El capitalismo actual refleja una realidad trágica: empresas de dimensiones desmesuradas de forma artificial; sistemas monetarios diseñados para la expansión del crédito; rescates financieros recurrentes; conflictos armados financiados por el Estado; y subvenciones selectivas concedidas a sectores favorecidos. En lugar de promover la prosperidad general, el orden imperante tiende a garantizar beneficios recurrentes a un grupo reducido, al tiempo que transfiere sus costes al resto de la sociedad. No se trata de un exceso del capitalismo, sino de su degeneración: la inversión de un orden institucional destinado originalmente a coordinar el conocimiento, la responsabilidad y la producción.
Para comprender por qué estos fenómenos son incompatibles con el capitalismo, entendido en su sentido estricto, es necesario, en primer lugar, aclarar los fundamentos lógicos que hacen posibles las instituciones capitalistas. Si bien un orden como el capitalismo natural puede describirse empíricamente, su validación teórica no puede basarse en contingencias históricas. Solo puede establecerse mediante la reconstrucción conceptual de las categorías que permiten la elección, la coordinación y el orden social.
El estudio sistemático de estas categorías pertenece al ámbito de la praxeología. A partir de ellas pueden derivarse lógicamente instituciones y marcos institucionales «naturales» u «orgánicos» —no en un sentido biológico, sino como respuestas lógicas necesarias a los problemas de coordinación inherentes a la interacción social—.
La praxeología detrás de las instituciones
El método praxeológico se basa en una premisa fundamental: la acción humana es una conducta intencionada orientada a la consecución de fines. Esto no implica un conocimiento perfecto, sino más bien que, al actuar, los individuos emplean necesariamente una estructura lógica de medios y fines. A partir de esta estructura, tanto las condiciones como las implicaciones lógicas de la acción pueden deducirse a priori (es decir, sin recurrir a la verificación empírica para comprobar su validez).
La idea fundamental de la acción humana es que los individuos pretenden sustituir una situación menos satisfactoria por otra más satisfactoria. No se trata de una afirmación psicológica o empírica, sino de una categoría lógica inherente al propio concepto de acción. La acción implica escasez, y de ahí surgen categorías económicas como los medios y los fines, la elección y la renuncia, la preferencia ordinal, el costo de oportunidad, así como la noción de tiempo e incertidumbre.
Dado que múltiples actores actúan en condiciones de escasez, surgen varios problemas: conflictos por el uso de los recursos, incertidumbre respecto a las acciones de los demás y un aumento de los costos de coordinación. En este punto, comienzan a surgir las instituciones sociales.
Las instituciones sociales pueden entenderse como patrones estructurados y duraderos de normas, conductas y relaciones que coordinan la acción humana, permitiendo tanto la consecución de objetivos individuales como la cohesión del orden social. Su origen radica en el reconocimiento práctico de que la cooperación basada en la división del trabajo produce resultados más favorables que el trabajo aislado. En condiciones de escasez e incertidumbre, ciertos modos de conducta demuestran ser capaces de mantener la coordinación a lo largo del tiempo, mientras que otros no lo consiguen. De este modo, toman forma instituciones estables como el lenguaje, la propiedad, el capital, los contratos, el dinero, el mercado y el derecho.
Una vez interiorizadas en el conocimiento humano, estas instituciones ponen en marcha los procesos de prosperidad y civilización. Sin embargo, no son instintivas, sino patrones aprendidos y mantenidos que requieren una transmisión continua. En este sentido, pueden entenderse como tecnologías mentales, siempre sujetas a una evaluación ideológica.
Así, de la autodeterminación, la cooperación y el lenguaje surge la propiedad privada, y a partir de ella se desarrollan otras tecnologías institucionales. Ninguna de estas instituciones surgió por decreto; son el producto de la cooperación espontánea de innumerables individuos, a lo largo del tiempo, cada uno persiguiendo sus propios objetivos.
Capitalismo natural
El capitalismo empieza a tomar forma de manera natural cuando la planificación y las expectativas individuales dejan de estar dominadas por lo inmediato y se orientan cada vez más hacia el medio y largo plazo.
La ampliación de los horizontes productivos tiene por objeto alcanzar una mayor cantidad y calidad de objetivos a un coste relativo cada vez menor. Sin embargo, cuanto más amplio es este horizonte, mayor es la profundidad que se requiere en términos de cálculo económico. Es en este punto donde surge la categoría definitoria del capitalismo —el capital, entendido como una categoría de cálculo a través de la cual el agente valora y conserva los bienes producidos anteriormente como medios destinados a futuros procesos productivos.
El capitalismo, en sentido estricto, no constituye una institución social única, sino más bien un marco institucional que articula la propiedad privada de los medios de producción, el dinero como señal coordinadora y la planificación intertemporal de la acción a través del capital. En este sentido, el capitalismo no es ni un hecho dado ni una construcción deliberada, sino un orden institucional complejo cuya aparición depende de la conjunción de instituciones coordinadoras estables. Por consiguiente, la calidad del capitalismo depende por completo de la calidad de las instituciones que lo componen.
¿Qué es lo que determina, entonces, la calidad de las instituciones? Si bien las estructuras sociales se basan, en última instancia, en las categorías lógicas invariables de la acción humana, sus expresiones institucionales concretas están condicionadas ideológicamente. Así, los distintos compromisos normativos dan lugar a distintos órdenes sociales. Cuando dichos compromisos obstaculizan el funcionamiento o la lógica interna de determinadas instituciones, el propio capitalismo se ve necesariamente afectado.
Si las ideas dominantes empiezan a tolerar el robo, a normalizar la agresión o a presentar el ahorro y la moderación intertemporal como algo irracional, las tecnologías institucionales de las que dependen el progreso y el orden social se deteriorarán progresivamente. El ejemplo histórico paradigmático de ese condicionamiento ideológico es el Estado.
¿Qué salió mal?
En el imaginario político actual, la afirmación de que las instituciones sociales surgen de forma espontánea es muy controvertida. Esto se debe a que el Estado ha pasado de ser una forma histórica de organización a convertirse en el horizonte ideológico a través del cual se concibe el propio orden social. En consecuencia, se suele dar por sentado que, sin la soberanía estatal, no pueden existir normas, propiedad ni cooperación, cuando en realidad estas instituciones preceden, tanto lógicamente como históricamente, a cualquier autoridad centralizada.
El Estado es una forma históricamente específica de comunidad política que surgió en la Edad Moderna, cuya característica definitoria es la institucionalización de la centralización política y la correspondiente reivindicación de una soberanía totalizadora. En la práctica, esto se traduce en un monopolio jurisdiccional que absorbe y centraliza funciones que originalmente desempeñaban instituciones naturales, como las formas de comunidad (familia, Iglesia, universidad) y las formas de coordinación inter (propiedad, derecho, mercado, dinero). Lo importante aquí es descubrir que la expansión de este monopolio no fue un proceso puramente técnico, sino uno condicionado por transformaciones ideológicas que tuvieron lugar a partir del siglo XVI, incluyendo rupturas religiosas, éticas, políticas y jurídicas que configuraron la idea del monopolio gubernamental como algo inevitable.
Uno de los precursores intelectuales de esta concepción fue el liberalismo político. En su intento por racionalizar y limitar el poder político, el liberalismo introdujo categorías como la soberanía, el legalismo y el contractualismo. Aunque su intención era limitar el gobierno arbitrario, estas categorías contribuyeron en última instancia a la formalización y legitimación del propio monopolio político. En lugar de resolver el problema de la autoridad centralizada, el liberalismo le proporcionó un sólido marco conceptual, que más tarde sería reinterpretado, radicalizado y ampliado de manera instrumental por el socialismo.
Desde entonces, el discurso político ha quedado atrapado en la dicotomía «capitalismo frente a socialismo», una oposición que —en lugar de cuestionar el monopolio estatal como tal— da por sentada su existencia como un hecho incuestionable y limita el debate a la forma en que dicho monopolio debe intervenir, regular o redistribuir dentro del orden social. Es en este marco ideológico donde toma forma el capitalismo histórico.
Capitalismo por decreto
El marco institucional del capitalismo contemporáneo responde principalmente a las condiciones impuestas por el poder político, que a su vez se entrelaza estructuralmente con el poder económico, dando lugar a lo que comúnmente se describe como «capitalismo de amiguismo». Aunque conserva las formas externas del capitalismo natural —la propiedad privada, el dinero, el capital, la empresa—, este capitalismo de carácter arbitrario, o basado en decretos, representa una profunda degeneración cualitativa.
Como explica Hans-Hermann Hoppe, bajo un régimen de propiedad fiduciaria y banca centralizada, el marco de incentivos al que se enfrenta el empresario se ve radicalmente alterado. Mientras que, en un mercado libre, la rentabilidad depende de la capacidad de anticipar y satisfacer las preferencias de los consumidores, bajo el estatismo, el éxito empresarial depende cada vez más de la relación con el poder político. El resultado no es una distorsión marginal del capitalismo, sino una transformación cualitativa del papel del empresario: de coordinador de recursos a buscador de privilegios.
La propiedad privada, los precios y la iniciativa privada siguen existiendo; sin embargo, lo que se transforma de manera decisiva es el marco de incentivos que guía la actividad económica, alterando así los mecanismos de responsabilidad, cálculo y coordinación que caracterizan a un orden genuinamente capitalista. Esta transformación no es uniforme en todos los sectores de la sociedad: cuanto mayor es la importancia económica y política de una empresa, más expuesta está a la influencia del poder político. Naturalmente, no podemos poner en la misma categoría a alguien que se gana la vida vendiendo queso y a alguien que se gana la vida vendiendo armamento militar.
En este contexto, el dinero deja de ser una mera señal y se convierte también en una forma encubierta de redistribución monetaria. El crédito deja de reflejar el ahorro real y pasa a representar una expansión inducida políticamente. El tipo de interés deja de reflejar las preferencias temporales de los individuos y se fija políticamente. Los salarios dejan de reflejar la productividad marginal y se convierten en objeto de negociación política. Los beneficios empresariales dejan de ser gradualmente un símbolo de la satisfacción preferencial del consumidor y pasan a sustentarse en licencias, subvenciones, contratos estatales y protecciones normativas. Por último, la deuda deja de constituir una restricción económica efectiva y el (financiamiento del déficit público) pasa a desempeñar un papel funcional dentro del sistema, transfiriendo sus costes al resto de la sociedad.
Todas estas señales, que en un principio desempeñaban una función natural de coordinación entre productores y consumidores, presentan ahora profundas distorsiones que perturban los procesos de cálculo, planificación y responsabilidad económica. La orientación a corto plazo de las políticas gubernamentales impregna la estructura de incentivos y, en consecuencia, la forma en que los individuos perciben su entorno material. Como resultado, la producción se orienta cada vez más hacia el corto plazo, priorizando la inmediatez y lo desechable frente a la durabilidad y la calidad. Esto no se debe a un declive moral espontáneo, sino más bien a un marco institucional que penaliza sistemáticamente la prudencia, la acumulación paciente y la responsabilidad intertemporal.
Conclusión
Nuestro orden económico actual presenta patrones comúnmente asociados con el consumismo, la erosión moral y la inseguridad generalizada. Esto no es el resultado de una transformación de la naturaleza humana, sino de un marco institucional que distorsiona sistemáticamente la estructura de incentivos, reasignando la responsabilidad y el riesgo a favor de intereses privados concentrados a través del Estado. En el proceso de expansión política, las instituciones construidas ladrillo a ladrillo son pisoteadas, mientras que la imposición se presenta retóricamente como una fuente de prosperidad.
Superar este problema, al igual que todos los asuntos relacionados con las estructuras sociales, no se consigue mediante elecciones ni guerras, sino mediante la victoria en el ámbito ideológico. Lo que hoy llamamos «capitalismo» es, en gran medida, la negación institucional de las mismas condiciones que lo hicieron posible. No es de extrañar.
