Joseph Schumpeter, en Capitalismo, socialismo y democracia (1942), ofreció una definición de la democracia marcadamente realista: no es el gobierno del pueblo por el pueblo, sino «ese ordenamiento institucional para la toma de decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo». Desde este punto de vista, la democracia funciona como una contienda de élites: los políticos y sus coaliciones compiten por el poder, de forma muy similar a como las empresas compiten en un mercado. Una vez victoriosos, ejercen el poder estatal no principalmente por el bien público, sino para recompensar a sus seguidores, asegurar la reelección y obtener rentas. El sistema multipartidista de Kenia posterior a 1992 encarna esta realidad schumpeteriana: se celebran elecciones competitivas, pero la gobernanza sigue siendo un «gobierno de los políticos», en el que el aparato del Estado sirve a las redes de los vencedores en lugar de al electorado.
En ningún otro caso queda esto más claro que en el escándalo de los eurobonos de 2014, la primera emisión de deuda soberana del país. Al analizar el episodio a través de la famosa pregunta de Murray Rothbard «cui bono?» («¿a quién beneficia?»), se pone de manifiesto un patrón empírico de captura por parte de la élite. Miles de millones fluyeron al extranjero, las auditorías señalaron discrepancias masivas, se bloquearon las investigaciones y nadie rindió cuentas, mientras que los kenianos de a pie heredaron una carga de deuda más pesada con escasos avances en el desarrollo. El escándalo resume por qué Kenia funciona bajo el dominio de los políticos, y no bajo la soberanía popular, y da una pista de lo que podría requerir una «Kenia sin el dominio de los políticos»: restricciones institucionales que limiten el acceso de los vencedores de la competencia a un endeudamiento y un gasto sin control.
Los hechos empíricos del escándalo de los eurobonos
En junio de 2014, menos de 18 meses después de la victoria electoral de Uhuru Kenyatta en marzo de 2013, el gobierno del Jubilee (con Kenyatta como presidente y William Ruto como vicepresidente) emitió el primer eurobono de Kenia. El tramo inicial recaudó 2000 millones de dólares (aproximadamente 176 000 millones de chelines kenianos al tipo de cambio vigente), seguido de un segundo tramo que recaudó 815 millones de dólares, lo que supuso un total de entre 2750 y 2800 millones de dólares (aproximadamente 250 000 millones de chelines kenianos). Los objetivos declarados eran el apoyo presupuestario, el desarrollo de infraestructuras y la reducción del endeudamiento interno para bajar los tipos de interés y atraer la inversión privada.
Los fondos se depositaron en una cuenta extraterritorial en JP Morgan Chase, en Nueva York. A continuación se realizaron dos operaciones principales: se destinaron aproximadamente 604 millones de dólares (53 000 millones de chelines kenianos) al reembolso de un préstamo sindicado pendiente, y se transfirieron 394 millones de dólares (35 000 millones de chelines kenianos) al Tesoro de Kenia. Esto dejó sin justificar aproximadamente 1002 millones de dólares (entre 88 000 y 100 000 millones de chelines kenianos, dependiendo de los tipos de cambio) en la entidad offshore.
Las explicaciones posteriores del gobierno se desmoronaron ante el escrutinio. Las autoridades afirmaron que se habían destinado hasta 120 000 millones de chelines kenianos a financiar facturas pendientes de contratistas de carreteras y a reforzar el presupuesto. Sin embargo, las cifras del presupuesto de gastos corrientes de 2014/15 contradicen esta afirmación: los ingresos nacionales cubrieron casi la totalidad de la asignación del gobierno nacional (se necesitaban 897 000 millones de chelines kenianos frente a los 877 000 millones disponibles tras las transferencias a los condados), lo que hace poco plausible un complemento masivo procedente de los eurobonos. Posteriormente, los ministerios admitieron que no podían rastrear si los desembolsos procedían de impuestos, de préstamos internos o de los eurobonos —lo que, en la práctica, hacía que los fondos fueran fungibles e imposibles de rastrear.
La oficina del auditor general Edward Ouko señaló en repetidas ocasiones estas anomalías. En auditorías especiales e informes anuales, señaló que no se podía justificar satisfactoriamente ni rastrear hasta proyectos específicos de la economía nacional un total de 215 470 millones de chelines kenianos en ingresos netos. La Ley de Gestión de las Finanzas Públicas (2012) exige que todos esos ingresos se ingresen en el Fondo Consolidado bajo supervisión parlamentaria; esto no se hizo con la mayor parte del saldo en cuentas en el extranjero. Según se informa, el intento de auditoría forense de Ouko, en coordinación con JP Morgan, la Reserva Federal de Nueva York y otros bancos, fue bloqueado por el presidente Kenyatta, quien lo calificó de colusión indebida. En 2019 (y con ecos en auditorías posteriores), la exactitud de los gastos seguía sin estar clara. Los informes del FMI pusieron de relieve inconsistencias en las cifras de endeudamiento interno (inicialmente comunicadas como 110 000 millones de chelines kenianos, posteriormente revisadas a 251 000 millones), lo que enturbiaba aún más el rastro.
El escándalo también se entrelazó con los anteriores contratos ficticios de Anglo-Leasing. Para mejorar la solvencia de Kenia antes del lanzamiento de los eurobonos, el gobierno pagó 1.400 millones de chelines kenianos a dos empresas ficticias vinculadas a Anglo-Leasing (First Mercantile Securities y Universal Satspace) tras perder un arbitraje en Ginebra, a pesar de que una auditoría keniana de 2006 y una sentencia de la Corte Superior de 2012 habían revelado que los contratos eran fraudulentos e inexistentes. Salieron a la luz pagos adicionales, incluidos 16,4 millones de dólares al empresario Deepak Kamani (supuestamente para «facilitar» el bono) y exigencias de 3.050 millones de chelines kenianos más por parte de Anura Perera. Los procesos judiciales selectivos de 2015 se centraron en algunas figuras de Anglo-Leasing, pero no dieron lugar a condenas y, convenientemente, dejaron fuera a los actores vinculados a Kenyatta.
Las emisiones posteriores de eurobonos (en 2018, 2019 e incluso en 2025, bajo el gobierno de Ruto) siguieron patrones similares de opacidad, con nuevas preocupaciones de auditoría sobre el desvío de fondos (110 000 millones de chelines kenianos cuestionados en 2025). Sin embargo, el episodio de 2014 sigue siendo el arquetipo: miles de millones prestados en nombre del pueblo, que desaparecen por canales imposibles de rastrear.
¿Cui bono? Los beneficiarios rothbardianos en la lucha competitiva de Schumpeter
El «cui bono» de Rothbard pregunta quién se beneficia de la acción del Estado, especialmente cuando se disfraza con retórica de interés público. En el caso de los eurobonos, los ganadores coinciden precisamente con los competidores políticos de Schumpeter:
- La élite política gobernante: la coalición Jubilee de Kenyatta se hizo con el poder en 2013 tras una reñida contienda electoral. El vínculo proporcionó recursos discrecionales —efectivo fungible al margen de un escrutinio interno estricto— para el clientelismo, el pago de facturas pendientes a contratistas con conexiones políticas y el mantenimiento de las apariencias fiscales. No se produjeron procesamientos importantes; las investigaciones se vieron obstaculizadas. El poder se conservó y se transfirió (Ruto sucedió a Kenyatta en 2022).
- Personas con información privilegiada y buscadores de rentas: Los pagos a los restos de Anglo-Leasing y a los facilitadores (Kamani, Perera) sugieren sobornos o la liquidación de deudas para los aliados. Los proyectos inflados del sector energético (por ejemplo, la electrificación rural, que se disparó de 9.900 millones a 34.000 millones de chelines kenianos) crearon una tapadera plausible para los sobrecostes que beneficiaron a los compinches.
- Actores financieros internacionales: los bancos obtuvieron comisiones por la emisión y las transferencias. Se reembolsó a los acreedores (antiguos préstamos sindicados). La deuda de Kenia se disparó; el servicio anual de la deuda absorbe ahora el gasto destinado al desarrollo. Los prestamistas se benefician de los intereses de lo que, en la práctica, fueron préstamos reciclados o imposibles de rastrear.
- La clase política en general: la democracia competitiva premia a quienes dominan la «lucha por el voto». Los ingresos procedentes de los eurobonos contribuyeron a contener los picos de endeudamiento interno, ocultando el despilfarro fiscal durante los ciclos electorales. Los votantes de a pie no vieron un auge proporcional de las infraestructuras; en cambio, se enfrentan a impuestos más altos, a la inflación y a una ratio deuda/PIB que desde entonces ha superado el 70 %, con unos beneficios visibles limitados.
¿Quiénes son los perdedores? Los contribuyentes kenianos y las generaciones futuras. Como señalaría Rothbard, el monopolio del Estado sobre el endeudamiento socializa los costos, al tiempo que privatiza los beneficios en favor de los que tienen contactos. Los informes del Auditor General confirman que los fondos no se depositaron ni se gastaron conforme a los requisitos constitucionales. La participación pública y la rendición de cuentas, rasgos distintivos de un auténtico gobierno del pueblo, brillaron por su ausencia.
Síntesis de Kenia sin el dominio de los políticos
Schumpeter nos recuerda que la democracia es un método, no una garantía del bien común. La saga de los eurobonos de Kenia demuestra de forma empírica el resultado previsible de este método cuando las restricciones son débiles: los políticos compiten, ganan y gobiernan en beneficio propio. La lucha competitiva dio lugar a un gobierno capaz de recaudar 2.800 millones de dólares con una reacción negativa mínima e inmediata por parte del electorado, para luego eludir la rendición de cuentas mediante la opacidad de las operaciones en el extranjero, el bloqueo de las auditorías y la desviación de la atención.
Por lo tanto, una Kenia sin el dominio de los políticos requeriría ir más allá del mero método de Schumpeter. Exige rigurosas restricciones institucionales, normas estrictas sobre el techo de deuda, un seguimiento obligatorio en tiempo real de las finanzas públicas, auditorías forenses independientes inmunes a la injerencia del ejecutivo y, tal vez, referéndums fiscales para los préstamos de gran envergadura. Solo entonces el «voto del pueblo» podría traducirse en una auténtica soberanía popular, en lugar de una mera licencia para la extracción de riqueza por parte de la élite. Hasta que se lleven a cabo tales reformas, el escándalo de los eurobonos sigue siendo la prueba fehaciente: en la democracia de Kenia, la pregunta «cui bono» no tiene como respuesta al pueblo, sino a los políticos que ganan la lucha. La deuda permanece; los beneficios se acumulan en otros lugares.
