Los debates ambientales suelen plantearse como un conflicto entre la regulación gubernamental y la actividad corporativa sin restricciones. Ambos planteamientos están equivocados. Aunque las empresas tienen derecho a hacer lo que quieran con su propiedad, eso no significa que puedan violar el derecho de otra persona a su propiedad. Si lanzo una piedra y rompo la ventana de tu sala, eso es vandalismo y agresión. ¿Qué pasa si una fábrica envía millones de partículas químicas microscópicas a través de tu ventana y directamente a tus pulmones? El problema no es que la fábrica esté produciendo algo. El problema es que su producción está imponiendo un costo a alguien que nunca dio su consentimiento para ello.
Para diferenciarme de los enfoques ambientales tradicionales, me opongo a que la burocracia y las regulaciones federales sean la principal forma de resolver este problema. La EPA establece normas nacionales para los contaminantes, lo cual puede ser útil para abordar ciertos riesgos generales, pero una norma a nivel nacional no puede dar cuenta perfectamente de cada fábrica, propiedad, contaminante y daño individual. Las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiente de la EPA muestran en qué medida la política ambiental depende de que los reguladores establezcan límites generales en lugar de determinar la responsabilidad entre los propietarios individuales.
Mi solución consiste en hacer que los contaminadores respondan civilmente por los daños demostrables causados a la propiedad privada y a la salud humana. Si una empresa contamina un río y se puede demostrar que ha dañado la propiedad de otra persona, no debería limitarse a pagar una multa del gobierno; debería ser demandada por las personas cuyos derechos fueron violados. Esto no es un rechazo a la protección ambiental, sino una forma diferente de lograrla.
Esta postura se basa en el enfoque austriaco de la economía ambiental. Art Carden sostiene que, sin el mecanismo de precios, quienes toman las decisiones carecen de la información necesaria para realizar un cálculo económico racional, mientras que un sistema basado en derechos de propiedad privada estrictos puede reducir los conflictos y mejorar la coordinación económica. El libro Cálculo económico en la comunidad ambientalista aborda el tema en términos de derechos de propiedad y coordinación económica descentralizada, en lugar de limitarse a calcular una cantidad ideal de contaminación.
El principio es sencillo: puedes hacer lo que quieras con tu propiedad, pero no puedes usarla como excusa para dañar la de otra persona. Murray Rothbard planteó un argumento similar sobre la contaminación del aire, al considerar que las emisiones nocivas que invaden la propiedad de otra persona constituyen una posible violación de los derechos de propiedad. El artículo de Rothbard «Ley, derechos de propiedad y contaminación del aire» ofrece un ejemplo de cómo se puede aplicar este principio a la contaminación.
El argumento austriaco a favor de este enfoque no es solo moral; es económico. Los reguladores se enfrentan a un enorme problema de conocimiento. Tienen que crear reglas generales para millones de empresas, propiedades, contaminantes y circunstancias diferentes. No existe un solo funcionario que pueda conocer los costos y beneficios de las emisiones de cada fábrica para cada persona afectada. Un sistema descentralizado de derechos de propiedad y responsabilidad permite que la información surja a través de disputas individuales, precios, abogados, aseguradoras y empresarios. En lugar de pedirle a un regulador que determine la cantidad «correcta» de contaminación para la sociedad en su conjunto, podemos plantear una pregunta mucho más concreta: ¿Esta empresa causó un daño demostrable a la propiedad o a la persona de alguien más?
Ahora bien, es posible que muchos de ustedes que están leyendo esto se pregunten: ¿Cómo puede, entonces, una persona común demandar a una empresa petrolera de miles de millones de dólares por partículas invisibles sin gastar millones de dólares?
Es sencillo: el mercado legal puede adaptarse. Ya existen las demandas colectivas y los abogados que trabajan a comisión para ayudar a las personas con recursos limitados a presentar demandas contra demandados mucho más poderosos. Si una empresa contamina un río, los propietarios afectados podrían demandar como un bloque unificado. En conjunto, estas vías legales representan un riesgo financiero para los contaminadores y les dan a los abogados un incentivo para descubrir casos en los que las empresas hayan causado un daño real.
Los seguros podrían potenciar aún más esta iniciativa. Ya existen seguros de responsabilidad ambiental que cubren riesgos como lesiones corporales, daños a la propiedad y costos de limpieza derivados de la contaminación. El resumen sobre seguros ambientales de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros explica cómo estas pólizas están diseñadas específicamente para cubrir riesgos ambientales.
Más importante aún, hay evidencia de que los incentivos de los seguros pueden, de hecho, cambiar el comportamiento corporativo. Un estudio de 2026 publicado en el Journal of Risk and Insurance analizó el seguro de responsabilidad civil por contaminación en Shenzhen y encontró una reducción del 72 por ciento en las infracciones ambientales anuales entre las empresas estudiadas. Los investigadores encontraron evidencia de que las empresas cambiaron su comportamiento en parte porque anticiparon que sus primas de seguro dependerían de sus infracciones anteriores. El estudio ofrece un ejemplo del mundo real de cómo las aseguradoras crean incentivos para que las empresas reduzcan la contaminación.
Este es exactamente el tipo de incentivo que un sistema basado en el mercado debería fomentar. Si una empresa sabe que la contaminación puede generar grandes responsabilidades civiles, las aseguradoras tienen un incentivo financiero para inspeccionar las operaciones de esa empresa y fijar el precio de su riesgo en consecuencia. Un contaminador imprudente podría enfrentar primas más altas o dificultades para obtener cobertura. En ese sistema, las compañías de seguros (y no los reguladores) tienen un motivo para detectar los riesgos ambientales, ya que es su propio dinero el que está en juego.
Por supuesto, esto no significa que todos los problemas de contaminación sean fáciles de resolver. La contaminación invisible puede dificultar el establecimiento de la relación de causalidad, especialmente cuando las emisiones provienen de miles de fuentes diferentes. Si una fábrica vierte sustancias químicas directamente en mi terreno, el caso es relativamente sencillo. Si miles de fábricas contribuyen cada una con una cantidad mínima a la contaminación del aire, identificar exactamente quién causó el daño a una persona en particular se vuelve mucho más difícil.
Esto representa un gran desafío para el enfoque basado en los derechos de propiedad, y pretender lo contrario sería deshonesto. Pero el hecho de que sea difícil establecer la responsabilidad no significa que las autoridades reguladoras tengan un conocimiento perfecto. Significa que necesitamos mejores formas de determinar la causalidad y hacer valer la responsabilidad. Cortes, abogados, aseguradoras, científicos y los propietarios pueden aportar información a ese proceso.
La historia demuestra por qué estas cuestiones son importantes. En Love Canal, en las Cataratas del Niágara, Nueva York, se vertieron más de 21 000 toneladas de sustancias químicas peligrosas en un emplazamiento industrial entre 1942 y 1953. Posteriormente, los desechos contaminaron el suelo y las aguas subterráneas, y el material contaminado se propagó a través de las alcantarillas hacia las áreas aledañas. La EPA finalmente evacuó a cientos de familias y el desastre se convirtió en un importante catalizador para el programa federal Superfund. El informe de la EPA sobre Love Canal documenta la magnitud de la contaminación y la respuesta del gobierno.
La lección que saco de casos como el de Love Canal no es que se deba permitir que las empresas contaminen sin consecuencias. Es todo lo contrario. Si una empresa causa daños graves a la propiedad y la salud de otras personas, debe haber consecuencias graves. La pregunta es si esas consecuencias deben provenir principalmente de burócratas que deciden de antemano cuánta contaminación es aceptable, o de un sistema en el que las personas realmente perjudicadas tengan derecho a reclamar, de manera exigible, a quienes les causaron el daño.
Desafortunadamente, gran parte de esto no funcionará a la perfección bajo el sistema legal actual. Ya contamos con una complicada mezcla de regulaciones federales, normas ambientales y demandas privadas. Pero si queremos avanzar hacia una sociedad basada en el principio de no agresión, debemos reducir nuestra dependencia de agencias como la EPA como solución principal, fortalecer los derechos individuales frente a la contaminación demostrable y facilitar que las personas puedan presentar demandas legítimas contra las empresas que les causan daño.
Esta solución de mercado no se trata solo de reducir la contaminación. Se trata de asignar la responsabilidad a quien le corresponde. Si una empresa causa daños, debe asumir el costo en lugar de trasladárselo automáticamente a los contribuyentes o a propietarios inocentes. Si las aseguradoras, los abogados y los consumidores pueden obtener ganancias al identificar riesgos y hacer valer los derechos, tienen un incentivo para hacer precisamente eso. El objetivo no debería ser elegir entre la regulación gubernamental y la actividad corporativa sin restricciones. Debería ser proteger al individuo de ambas.
Una empresa debe tener libertad para operar su fábrica. El dueño de una casa debe tener libertad para disfrutar de su propiedad. Pero la libertad de la fábrica debe terminar ahí donde comience a causar un daño demostrable a la propiedad o a la persona de otra persona. Eso no es estar en contra de las empresas. Es el mismo principio que se aplica en todos los demás ámbitos de una sociedad libre: tu propiedad es tuya, y la mía es mía.
Así que, la próxima vez que alguien te obligue a elegir entre la regulación gubernamental y la actividad corporativa sin restricciones en materia ambiental, di que eliges los derechos individuales y de propiedad.
