Los americanos creen erróneamente que la mejor manera de cuidar nuestras tierras pintorescas es a través de la propiedad y la administración gubernamentales. La realidad es que los burócratas no son buenos administradores de tierras, y ciertamente no tan buenos como los propietarios privados.
El manido argumento a favor de la regulación gubernamental de la libertad de expresión —gritar «¡fuego!» en un teatro abarrotado— siempre ha sido una cortina de humo. Como escribió Rothbard, los derechos de propiedad privada deben ocupar un lugar cuando se trata de la libertad de expresión.
¿Salvamos los puestos de trabajo humanos a costa de entregas más eficientes de los productos y servicios que tanto nos gustan?
A pesar del éxito de la industria turística de Jamaica, los medios de comunicación internacionales siguen caracterizándola erróneamente como excluyente y racista.
El presidente Trump tiene razón al plantear dudas sobre las motivaciones de los funcionarios gubernamentales encargados de recopilar y publicar datos económicos. Pero también sería un error que la derecha siguiera los pasos de Biden y descartara cualquier indicio de dificultades económicas.
Al parecer, el gobierno de Irlanda no ha aprendido nada de los desastres provocados por el control de los alquileres en otros lugares. Por lo tanto, los irlandeses tendrán que aprender esta dura lección y afrontar las consecuencias de su insensatez económica.
La administración Trump ha retirado los 4000 millones de dólares prometidos para el proyecto del tren bala de California porque este proyecto no tiene un futuro viable. Aunque es posible que se complete el tramo de 171 millas del Valle Central, el resto del proyecto está muerto.
La Comisión Federal de Comercio ha multado a los creadores del videojuego Fortnite con más de 500 millones de dólares, al parecer por infracciones que carecen de fundamento jurídico. Otro caso más en el que las autoridades extorsionan a los productores con la «protección del consumidor».
Los europeos se ven obligados a realizar una transición energética mediante un gasto financiado con deuda que provocará un aumento permanente de los precios de la energía y frenará la competitividad europea. Esto no cambiará el clima, pero empobrecerá a la población.
¿Qué entendemos por «derechos de los estados»? La estudiosa del Mises, Wanjiru Njoya, nos guía a través del debate para mostrarnos cómo diferentes personas han intentado definir y explicar ese término.
