El artículo «Just bury your trash» (Simplemente entierra tu basura), de Alex Chalmers y Rob Wiblin, cuestiona una creencia arraigada del ecologismo moderno: que el reciclaje es intrínsecamente virtuoso, mientras que los vertederos representan un fracaso. Sus argumentos respaldan una visión más matizada. El reciclaje de metales suele tener mucho sentido, y puede merecer la pena recuperar algunos plásticos limpios. Sin embargo, muchos otros materiales requieren más mano de obra, energía, agua, transporte y capital para reciclarlos que para sustituirlos y eliminarlos de forma segura. Por su parte, los vertederos sanitarios modernos se parecen muy poco a los vertederos incontrolados que aún dominan la imaginación colectiva.
Esto plantea una cuestión política: si el reciclaje suele no superar un análisis convencional de coste-beneficio, ¿cómo llegó a ser casi obligatorio? La respuesta requiere distinguir entre el reciclaje y el movimiento ecologista. Desde hace mucho tiempo, la gente ha recuperado chatarra valiosa siempre que el valor justificaba el esfuerzo. Lo nuevo es la doctrina de que el reciclaje debe perseguirse como un objetivo social general, incluso cuando la recuperación cuesta más de lo que reporta. Esa doctrina se institucionalizó a través del gobierno.
El reciclaje antes del «reciclismo»
La cuestión económica es sencilla: ¿vale más el material recuperado que los recursos sacrificados para recuperarlo? Murray N. Rothbard, en su análisis sobre la conservación de los recursos naturales, sostenía que los mercados dan respuesta a través de los precios. Cuando un recurso escasea, su precio sube, lo que fomenta el ahorro, la sustitución, la creación de nueva oferta y la recuperación de las reservas existentes. Rothbard puso como ejemplo el cobre: el aumento de los precios genera incentivos para el reciclaje sin necesidad de un plan central de conservación.
Esa lógica se ajusta a los ejemplos más contundentes de Chalmers y Wiblin. Los metales se reciclan bien porque el aluminio y el cobre desechados son valiosos; la chatarra que merece la pena es un stock a la espera de un emprendedor. El caso contrario es igualmente revelador. Si una cubeta de plástico no tiene comprador a menos que los contribuyentes financien su recogida, los hogares la clasifican sin recibir compensación alguna y la normativa ayuda a crear demanda para la resina, su falta de valor espontáneo nos dice algo. Los precios bajos y las pérdidas son información. El movimiento del reciclaje invirtió esta prueba al partir de la respuesta deseada —el reciclaje— y diseñar políticas para lograrla.
De la política de eliminación a la jerarquía de residuos
Esta transformación se refleja en la política americana en materia de residuos. La Ley federal de Conservación y Recuperación de Recursos de 1976 estableció objetivos que incluían la conservación de la energía y los recursos naturales y la reducción de residuos. En 1988, la Agencia de Protección Medioambiental había adoptado un objetivo nacional de reducir en un 25 % los residuos en origen y reciclarlos para 1992, mientras que su Agenda de Acción de 1989 daba preferencia explícita a la reducción en origen y al reciclaje frente al vertido o la incineración. El gobierno ya no se limitaba a restringir la eliminación peligrosa, sino que clasificaba los distintos métodos de uso de los recursos.
Los estados convirtieron esa jerarquía en obligaciones legales. La Ley de Gestión Integrada de Residuos de California de 1989 exigía a las jurisdicciones desviar del vertido el 25 % de los residuos sólidos para 1995 y el 50 % para el año 2000. El Impuesto sobre los Vertederos de 1996 en el Reino Unido hizo que el vertido resultara menos atractivo para fomentar el reciclaje y la valorización, mientras que la Directiva Marco sobre Residuos de 2008 de la Unión Europea formalizó una jerarquía en la que la eliminación ocupaba el último lugar. Los gobiernos no inventaron el reciclaje; lo convirtieron en un objetivo social preferido desde el punto de vista administrativo.
La «crisis» de los vertederos que contribuyó a impulsar el reciclaje a finales de la década de 1980 fue, en parte, de carácter institucional. La barcaza de residuos «Mobro 4000» de 1987, incapaz de descargar más de 3.000 toneladas de basura de Nueva York, se convirtió en un símbolo de la supuesta escasez de espacio en los vertederos. Sin embargo, la capacidad autorizada no es lo mismo que la disponibilidad física de terreno. El informe histórico de la ciudad de San Diego señala que las leyes federales sobre residuos aumentaron los costes, mientras que los estudios de impacto ambiental dificultaron la concesión de permisos para nuevas instalaciones. Esto no significa que la regulación de los vertederos fuera innecesaria; lo que se quiere decir, más concretamente, es que la política puede restringir la capacidad de vertido legalmente autorizada incluso sin que exista una grave escasez física de espacio seguro para el enterramiento de residuos.
E. C. Pasour Jr. planteó una cuestión relacionada con la política de conservación: los supuestos problemas de recursos a menudo no pueden entenderse al margen de las intervenciones gubernamentales previas. Una intervención eleva el coste de una actividad, el precio resultante se interpreta como prueba de escasez y se introduce otra intervención como solución.
Cuando desaparecen los precios, los objetivos ocupan su lugar
¿Por qué la política de reciclaje acabó girando en torno a porcentajes en lugar de centrarse en si determinadas actividades ahorraban realmente recursos? En Burocracia, Ludwig von Mises distinguió entre la gestión con ánimo de lucro y la gestión burocrática. Los empresarios pueden comparar el valor de mercado de su producción con el valor de los recursos que consumen. Una oficina cuya producción no se compra ni se vende de forma voluntaria carece de ese criterio, por lo que se basa en objetivos legales y metas cuantificables.
Las tasas de reciclaje son un ejemplo de ello. Los ayuntamientos pueden contabilizar las toneladas desviadas, pero la expresión «el 50 % reciclado» no dice nada por sí sola sobre si se han conservado los recursos. Otra tonelada de plástico puede requerir gasóleo, maquinaria, agua, electricidad, mano de obra doméstica y capital por un valor superior al de la resina recuperada. El objetivo sigue registrándose como un éxito. Per Bylund señala precisamente esto en «The Recycling Myth» (El mito del reciclaje). Hace hincapié en la mano de obra descentralizada que se impone a los hogares, que deben separar, limpiar, almacenar y preparar el material antes de que comience el proceso de reciclaje municipal. Lee Friday desarrolla el mismo argumento de forma más explícita, señalando que la recogida financiada con impuestos y la clasificación no remunerada pueden ocultar parte del coste real de la industria.
Los gobiernos también pueden generar demanda de materiales reciclables. Las normas federales de contratación pública vinculadas a la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos pueden exigir a los organismos que utilizan fondos federales que adquieran productos designados por la EPA que contengan materiales recuperados, como papel con contenido reciclado, aceite refinado, neumáticos recauchutados y materiales aislantes. Si el gobierno subvenciona la recogida y luego utiliza su poder de compra para crear demanda de los productos resultantes, la existencia de un «mercado» no demuestra que el proceso de reciclaje original fuera rentable. Tampoco puede citarse un impuesto sobre los vertederos —que modifica deliberadamente los precios relativos a posteriori— como prueba independiente de que el mercado original estuviera desperdiciando recursos.
El análisis de Murray Rothbard sobre las leyes de conservación en Poder y mercado plantea una cuestión más amplia: la conservación obligatoria no se limita a «ahorrar recursos», sino que modifica su asignación entre usos que compiten entre sí. La verdadera cuestión no es si las políticas pueden fomentar un mayor reciclaje, sino si ese reciclaje adicional compensa lo que hay que sacrificar para conseguirlo. Un objetivo regulatorio no puede responder a esa pregunta, ya que dicho objetivo ha sustituido a la prueba del mercado.
Contaminación sin «reciclismo»
Las críticas al reciclaje obligatorio no significan que la contaminación deba ser gratuita. Si un vertedero contamina las aguas subterráneas de otra persona o causa algún otro daño demostrable, existe un auténtico conflicto medioambiental. La teoría austriaca de la economía medioambiental de Roy Cordato aborda la contaminación como un conflicto entre los planes humanos y los usos de la propiedad, más que como una única magnitud social que los planificadores deben optimizar. De manera similar, Murray Rothbard abordó la contaminación como un problema de derechos de propiedad en «Ley, derechos de propiedad y contaminación atmosférica». Cuando la contaminación invade físicamente y causa daños a otra persona o a una propiedad, la cuestión es la responsabilidad civil, no el incumplimiento de un óptimo establecido por el gobierno.
Se aplica un principio diferente: exigir a quienes generan residuos que asuman los costes que realmente imponen a los demás, proteger la propiedad contra la contaminación demostrable y, a continuación, dejar que los precios, el espíritu emprendedor, la tecnología y las preferencias de los consumidores determinen si un objeto debe reutilizarse, reciclarse, incinerarse o enterrarse. Esto puede dar lugar a un mayor reciclaje cuando el material recuperado tenga un valor real y a un menor reciclaje cuando este consuma más recursos de los que ahorra.
El contenedor azul como institución política
Una vez que los gobiernos adoptaron los objetivos de desviación de residuos, las administraciones públicas asumieron la misión de alcanzarlos. Los ayuntamientos construyeron sistemas de recogida, los contratistas y fabricantes se adaptaron, los programas de contratación pública impulsaron los mercados de materiales secundarios, los impuestos sobre los vertederos penalizaron las alternativas y las escuelas generalizaron la separación en origen. Con el tiempo, la jerarquía administrativa se convirtió en una jerarquía moral. El reciclaje dejó de entenderse principalmente como un proceso industrial variable; se convirtió en una muestra de buena ciudadanía.
Por eso el argumento de Chalmers y Wiblin suena más radical de lo que justifican sus afirmaciones desde el punto de vista de la ingeniería. Afirmar que el plástico mezclado puede resultar más barato y más limpio enviarlo al vertedero que reciclarlo puede parecer casi como aprobar el hecho de tirar basura al suelo, aunque se trate de cuestiones fundamentalmente diferentes. Tirar basura al suelo tiene que ver con la contaminación y la propiedad; el reciclaje tiene que ver con la elección entre procesos industriales que compiten entre sí. El movimiento a favor del reciclaje logró fusionar ambos conceptos.
La regla más adecuada resulta menos inspiradora como eslogan, pero más seria desde el punto de vista económico: reciclar cuando el reciclaje conserve recursos; enterrar los residuos cuando el enterramiento conserve recursos; prevenir o sancionar la contaminación real en ambos casos. Poner fin al reciclaje obligatorio y universal no significaría acabar con el reciclaje. El aluminio y el cobre seguirían siendo valiosos, la maquinaria seguiría reparándose y los chatarreros seguirían comprando lo que merezca la pena recuperar. Lo que desaparecerían serían aquellas actividades que solo sobreviven porque el Estado grava sus alternativas, subvenciona sus insumos, impone su uso, genera demanda para sus productos o exige a los ciudadanos que aporten parte de la mano de obra de forma gratuita.
Si una práctica medioambiental solo puede sobrevivir después de que sus verdaderos costes se hayan ocultado o se hayan transferido políticamente a otra parte, deberíamos al menos plantearnos la posibilidad de que lo que se está conservando no es la naturaleza, sino la propia política.
