En Anatomía del Estado, Murray N. Rothbard describe al Estado no como un servidor benevolente de la sociedad, sino como una organización que mantiene un monopolio de la fuerza y extrae ingresos mediante la coerción, en lugar de la producción y el intercambio voluntarios. Opera a través de medios políticos, la depredación y el robo sistemático de recursos privados, en vez de los medios económicos del trabajo honesto y el comercio. El gobierno keniano entre 2014 y 2024 ilustra a la perfección la tesis de Rothbard: una casta parasitaria que desvía fondos públicos mientras disfraza la depredación con la retórica del desarrollo, la seguridad y el servicio público.
Entre 2014 y 2024, Kenia perdió cientos de miles de millones de chelines debido a escándalos que revelan la verdadera naturaleza del Estado. En 2014, el país emitió su primer eurobono, recaudando aproximadamente entre 215 y 250 mil millones de chelines. Los discursos oficiales prometían mejoras en infraestructura y reducción de la deuda. Sin embargo, ni los auditores ni la oposición pudieron rastrear gran parte de los fondos. Estos se movieron a través de cuentas opacas con escasa evidencia de un uso productivo. Como explica Rothbard, el Estado asegura su sustento legalizando, ordenando y sistemáticamente la depredación. El eurobono se convirtió en un ejemplo paradigmático: préstamos forzosos (respaldados por impuestos futuros) canalizados a través de vías no declaradas, mientras los ciudadanos soportaban la carga de la deuda.
El escándalo del Servicio Nacional de la Juventud (NYS) de 2015 fue seguido por este caso. Más de 791 millones de chelines kenianos —estimaciones posteriores alcanzaron miles de millones en varias fases— fueron saqueados mediante proveedores fantasma, facturas falsas y contratos inflados para programas de empoderamiento juvenil. Una segunda oleada en 2018 añadió aproximadamente 9 mil millones de chelines kenianos más. Concebidos como una inversión en la próxima generación, los fondos del NYS enriquecieron en cambio a una red parasitaria de funcionarios y allegados. Rothbard señala que la burocracia estatal conforma una pequeña casta dominante sostenida por el excedente de producción. En este caso, dicha casta desvió recursos destinados al bienestar público a bolsillos privados, reduciendo los incentivos de los productores y expandiendo sus propios privilegios.
Para 2019, el escándalo de las represas de Arror y Kimwarer puso al descubierto una depredación aún más audaz. El Tesoro asignó 19.700 millones de chelines kenianos para dos proyectos emblemáticos de agua y energía en Elgeyo Marakwet. Se realizaron trabajos mínimos; los equipos permanecieron inactivos mientras los contratistas recibían pagos. El entonces secretario del Tesoro, Henry Rotich, y sus asociados enfrentaron cargos, pero el caso se prolongó en medio de acusaciones de protección política. Rothbard reconocería esto como el Estado traspasando sus propios límites: proyectos vendidos como servicios esenciales se convirtieron en vehículos para el saqueo, con mecanismos judiciales y políticos que protegieron a los depredadores.
La emergencia de la COVID-19 en 2020 brindó otra oportunidad. Miles de millones fluyeron a la Autoridad de Suministros Médicos de Kenia (KEMSA) para equipos de protección personal y otros equipos. Los informes de investigación revelaron millonarios de la COVID-19 y proveedores sin historial que recibieron contratos inflados. El Auditor General señaló irregularidades en las adquisiciones, empresas fantasmas y fondos no contabilizados. Rothbard observa que la guerra o la crisis permiten al Estado imponer la tiranía bajo los lemas de defensa y emergencia. La respuesta de Kenia a la pandemia reflejó esto: la coerción (impuestos que financiaban el gasto de emergencia) se unió a la depredación (saqueo disfrazado de emergencia de salud pública).
Estos escándalos no son casos aislados, sino síntomas de la organización de los medios políticos de Rothbard. Las sucesivas administraciones se mantuvieron en el poder mediante la ideología, presentando el robo como desarrollo o economía especulativa, y mediante alianzas con intelectuales, medios de comunicación e intereses empresariales creados. Los informes del Auditor General denuncian sistemáticamente miles de millones sin justificar, pero las condenas siguen siendo escasas. La clase dirigente compra aliados mediante subsidios y contratos, mientras que la crítica independiente se margina como mero ruido de la oposición.
Rothbard advierte que el Estado teme, sobre todo, las amenazas fundamentales a su poder. En Kenia, esto se manifiesta en procesos judiciales débiles, la libertad bajo fianza para los poderosos y narrativas que culpan a unos pocos individuos corruptos en lugar de al sistema en sí. Cada escándalo reduce la producción, erosiona la confianza y alimenta la deuda, tal como predijo Rothbard: el ladrón termina destruyendo su propio sustento.
Desde los eurobonos hasta las represas y los fondos para la pandemia, el período 2014-2024 reveló el Estado keniano tal como lo describió Rothbard: parasitario, coercitivo e intrínsecamente opuesto a la formación genuina de capital. Los ciudadanos producían la riqueza; el Estado la consumía. Una verdadera reforma exige reconocer esta naturaleza, no retocar al depredador, sino limitar su alcance para que los medios económicos puedan florecer nuevamente. Hasta entonces, los recursos públicos seguirán alimentando la maquinaria parasitaria que Rothbard analizó con tanta claridad.
