A los americanos se les enseña que la Constitución completó la Revolución. Los Artículos de la Confederación eran débiles, reinaba el desorden, la Rebelión de Shays aterrorizaba al campo y los sobrios estadistas de Filadelfia diseñaron heroicamente una «Unión más perfecta», según cuenta la historia. La Constitución aparece así como el mayor logro de la Revolución.
Pero, como demostró Rothbard, la Constitución no fue la culminación de 1776, sino más bien su ruina.
Después de todo, ¿no acababan de librar los estados americanos una guerra para rechazar el control centralizado del Parlamento de Londres? ¿Por qué, apenas cuatro años después de Yorktown, muchos de los mismos líderes revolucionarios abogaban por una nueva autoridad nacional consolidada, dotada de poder tributario —un ejército permanente, supremacía sobre las leyes estatales y un poder judicial independiente aislado del control democrático directo?
De hecho, el quinto volumen de Conceived in Liberty, de Murray Rothbard, nos invita a reconsiderar el momento fundacional no como un triunfo, sino como una contrarrevolución. Y los estudios revisionistas modernos —desde Charles Beard hasta Michael Klarman—, sugieren que esta interpretación merece más atención de la que suele recibir.
Los artículos: ¿caos o libertad?
La narrativa convencional insiste en que los Artículos de la Confederación fueron un fracaso. El Congreso no podía recaudar impuestos. No podía regular el comercio de manera eficaz. Tenía dificultades para pagar las deudas de guerra. La rebelión de Shays pareció poner de manifiesto una debilidad fatal, etcétera.
Pero, ¿debilidad para quién?
Bajo los Artículos, la autoridad política estaba radicalmente descentralizada. El Congreso carecía de ingresos independientes y dependía de los estados. No había poder ejecutivo, ni poder judicial nacional, ni ejército permanente en tiempos de paz. A los territorios occidentales se les prometió un eventual autogobierno. Desde el punto de vista de la desconfianza revolucionaria hacia el poder centralizado, este arreglo no era una vergüenza, sino la extensión lógica de 1776.
Al fin y al cabo, la Revolución se había librado contra una legislatura lejana que reclamaba autoridad plena sobre los asuntos coloniales. El Parlamento gravaba sin representación. Imponía leyes de navegación y restricciones comerciales. Estacionaba tropas en tiempos de paz. La queja de los colonos no era solo los impuestos, sino la consolidación: el poder se alejaba de las instituciones locales hacia un centro que no rendía cuentas.
Los Artículos encarnaban el principio opuesto: la soberanía residía en los estados, con el Congreso actuando como su agente. Sin embargo, a mediados de la década de 1780, una coalición de nacionalistas argumentó que esta descentralización había ido demasiado lejos.
La rebelión de Shays y el temor de la élite
Gran parte de la urgencia de la reforma constitucional se debió a la rebelión de Shays en Massachusetts (1786-1787). La versión de los libros de texto describe a unos agricultores endeudados y desesperados que se rebelaron contra la autoridad legítima. Pero, como demostró Leonard Richards en Shays’s Rebellion: The American Revolution’s Final Battle, el levantamiento no fue tanto una revuelta de campesinos insolventes como una revuelta fiscal contra el cobro agresivo de las deudas y los elevados impuestos estatales destinados a pagar los bonos de guerra.
Esos bonos habían sido comprados a menudo con grandes descuentos por especuladores —muchos de ellos comerciantes y financieros del este— que ahora exigían su reembolso por su valor nominal. La carga fiscal recayó de manera desproporcionada sobre los agricultores del oeste. Cuando las cortes comenzaron a embargar propiedades por impuestos impagados, los rebeldes los cerraron.
Para los nacionalistas, esto no era una protesta populista, sino un exceso democrático. Para hombres como George Washington y James Madison, la rebelión de Shays confirmó su temor de que las mayorías locales pudieran amenazar los derechos de propiedad y los intereses de los acreedores.
Aquí la interpretación de Rothbard converge con la tesis anterior de Charles Beard en An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. Beard argumentaba que la Constitución reflejaba los intereses de los tenedores de bonos, las élites comerciales y los acreedores nacionales que deseaban un gobierno central más fuerte para garantizar las deudas públicas y estabilizar el comercio. Aunque el determinismo de Beard ha sido criticado, pocos niegan que las preocupaciones financieras pesaban mucho en Filadelfia.
La obra de Michael Klarman, The Framers’ Coup, refuerza esta imagen. Klarman demuestra que la Constitución no fue el resultado inevitable del consenso nacional, sino el producto de las maniobras estratégicas de las élites políticas que aprovecharon la ansiedad económica y el temor al desorden. La Convención de Filadelfia excedió su mandato de enmendar los Artículos y, en su lugar, redactó un marco de gobierno completamente nuevo. Se modificaron las normas de ratificación para eludir a las legislaturas estatales recalcitrantes en favor de convenciones especialmente elegidas.
Si la Revolución fue un levantamiento popular contra la autoridad imperial consolidada, la Constitución fue sin duda una respuesta diseñada para responder al malestar popular en el país.
De la confederación a la consolidación
El cambio fue profundo. En virtud de la Constitución, el Congreso recibió poderes fiscales independientes. La ley federal pasó a ser «suprema». El poder judicial nacional podía invalidar la legislación estatal. El poder ejecutivo ganó energía y permanencia. Los ejércitos permanentes eran constitucionalmente admisibles. El comercio interestatal quedó bajo la autoridad federal.
La lógica de 1776 se había invertido. Ya no se presumía que el poder recayera en las instituciones locales a menos que se delegara explícitamente; en cambio, el nuevo gobierno poseía poderes enumerados cuya interpretación se ampliaría inevitablemente. La cláusula de supremacía y la cláusula necesaria y adecuada se convirtieron rápidamente en instrumentos de consolidación.
Los nacionalistas defendieron estos cambios como esenciales para proteger la libertad. Pero, ¿la libertad para quién?
Para los acreedores públicos y los intereses comerciales, la consolidación nacional prometía estabilidad, uniformidad y un servicio de la deuda fiable. Para los estados esclavistas, la Constitución protegía la institución mediante cláusulas que salvaguardaban el comercio de esclavos (durante veinte años), los esclavos fugitivos y el compromiso de los tres quintos. Los intereses sectoriales y económicos se alinearon detrás de la centralización.
La Constitución no solo fortaleció la unión, sino que alteró fundamentalmente el equilibrio de la soberanía.
¿Traición o transformación?
Calificar la Constitución de «traición» puede parecer excesivo. Al fin y al cabo, pronto se promulgó la Carta de Derechos y muchos antifederalistas acabaron aceptándola. Pero consideremos la premisa revolucionaria: que el poder centralizado y distante es peligroso; que los ejércitos permanentes amenazan la libertad; que los impuestos requieren un consentimiento estricto; que el autogobierno local es el baluarte de la libertad. No se trataba de quejas periféricas, sino de la Revolución.
Sin embargo, en la década siguiente a la independencia, los principales revolucionarios respaldaron un gobierno nacional consolidado capaz de ejercer precisamente aquellos poderes que antes habían denunciado en un Parlamento. El objetivo había cambiado; la estructura se parecía cada vez más a lo que se había rechazado.
La ironía es sorprendente. La misma generación que se resistió a la pretensión de supremacía de Londres sobre las legislaturas coloniales creó un gobierno federal con supremacía sobre los estados.
La tesis contrarrevolucionaria
Nada de esto requiere idealizar los Artículos o negar sus debilidades. Tampoco implica rechazar la Constitución de plano. Pero sí requiere abandonar el mito de la inevitabilidad y la suposición de que 1787 simplemente perfeccionó 1776.
La Revolución americana contenía impulsos contrapuestos: la descentralización radical y la consolidación de la élite. En Filadelfia prevaleció esta última.
Si la Revolución fue, en parte, una revuelta contra el poder imperial centralizado, entonces la Constitución no representó su cumplimiento, sino su reorientación. La pregunta que queda por responder no es si la Constitución estableció algún orden (lo hizo); la pregunta es si, al hacerlo, comprometió los principios anticentralistas que animaron la ruptura con Gran Bretaña.
Para aquellos dispuestos a revisar la fundación sin piedad, la respuesta puede resultar incómoda.
Pero la historia rara vez halaga a los vencedores de las contrarrevoluciones.
