A medida que el calendario político se acerca a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, los Socialistas Demócratas de América (DSA) han dado a conocer su plataforma para los Estados Unidos. Esta agenda, que incluye la abolición de la presidencia, la Corte Suprema y el Senado, además de abogar por fronteras abiertas y la nacionalización de las grandes corporaciones, es filosóficamente incoherente. El socialismo democrático resulta atractivo porque promete conciliar la democracia con la igualdad económica. Sin embargo, bajo esa promesa se esconden varias contradicciones filosóficas que hacen que el proyecto sea difícil de sostener.
En primer lugar, en términos puramente ideológicos, no existe el socialismo «democrático» dentro de un marco democrático liberal, ya que el socialismo es, por su propia naturaleza, una ideología antidemocrática. Según la definición de los politólogos, el socialismo es un sistema económico basado en la propiedad obrera de los medios de producción.
Este sistema económico se deriva de la idea marxista que sostiene que las relaciones son el centro de todos los conflictos humanos, y que para resolver dichos conflictos una sociedad necesitaría abolir todas las clases económicas. Esta abolición —descrita en el libro de Marx y Engels, El Manifiesto Comunista— aboga por un sistema político llamado comunismo, definido como una sociedad sin clases y sin Estado, dirigida por un sistema económico llamado socialismo, en el que los medios de producción no son propiedad de los capitalistas, sino del «proletariado», es decir, de los trabajadores. El objetivo de dicho sistema es abolir todas las clases.
Los numerosos países que intentaron aplicar el socialismo como modelo económico no experimentaron el control de los medios de producción por parte de los trabajadores, sino más bien el control gubernamental de los medios de producción mediante la abolición de la propiedad privada, las expropiaciones forzadas y las persecuciones políticas contra disidentes políticos, propietarios de capital y el clero.
Sin duda, los socialistas democráticos contemporáneos afirman rechazar los métodos autoritarios empleados por Lenin, Stalin y Mao. Su objetivo declarado no es el establecimiento de una dictadura de partido único, sino más bien la expansión democrática de la igualdad económica mediante una mayor propiedad pública y un mayor control público de la economía. Esa distinción merece ser reconocida.
Sin embargo, si el socialismo, tal como se vivió bajo el comunismo, implica privar a las personas su propiedad privada y de sus derechos económicos, ¿cómo podemos llamar democrática a una ideología así? Después de todo, la democracia liberal se basa en gran medida la propiedad privada, la libre expresión y el derecho a votar según la propia. Por eso el socialismo es intrínsecamente antidemocrático, lo que hace que el socialismo democrático sea intrínsecamente contradictorio. O se tiene el socialismo, o se tiene la democracia liberal. No se pueden tener ambos plenamente.
Sin embargo, la pregunta filosófica sigue siendo si, en última instancia, es posible alcanzar una propiedad social generalizada sin socavar las instituciones liberales —como la propiedad privada, las garantías constitucionales y la dispersión del poder económico—, que son los objetivos del liberalismo.
En ese sentido, hay una razón por la que los regímenes comunistas de la Unión Soviética y Europa del Este se denominaban «dictaduras del proletariado». Muchos de estos líderes socialistas siguieron las enseñanzas de Lenin sobre cómo la abolición del capitalismo requeriría un gobierno fuerte y centralizado que trabajara en favor de los intereses del proletariado, bajo el paraguas de la «dictadura del proletariado». Según Lenin, dicha dictadura basada en el socialismo sería el paso previo a la utopía comunista.
El liberalismo es casi lo opuesto a la dictadura. Si un modelo socioeconómico requiere la imposición de una dictadura política, es, por definición, antidemocrático. Según este criterio, el socialismo no puede ser democrático, ya que su instauración requiere una dictadura del proletariado.
En segundo lugar, el socialismo democrático no es el sistema económico de los países nórdicos ni de Europa Occidental, lo que pone de manifiesto la naturaleza contradictoria del término. Los países nórdicos y de Europa Occidental, como Alemania, son socialdemocracias, que se asemejan mucho más al capitalismo de bienestar que al socialismo democrático. El propio ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, ha declarado que: «Dinamarca está lejos de ser una economía planificada socialista. Dinamarca es una economía de mercado». Y con razón.
El socialismo defiende la propiedad y el control de los medios de producción por parte de los trabajadores. Esto no ocurre en el norte y el oeste de Europa, donde las empresas operan libremente y los precios se rigen por la oferta y la demanda. Los gobiernos sí intervienen mediante programas sociales y sólidas redes de protección social financiadas con altos impuestos al consumo, tributación progresiva y la gestión gubernamental de recursos naturales como el petróleo.
Los programas keynesianos de redistribución, como los establecidos por el New Deal de FDR en América o como el fondo soberano de Noruega, no son ejemplos de socialismo, sino más bien mecanismos de redistribución dentro de los sistemas capitalistas, como medios para mitigar la desigualdad de riqueza e ingresos o para reactivar la economía durante una depresión o recesión. Que el capitalismo financie el emprendimiento no es socialismo.
Ya sea que se les denomine sistemas capitalistas de bienestar o economías sociales de mercado, los países del norte y del oeste de Europa no son socialistas. Además, los países escandinavos ocupan un lugar más alto en cuanto a libertad en comparación con los Estados Unidos, al tiempo que mantienen tasas de impuestos corporativos más bajas que las de los Estados Unidos, lo cual no sería el caso si estos países fueran realmente socialistas.
Por último, es probable que la agenda de la DSA agrave los problemas que pretende resolver, lo que constituye una prueba más de su contradicción filosófica inherente. Esto es especialmente cierto en el ámbito económico. El Reino Unido intentó nacionalizar empresas e industrias privadas la década de 1960, y ese proyecto terminó en un desastre lo que obligó a liberalizar de inmediato la economía para reactivar el crecimiento económico, tal como lo llevó a cabo la primera ministra Margaret Thatcher. ¿Quién dice que no pasará lo mismo en los EEUU?
El socialismo democrático busca empoderar al trabajador, pero al otorgarle al gobierno un mayor control sobre las empresas privadas, solo logrará lo contrario. Su objetivo es promover la justicia mediante la eliminación de la desigualdad de riqueza e ingresos, pero al atacar a la empresa privada, hará que todos sean igualmente infelices. Gravar la riqueza como medio para resolver la desigualdad provocará una fuga, lo que a la larga perjudicará al empleo y a la clase trabajadora.
Si las políticas necesarias para establecer el socialismo democrático terminan agravando los problemas que pretendían resolver, entonces la filosofía comienza a socavar sus propios objetivos declarados.
Los defensores del modelo socialista democrático señalarán el aumento de la desigualdad en la riqueza y los ingresos, el estancamiento de los salarios y una crisis de acceso a los servicios que empeora cada vez más, no solo como problemas económicos, sino como problemas sociales que, a la larga, podrían provocar la caída de la democracia americana. No están equivocados.
Muchas de estas preocupaciones son legítimas. La asequibilidad de la vivienda, el aumento de los costos de la atención médica, el estancamiento de los salarios y la creciente desigualdad económica merecen un debate público serio y respuestas políticas significativas.
Lo que no están tomando en cuenta es que no se puede salvar la democracia proponiendo soluciones antidemocráticas e iliberales, como la nacionalización forzada de las grandes empresas o la abolición de instituciones elegidas democráticamente, como el Senado y la Presidencia.
El gobierno de la mayoría no es lo mismo que la democracia liberal, y el hecho de que la mayoría exija la nacionalización de las grandes empresas y que se le quite a la gente la libertad de elegir su propio proveedor de servicios de salud no significa que deban salirse con la suya. La Constitución de los EEUU es clara al respecto, al igual que lo fueron los Padres Fundadores.
El socialismo democrático sigue siendo políticamente atractivo porque aborda frustraciones reales relacionadas con la desigualdad, la asequibilidad y la inseguridad. Pero, en última instancia, una filosofía debe juzgarse no solo por sus aspiraciones, sino también por su coherencia interna. Según ese criterio, el socialismo democrático es una contradicción en sí mismo.
