¿Puede la política gubernamental replicar una economía de mercado y mejorar sus resultados? Este es el tema del libro «Moonshots and the New Industrial Policy» (Proyectos ambiciosos y la nueva política industrial). Lipton Matthews profundiza en estas cuestiones.
Durante muchos años, California ha sido considerada la «tierra prometida» del país, pero en los últimos 25 años la gente se ha ido debido a los altos costos de la vivienda y los elevados impuestos. El futuro del estado está a punto de empeorar, ya que los socialistas están ganando poder aquí.
A medida que el sistema médico socialista canadiense se va al traste, el gobierno promueve activamente el suicidio asistido por un médico como una forma de salvar el sistema y, al mismo tiempo, fomentar la «muerte digna».
Como buen socialista que es, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoce que el oro es sinónimo de moneda sólida y comercio. Como es lógico, quiere gravarlo con impuestos hasta hacerlo desaparecer.
Las entidades gubernamentales, como el servicio postal, operan en un entorno de precios de mercado, por lo que no son totalmente socialistas. Sin embargo, siguen estando sujetas a las limitaciones que plantean los problemas del cálculo socialista.
Un siglo después de que Ludwig von Mises pusiera de manifiesto la debilidad fundamental de la economía socialista, Jesús Huerta de Soto demuestra por qué Mises tenía razón y sus detractores se equivocaban. El Dr. David Gordon explica por qué Huerta de Soto tiene razón.
Los políticos afirman que pueden «arreglar» la economía. Sin embargo, los economistas Friedrich Hayek y Ludwig von Mises señalaron que las «soluciones» del gobierno acaban provocando problemas aún mayores.
Los problemas relacionados con las personas sin hogar en los espacios públicos y en el transporte público se agravan porque el hecho de que los bienes sean de propiedad del gobierno no permite la exclusión. En cambio, nos encontramos ante la «tragedia de los bienes comunes».
Los historiadores académicos actuales han caído en manos de los marxistas culturales, por mucho que nieguen esta verdad evidente.
Cuando alguien defiende el control estatal de los procesos económicos, está, por definición, planteando un argumento basado en la falacia ad baculum, la «apelación a la fuerza».
