En Washington, las malas ideas rara vez mueren —simplemente se reinventan. La política industrial, desacreditada desde hace tiempo tanto en teoría como en la práctica —ha resurgido bajo el lenguaje más aceptable de la «resiliencia» y las «cadenas de suministro estratégicas». El consorcio de minerales propuesto por la administración Trump es el ejemplo más reciente. Presentado como una respuesta necesaria a la dependencia de China para el procesamiento de tierras raras y otros minerales críticos, promete coordinación, inversión e independencia. Sin embargo, lo que ofrecerá será distorsión, despilfarro y una nueva ronda de malas inversiones con motivaciones políticas.
Sin duda, esta política encierra una base de verdad. Los Estados Unidos y sus aliados dependen en gran medida de China para la refinación de elementos de tierras raras y otros insumos esenciales para la industria moderna. Pero esta dependencia no surgió por casualidad, ni es prueba de un «fallo del mercado». Es el resultado de décadas de especialización global: las empresas ubican su producción donde resulta más eficiente, considerando los costos, las regulaciones y la experiencia acumulada. La respuesta de Washington no es comprender este proceso, sino anularlo.
Un consorcio respaldado por el gobierno —ya sea financiado explícitamente o con garantías implícitas— antepone las prioridades políticas a las señales del mercado. Y, como demostró Ludwig von Mises hace un siglo, sin señales de precios genuinas generadas mediante el intercambio voluntario, el cálculo económico racional se desmorona. El capital ya no se asigna en función de la rentabilidad, sino del favoritismo político. El resultado previsible es la mala inversión: proyectos que existen no porque tengan sentido económico, sino porque satisfacen un objetivo político.
En el mundo intensivo en capital de la minería y el procesamiento de minerales, esto es una receta para el exceso de inversión. Las empresas subvencionadas o protegidas se expanden más allá de lo que el mercado puede sostener, creando sobrecapacidad en algunas áreas y escasez en otras. Los recursos se desvían de usos más rentables y se destinan a proyectos que requieren apoyo político constante para sobrevivir. Lo que a corto plazo parece un estallido de «inversión» es, en realidad, una mala asignación que solo se revelará cuando las subvenciones disminuyan o cambie el panorama político. Y donde la política dirige el capital, los oportunistas lo siguen.
Informes recientes señalan un aumento repentino en la presentación de solicitudes de registro de empresas dudosas, muchas de ellas tramitadas a través de lugares como Delaware, por parte de entidades repentinamente ansiosas por posicionarse en el sector de los «minerales críticos». En su mayoría, no se trata de operadores experimentados que responden a la demanda del mercado, sino de especuladores, intermediarios y aspirantes a contratistas, atraídos no por el lucro en el sentido económico, sino por la perspectiva de acceder a fondos respaldados por el gobierno.
Esto no es una corrupción de un sistema que, de otro modo, sería sólido; es el sistema funcionando según lo previsto. Como observó Friedrich Hayek, cuando el poder económico se concentra, los incentivos se desplazan hacia quienes tienen mayor capacidad para influir en los responsables de la toma de decisiones. El consorcio minero no aislará a los Estados Unidos de la dependencia: creará una nueva clase de empresas dependientes a nivel nacional, empresas cuyo modelo de negocio es inseparable del apoyo estatal. Si esto les suena familiar, es porque lo es.
Estados Unidos ya ha experimentado con políticas industriales en el sector energético, sobre todo con el impulso a los combustibles sintéticos en las décadas de 1970 y principios de 1980. Respaldados por miles de millones de dólares en ayudas federales, estos proyectos se presentaron como esenciales para la independencia energética. Sin embargo, colapsaron debido a su propia ineficiencia una vez que cambiaron las condiciones del mercado, dejando a los contribuyentes con la carga de las pérdidas. Más recientemente, las oleadas de subsidios y el favoritismo político en el sector del gas de esquisto y las energías renovables han generado sus propios ciclos de auge, sobreexpansión, contracción y corrupción, lejos de ser la base estable que promete la planificación «estratégica». El consorcio minero corre el riesgo de repetir este patrón en un nuevo escenario.
Nada de esto niega el contexto geopolítico. El renovado interés de Washington en los minerales críticos está claramente vinculado a su postura más amplia hacia China. Los responsables políticos hablan abiertamente de la competencia entre grandes potencias y de la necesidad de asegurar las cadenas de suministro ante la posibilidad de un conflicto. Pero, una vez más, la lógica es circular. La misma clase política que fomentó una profunda interdependencia económica ahora la considera una desventaja, que debe corregirse no mediante la adaptación del mercado, sino mediante una mayor intervención. De nuevo, vemos un patrón conocido: la intervención engendra intervención.
Desde la perspectiva austriaca, el problema de fondo no se basa únicamente en los incentivos, sino que es epistémico. Ningún consorcio, por muy bien dotado de personal o bien intencionado que sea, puede replicar el conocimiento inherente a los procesos de mercado. Las decisiones sobre dónde invertir, qué tecnologías desarrollar y cómo estructurar la producción dependen de información dispersa, a menudo tácita, que no puede centralizarse sin pérdidas. Los comités no descubren los precios; los estiman. Y cuando se equivocan, como inevitablemente sucede, las consecuencias no recaen sobre quienes toman las decisiones, sino que se socializan en toda la economía.
Históricamente, se ha demostrado que la invocación de la «seguridad nacional» solo acelera este proceso. Una vez que un sector se designa como crítico, se suspenden las restricciones económicas habituales. Las pérdidas se reinterpretan como inversiones, las ineficiencias como redundancias y los fallos como el coste de la preparación. La disciplina de las ganancias y las pérdidas, el único mecanismo fiable para distinguir el valor del despilfarro, se ve sustituida por la lógica de la persistencia burocrática.
Lo que emerge no es resiliencia, sino rigidez: una economía menos receptiva a las condiciones reales, más propensa a la asignación politizada de recursos y, en última instancia, menos capaz de mantener la seguridad que pretende garantizar.
Un enfoque genuinamente orientado al mercado sería muy diferente. Comenzaría por eliminar las barreras a la producción nacional, simplificar los procesos de obtención de permisos, reducir la incertidumbre regulatoria y permitir que los empresarios respondan a las señales de precios sin interferencia política. Reconocería que la diversificación y la resiliencia son subproductos del libre intercambio, no sus sustitutos.
Que tal enfoque sea políticamente viable es otra cuestión. La política industrial ofrece algo que los mercados no: la apariencia de control. Permite a los responsables políticos señalar proyectos concretos, empresas concretas, logros específicos. Genera titulares, inauguraciones y la ilusión de coherencia estratégica. Pero las ilusiones tienen un precio.
Es posible que el consorcio minero movilice capital y genere actividad. Incluso podría lograr reorientar parte de la producción. Pero si lo hace subordinando el cálculo económico a las prioridades políticas, profundizará las distorsiones que pretende solucionar. Al igual que las políticas industriales anteriores, dejará tras de sí un rastro de recursos mal asignados, intereses arraigados y promesas incumplidas.
Y cuando eso ocurra, Washington invariablemente hará lo que siempre hace: cambiar su imagen y volver a intentarlo.
