Si Hobbes tiene razón sobre la naturaleza humana, entonces se equivoca al considerar al Estado como una solución. Irónicamente, sus argumentos clave a favor del Estado son en realidad razones clave en contra de él.
Aunque los minarquistas afirman apoyar un Estado «limitado», la pregunta es: «¿Cómo de limitado?». Como ya sabemos, incluso los llamados Estados limitados siempre crecen más allá de sus límites originales. Y luego siguen creciendo.
El profesor Jesús Huerta de Soto pronuncia su discurso de aceptación del Premio Orden del Mérito de Argentina de este año en Buenos Aires, Argentina.
Una de las objeciones contra el anarcocapitalismo es que, sin la supervisión del gobierno, las empresas formarán cárteles. Sin embargo, los mercados libres tienen sus propias formas de socavar estos acuerdos.
Una objeción común al anarcocapitalismo es que solo el Estado puede ofrecer servicios de defensa viables a la población a través de la policía y las fuerzas armadas, ya que las agencias de defensa privadas tendrían un incentivo para estar en guerra constante.
El reciente asesinato de una joven en el tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, pone de relieve la actitud despreocupada que los progresistas del gobierno tienen hacia los delitos violentos. Esto no va a cambiar en un futuro próximo.
La privatización se explica a menudo como algo que el Estado permite. Sin embargo, la verdadera privatización rechaza la coacción estatal en todos los ámbitos, incluido el monetario.
El anarcocapitalismo no es una versión distópica del «sálvese quien pueda». Se basa en la comunidad, las instituciones privadas y las familias.
La filósofa Elizabeth Anscombe cuestionó la legitimidad del Estado, pero dejó abierta una posible justificación para su existencia. El Dr. David Gordon examina el argumento de Anscombe y lo encuentra interesante, pero insuficiente.
En las relaciones humanas normales, acciones como mentir, robar y asesinar se consideran inmorales y antisociales. Sin embargo, la gente acepta esos mismos comportamientos por parte de los agentes del gobierno e incluso defiende tales acciones como «necesarias» para el «bien de la sociedad».
