Los primeros pensadores austriacos, como F. A. Hayek y Ludwig von Mises, se mostraban escépticos respecto a la propiedad intelectual. Aunque ha habido una gran cantidad de liberales clásicos que han presentado la propiedad intelectual como una garantía para que se produzca la movilidad social, la manipulación gubernamental de las oportunidades de mercado ha creado una concentración de poder problemática que ha sido otorgada y ejecutada por los políticos de Bruselas.
Según la OEP, desde 2020, entre el 67 % y el 74 % de los solicitantes de patentes han sido «grandes empresas», lo que significa que más de dos tercios de todas las solicitudes provienen del 0,2 % de las empresas más grandes del mundo. Esto se debe a los elevados costos de las solicitudes de patente. El costo promedio de una patente de la UE oscila entre 15 000 y 30 000 euros, lo que supone un obstáculo significativo para las pequeñas empresas que desean presentar una solicitud. Todo el sistema está diseñado para concentrar la mayor parte del poder en el menor número posible de manos.
Pero la propiedad intelectual no solo es perjudicial en la práctica, sino que también carece de ética en la teoría. La mejor manera de ilustrar esto es con la analogía de la vela de Thomas Jefferson: si dos personas están sentadas una al lado de la otra, cada una con una vela, y una de ellas le roba la vela a la otra, ha violado la propiedad privada de su amiga; pero si usa la vela de su amiga para encender la suya, ambas conservan su vela y una de ellas ha ganado llama.
La llama no es escasa; eso es lo que hace que las leyes de propiedad intelectual sean irracionales. Las leyes de propiedad intelectual crean una escasez artificial, y lo que el gobierno está haciendo escaso es la oportunidad de competir en el mercado y la oportunidad de vender algo, eliminando así la destrucción creativa.
Además, cuando el Estado hace cumplir las leyes de propiedad intelectual, restringe el uso que las personas pueden hacer de sus propios bienes materiales; por ejemplo: si una empresa es titular de los derechos de propiedad intelectual de un medicamento, el Estado está legalmente obligado a impedir que otras personas fabriquen ese medicamento, incluso si lo necesitaran con urgencia y contaran con los recursos necesarios.
El sector farmacéutico ilustra claramente el efecto de las leyes de propiedad intelectual en los precios, ya que es el que ha sido investigado más a fondo. Según un estudio de la FDA realizado por Conrad y Lutter (2019), los precios se comportan de la siguiente manera una vez que expira una patente: cuando ingresa un solo competidor, los precios caen en promedio entre un 30 y un 39 por ciento en un plazo de seis meses. Al cabo de un año, con dos o tres competidores en el mercado, los precios han bajado aproximadamente un 55 por ciento en promedio. Al cabo de dos años, con más de seis competidores, los precios pueden caer hasta en un 95 por ciento. Estas cifras hablan por sí solas: en un sector donde los precios bajos son de suma importancia, el Estado está reprimiendo activamente tanto la eficiencia como la competencia, perjudicando a los mismos consumidores que dice proteger.
Además, la promesa de protección mediante patentes ha generado incentivos perversos para las empresas. En lugar de innovar, buscan moléculas con la misma función, pero una estructura diferente a la de sus medicamentos ya patentados, con el único fin de eludir los plazos de vencimiento. Este monopolio otorgado por el Estado garantiza que el capital deje de fluir hacia donde más beneficio médico generaría. En cambio, fluye hacia donde sea más fácil defender el monopolio.
La Unión Europea ha intentado mitigar los efectos negativos de las leyes de propiedad intelectual mediante la introducción de una política que anula la patente en su totalidad si se pierde un juicio relacionado con el uso de dicha patente. Sin embargo, los políticos también han facilitado la obtención de derechos de propiedad intelectual en toda la UE, lo que hará que los monopolios en Europa sean aún más comunes.
Otra nueva medida para mitigar este efecto es la reciente legislación conocida como el «Paquete Farmacéutico», que busca activamente debilitar el poder de monopolio absoluto que la propiedad intelectual otorga tradicionalmente a las empresas farmacéuticas. El objetivo de la Unión Europea es reequilibrar la balanza. Esto reconoce implícitamente que la Unión comprende el daño que las leyes de propiedad intelectual causan al mercado y cómo lo desequilibran. Sin embargo, tiene demasiado miedo de abolir la propiedad intelectual por completo.
Ya es hora de que la UE acepte el hecho de que la propiedad intelectual perjudica a los consumidores y genera incentivos erróneos para los productores. Hay que abolir las leyes europeas de propiedad intelectual y dejar que la competencia se desarrolle sin restricciones.
