Europa está sufriendo una considerable subida del precio del combustible como consecuencia del conflicto actual en Irán, lo que ha provocado un notable descontento y malestar entre la población. Este malestar ha alcanzado un punto crítico en Irlanda, donde se han producido numerosas protestas durante la última semana. Agricultores y transportistas han bloqueado las principales arterias de las grandes ciudades, así como la única refinería de petróleo del país, lo que ha provocado graves trastornos y una escasez de combustible en las gasolineras.
La forma que están adoptando estas protestas está suscitando una mezcla de emociones entre la opinión pública. A lo largo del último siglo, el sindicalismo y el republicanismo han logrado, de alguna manera, inculcar en la opinión pública una cierta idealización de las huelgas o de las acciones políticas violentas. Algunos —imbuidos de la iconografía de principios del siglo XX— siguen viendo estas acciones como un valiente acto de rebeldía de los oprimidos contra las fuerzas del mal. A otros simplemente les molesta la alteración que están causando en su rutina diaria. Y otros se debaten entre la ambivalencia de sentir cierta simpatía por su causa y la total irritación por las consecuencias prácticas. También está la figura de quienes se inclinan de forma natural hacia la acción política, pero desconfían de las motivaciones de esta en concreto, y también de quién podría estar moviendo los hilos desde las sombras. El alto grado de organización que muestran los manifestantes hace que algunos observadores duden de que se trate de un movimiento genuinamente popular.
Al fin y al cabo, los agricultores europeos suelen encontrarse en una especie de limbo político que podría poner en tela de juicio las perspectivas tradicionales. Son grandes trabajadores, pero no proletarios. Poseen extensas extensiones de tierra y, por lo general, defienden los derechos de propiedad privada y las visiones sociales tradicionales. Además, se ven sometidos a un vergonzoso clientelismo político por el que su actividad se ve severamente restringida por regulaciones interminables e inútiles, lo que dificulta mantener un negocio rentable, y reciben así numerosas subvenciones y compensaciones de las mismas instituciones que merman su capacidad para prosperar. Suficiente para que la gente de cualquier punto del espectro político se muestre escéptica.
Sea cual sea tu postura al respecto, y sea quien sea quien realmente esté detrás de las protestas, una cosa es segura: no hay nada ni remotamente loable en que A (los manifestantes) viole los derechos de C (el público) por tener una queja contra B (el gobierno). Se podría aceptar desde una perspectiva utilitarista, o incluso maquiavélica, pero no hay nada moralmente justificable en ello. Esto es así incluso si su queja está genuinamente justificada o si C acaba beneficiándose de la acción a largo plazo.
Una vez hecha esta salvedad sobre la forma de las protestas, podemos pasar ahora a su contenido. Los manifestantes basan sus reivindicaciones en dos puntos de desacuerdo fundamentales: la reducción de los impuestos y la fijación de un precio máximo para el combustible. Lamentablemente, estas dos propuestas se consideran naturalmente relacionadas en el contexto de la reducción de los precios del combustible, a pesar de que se derivan de principios morales y políticos diametralmente opuestos.
En la medida en que los impuestos son una obligación que el Gobierno nos impone, abogar por su reducción —como hacen los manifestantes— es una petición loable que todos los ciudadanos harían bien en apoyar. Por otro lado, el control de precios es, en esencia, una restricción de la libertad de los agentes económicos para intercambiar bienes al precio que acuerden sin coacción. En este caso, los manifestantes están pidiendo, en realidad, que el gobierno vulnere aún más nuestros derechos. Paradójicamente, proponen que el gobierno afloje su control sobre algunos aspectos de la vida social y económica, al tiempo que lo extienda a otros.
Hay quien podría considerar estas advertencias como simples cavilaciones filosóficas sin sentido ante decisiones que, en la práctica, tendrían un resultado global positivo. Sin embargo, tal y como sostiene el reconocido economista Jesús Huerta de Soto, lo que es inmoral suele ser también ineficaz y económicamente poco sólido. Los precios son un indicador de la escasez de bienes, y sus fluctuaciones proporcionan a los mercados la información necesaria para gestionar dichos bienes. La interferencia artificial y coercitiva en esos indicadores conduce a una mala asignación de los recursos y a la escasez, como podemos ver, por ejemplo, en el caso del control de los alquileres. Más aún teniendo en cuenta que las gasolineras en Irlanda operan con márgenes de beneficio muy ajustados: la mayor parte de sus ganancias provienen de las tiendas asociadas. Es mejor que centremos nuestra atención en las razones del aumento de los precios, que con frecuencia residen en las acciones del mismo gobierno al que ingenuamente imploramos.
En Irlanda, el combustible está sujeto a una gran cantidad de impuestos, entre los que se incluyen el impuesto especial o MOT (impuesto sobre hidrocarburos), el IVA (impuesto sobre el valor añadido), la tasa de la NORA (Agencia Nacional de Reservas de Petróleo) y el famoso impuesto sobre el carbono —que se prevé que siga aumentando en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030—, lo que supone más del 50 % de su precio de venta al público. Esto significa que hay margen suficiente para una reducción de precios en el ámbito fiscal, sin tener que abrir la caja de Pandora del control de precios. Hay que reconocer que el Gobierno ha acordado reducir los impuestos temporalmente como medida de emergencia, en lugar de ceder a la tentación de fijar un precio máximo como han hecho otros países, por lo que cabe esperar que una mayor presión en este sentido le lleve a seguir trabajando en esa dirección.
Estas protestas encierran un gran potencial para plantear reivindicaciones genuinas y necesarias, pero deben canalizarse hacia un mensaje político serio y bien fundamentado. De lo contrario, podrían acabar convirtiéndose en una rabieta infantil de agentes económicos genuinamente agraviados que echan sus juguetes del carrito. O, peor aún, podrían ser secuestradas por organizaciones políticas con agendas dudosas (si es que no lo han sido ya).
