Cada vez que los contribuyentes se oponen a financiar investigaciones que consideran inmorales, la respuesta habitual es: «No politicen la ciencia». Pero la financiación pública ya es en sí misma una politización de la ciencia. En el momento en que la investigación se financia con impuestos obligatorios, deja de ser una empresa puramente académica y se convierte en un proyecto estatal, filtrado por las burocracias, los incentivos de las subvenciones y las necesidades ideológicas del régimen que firma los cheques.
Por eso los ciudadanos no solo pueden, sino que deben exigir recortes en la financiación pública de las investigaciones que rechazan, ya sea por motivos morales, religiosos, prudenciales o filosóficos. No porque el público deba imponer una moralidad uniforme, sino porque la financiación coercitiva convierte a todos en participantes. En una sociedad libre, se puede rechazar comprar lo que se considera perverso. En la ciencia gubernamental, se le cobra de todos modos.
Los acontecimientos recientes lo demuestran: las decisiones de financiación son morales y políticas
Consideremos el último giro del gobierno de los EEUU en relación con el tejido fetal humano. El 22 de enero de 2026, los NIH emitieron una política que ponía fin al uso de fondos de los NIH para la investigación con tejido fetal humano procedente de abortos electivos, aplicable de forma general a los mecanismos de financiación intramuros y extramuros. La Associated Press lo describió como una ampliación de las restricciones del primer mandato de Trump, al tiempo que señalaba que algunos investigadores sostienen que el tejido fetal es «insustituible» en ciertas líneas de investigación biomédica.
Tanto si se aplaude como si se lamenta el cambio, el hecho crucial sigue siendo el mismo: la comunidad científica no «descubrió» una respuesta neutral en este caso. Una autoridad política tomó una decisión sobre la financiación, sobre qué tipos de métodos y materiales son aceptables para la investigación financiada por los contribuyentes. Esto es inevitable bajo el patrocinio del Estado, y es intelectualmente deshonesto pretender lo contrario.
El mismo patrón se repite en el ámbito de la experimentación con animales. Los NIH se han comprometido públicamente a ampliar las tecnologías de investigación «basadas en humanos» y a reducir el uso de animales, al tiempo que han aclarado que los modelos animales siguen teniendo un papel en el sistema de investigación actual. Paralelamente, Reuters informó de que la FDA había anunciado planes para eliminar gradualmente la experimentación con animales en determinados contextos de desarrollo de fármacos en favor de «métodos relevantes para los humanos», como modelos computacionales y estructuras similares a órganos.
Una vez más: se trata de juicios cargados de valores sobre la ética, la tolerancia al riesgo y lo que se considera una prueba aceptable. El público no está «corrompiendo la ciencia» por tener opiniones al respecto. El público está respondiendo a la realidad de que el gobierno ya ha convertido la ciencia en un instrumento de política pública.
Elogiar la retirada de fondos en el pasado no es «anticientífico» —es anticompulsivo
No hay nada incoherente en decir: «Eres libre de hacer esa investigación, pero no con mi dinero». Eso no es censura. Es todo lo contrario: preserva el pluralismo al trasladar los proyectos controvertidos al ámbito del apoyo voluntario.
El episodio del tejido fetal de 2019-2020 ilustra la rapidez con la que la «ciencia apolítica» se convierte en una lucha por la conciencia. La notificación de 2019 de los NIH añadió requisitos adicionales y consideraciones de revisión para las propuestas externas que implicaran tejido fetal procedente de abortos electivos. En 2020, el Comité Asesor de Ética en la Investigación con Tejido Fetal Humano de los NIH revisó 14 propuestas y recomendó retener los fondos para 13 de ellas. Se puede discutir la composición o las conclusiones de la junta, pero el mecanismo en sí mismo subraya la verdad fundamental: la investigación financiada con fondos públicos se rige inevitablemente por criterios políticos y éticos.
Desde un punto de vista libertario, esto no es un error, sino una señal de que todo el modelo es moralmente confuso. Un sistema de financiación coercitivo garantiza un conflicto permanente, ya que obliga a las personas a apoyar agendas que nunca elegirían voluntariamente.
Así que sí —alabemos la retirada de fondos. No porque todas las decisiones de retirada de fondos sean acertadas, sino porque cada decisión que reduce la complicidad coercitiva acerca a la sociedad un paso más a la única solución estable: la separación entre la ciencia y el Estado.
Objeción: «¡Pero entonces cualquiera puede retirar la financiación a lo que no le guste!».
Correcto, y precisamente por eso la financiación pública es un sistema tan destructivo. Si tu vecino puede reclutar por la fuerza tus ingresos para sus prioridades de investigación preferidas, entonces no estás viviendo bajo una «ciencia neutral». Estás viviendo bajo un tira y afloja ideológico administrado por comités de subvenciones y directores de agencias.
Rothbard planteó hace décadas la cuestión económica subyacente: los recursos son escasos, y asignar más a la «ciencia» significa necesariamente asignar menos a otros bienes. En un mercado, esas compensaciones están disciplinadas por los precios y la demanda voluntaria; en un sistema político, son decididas por el poder institucional. Stephan Kinsella ha argumentado que la historia de la «infraprovisión» —solo el Estado puede financiar la investigación básica— es en gran medida un mito, que ignora el papel histórico de los particulares y las empresas privadas en la producción de grandes avances.
La crítica libertaria más profunda no es meramente económica, sino política. Una vez que la ciencia es patrocinada por el Estado, se convierte en una escalera profesional, una economía de subvenciones y una máquina de prestigio vinculada a las prioridades burocráticas. No se trata de una distorsión incidental, sino del resultado previsible de las subvenciones.
La retirada de fondos también es un control sobre el «Ministerio de la Opinión»
Hay una segunda razón por la que los ciudadanos deberían oponerse enérgicamente a la financiación pública de la investigación: el establishment científico moderno suele servir como clase legitimadora del poder estatal. Anatomía del Estado de Rothbard destaca que el Estado depende de los intelectuales para generar apoyo ideológico y estigmatizar la disidencia fundamental. En un artículo anterior, apliqué ese marco al mundo académico como «ministerio de la opinión», describiendo cómo las instituciones financiadas por los contribuyentes pueden funcionar como intelectuales de la corte —fabricando un «consenso» que se alinea convenientemente con la expansión del control administrativo.
Desde esta perspectiva, la lucha por el tejido fetal y los ensayos con animales no se limita a la técnica biomédica. Se trata de si el público seguirá financiando un sistema en expansión que 1) reclama autoridad moral; 2) exige deferencia («confíe en los expertos»); y 3) está estructuralmente entrelazado con organismos que redactan normas, dan forma a los mensajes y canalizan el comportamiento público.
Si se quiere reducir la capacidad del Estado para moldear la opinión pública a través de la autoridad acreditada, no se empieza suplicando al sacerdocio financiado con subvenciones que sea más humilde. Se empieza por apretar el cinturón.
Amplíe los recortes —luego termine el trabajo
Dejar de financiar la investigación a la que te opones es defendible en dos niveles:
- Conciencia: no se le debe obligar a subvencionar lo que considera injusto;
- Realismo institucional: la financiación pública crea una clase científica politizada alineada con las prioridades del Estado.
Así que amplíe el principio. Los ciudadanos deben sentirse libres, de hecho obligados, a examinar y oponerse a la financiación pública de proyectos que consideren poco éticos, derrochadores, peligrosos o propagandísticos. La inevitable objeción —«esto politizará la ciencia»— debe responderse con la única respuesta seria: la financiación pública ya lo ha hecho.
Pero no se detenga en recortes selectivos. Los recortes selectivos son una válvula de escape, no una solución. La solución es estructural: trasladar la investigación científica a la financiación voluntaria, las instituciones competitivas y el pluralismo genuino —donde la persuasión sustituye a la coacción y los desacuerdos morales no requieren dominación política.
En otras palabras, exija la retirada de la financiación de lo que rechaza hoy, no como una respuesta definitiva, sino como un paso hacia una sociedad en la que nadie pueda obligarle a financiar lo que condena —y ninguna casta científica pueda afirmar de forma plausible que habla como la voz «neutral» del Estado.
