Aunque ha suspendido temporalmente sus amenazas de aranceles, las exigencias de «comercio justo» del presidente Trump no tienen sentido desde el punto de vista económico. Solo las exigencias de Trump con respecto a Vietnam no tienen ni pies ni cabeza.
Resulta sorprendente que los conservadores de hoy se muestren tan entusiastas a la hora de otorgar al ejecutivo un poder sin trabas para imponer nuevos impuestos.
Trump no tiene planes para deshacerse de los impuestos sobre las nóminas, y no tiene planes para hacer grandes recortes en el gasto. Esto prácticamente garantiza que el IRS no va a ir a ninguna parte.
Hace cinco años, la locura del covid descendió sobre las élites gobernantes, impulsando un totalitarismo de salud pública que destruyó vidas y empobreció a millones de americanos. Y las clases dirigentes siguen mintiendo sobre lo que hicieron.
El asesor económico de Trump, Peter Navarro, ha condenado las inversiones multimillonarias de BMW en Carolina del Sur por ser «malas para nuestra economía.» Los comentarios reflejan un mayor desconocimiento de los bienes de capital por parte de los llamados expertos económicos.
Bob desafía la sabiduría convencional en torno al dilema de Triffin, argumentando que los déficits comerciales persistentes de EEUU no son necesarios para el dominio del dólar, y que Ron Paul siempre tuvo razón.
El presidente del Instituto Mises, Thomas DiLorenzo, se une a NTD News para desglosar el impacto real de las políticas arancelarias de Trump.
Los partidarios de los aranceles afirman que su aplicación generará nuevos puestos de trabajo en el país. Lo que no señalan es que mucha gente depende de las importaciones para trabajar. Los aranceles a las importaciones canadienses de aluminio son un buen ejemplo.
Aunque los aranceles del presidente Trump ciertamente están causando daño económico, por sí solos no podrían causar una recesión si no hubiera habido ya años de expansión artificial del crédito.
La presidencia —me refiero al Estado ejecutivo— es la suma total de la tiranía americana. Los otros poderes del Estado, incluido la Corte Suprema nombrada por el presidente, son meros adjuntos.
