió a Vietnam en uno de los países más pobres del mundo.
Cuando los progresistas modernos afirman apoyar la equidad, lo que realmente quieren decir es la confiscación de la riqueza y la transferencia de la propiedad privada a grupos políticamente favorecidos.
Se supone que el Estado benefactor señala la existencia de la sociedad «compasiva» que proporciona cuidados a todos. Sin embargo, esta «compasión» ha dado lugar a la proliferación de patologías sociales que socavan la propia civilización.
La gente dice apoyar la «igualdad de oportunidades» por encima de la idea de igualdad de resultados, pero cuando uno examina ambos conceptos, resulta obvio que ninguno de los dos es posible o incluso deseable.
Al centrarse en el Holocausto, la gente olvida a menudo las falacias económicas del Tercer Reich. Las políticas de Hitler se basaban en el socialismo y el control estatal, y ningún régimen puede prosperar en esas condiciones.
El Nuevo Pacto Verde se propuso en 2019 y se convirtió en el eje legislativo de la administración Biden. Al igual que el primer New Deal, ha cosechado una cobertura mediática favorable, bombo legislativo, promesas incumplidas y un pésimo historial.
