El ascenso de Donald Trump a la prominencia política se vio impulsado, en parte, por su rechazo a la ortodoxia en materia de política exterior que había dominado Washington durante décadas. Durante gran parte del período posterior a la Guerra Fría, la política exterior americana estuvo marcada por una mentalidad intervencionista asociada al pensamiento neoconservador. Los gobiernos de ambos partidos adoptaron proyectos ambiciosos que iban desde la promoción de la democracia y las intervenciones humanitarias hasta los esfuerzos de construcción nacional en regiones lejanas. Estas iniciativas solían acarrear enormes costos financieros y humanos, al tiempo que producían resultados que muchos americanos consideraban inciertos o insatisfactorios. Trump se distinguió por criticar abiertamente esta tradición, argumentando que los Estados Unidos había gastado billones de dólares en guerras y compromisos globales que poco habían contribuido a mejorar la vida de los ciudadanos americana.
El mensaje tuvo una gran repercusión entre los votantes que se habían vuelto escépticos respecto a los grandes proyectos ideológicos en el extranjero. La doctrina «América primero» de Trump prometía un enfoque más moderado y pragmático de los asuntos internacionales, que evaluaría las decisiones de política exterior en función de si promovían directamente los intereses americanos. En teoría, este marco implicaba que los Estados Unidos evitaría intervenciones costosas y concentraría sus recursos diplomáticos y económicos en áreas donde los beneficios estratégicos fueran tangibles y cuantificables. La idea no era abandonar por completo el liderazgo mundial, sino redefinir el liderazgo de tal manera que la prosperidad y la seguridad de los americanos ocuparan el centro de la toma de decisiones.
Sin embargo, aunque la filosofía subyacente del «América primero» atrajo a un amplio sector del electorado, la aplicación de esa doctrina ha resultado en ocasiones incoherente en determinadas regiones. América Latina y el Caribe constituyen un caso especialmente revelador, ya que las políticas aplicadas en la zona no siempre indican con claridad cómo se están defendiendo los intereses de los americanos. Si la administración desea mantener su credibilidad como defensora de una política exterior pragmática, debe desarrollar una estrategia más coherente hacia una región que se está convirtiendo cada vez más en un escenario de competencia geopolítica.
Durante la última década, el hemisferio occidental ha suscitado un interés creciente por parte de China, que ha ampliado considerablemente su presencia económica en América Latina y el Caribe. La implicación de Pekín se ha materializado principalmente en préstamos a gran escala, desarrollo de infraestructuras y alianzas comerciales destinadas a integrar las economías regionales en las redes financieras e industriales chinas. Entre 2013 y 2021, China destinó más de 145 mil millones en préstamos a países de la región, principalmente a través de importantes instituciones financieras respaldadas por el Estado, como el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo de China. Más de la mitad de estos fondos se ofrecieron como préstamos no concesionales, lo que indica que Pekín no se limitaba a prestar ayuda al desarrollo, sino que buscaba acuerdos de financiación de carácter comercial que, no obstante, conllevaban claras implicaciones geopolíticas.
El creciente papel de China en la región ha atraído, como es lógico, la atención de los responsables políticos americanos. El hemisferio occidental se ha considerado históricamente una zona en la que los Estados Unidos goza de una influencia estratégica única, y cualquier presencia externa significativa suscita inevitablemente inquietudes en Washington. Por ello, la administración Trump ha intentado contrarrestar la expansión de Pekín advirtiendo a los gobiernos de América Latina y el Caribe sobre los posibles riesgos asociados a la inversión y las alianzas chinas. En principio, este objetivo es coherente con el marco más amplio de «América primero», que busca proteger las ventajas estratégicas americanas en un sistema internacional cada vez más competitivo.
Sin embargo, la forma en que se han llevado a cabo algunas de estas iniciativas plantea importantes dudas sobre su eficacia a largo plazo. Un ejemplo destacado es la presión ejercida por Washington sobre los gobiernos caribeños para que pongan fin a sus programas de cooperación médica con Cuba. Durante años, varios Estados caribeños han contado con personal médico cubano para complementar sus sistemas de salud, especialmente en áreas donde la capacidad nacional es limitada. Las autoridades americanas argumentaron que estos programas constituían una forma de explotación laboral en la que el gobierno cubano se quedaba con una gran parte de los ingresos de los médicos, al tiempo que utilizaba los destinos en el extranjero como oportunidades para recabar información de inteligencia.
Aunque estas preocupaciones puedan tener su fundamento, la diplomacia rara vez tiene éxito cuando se basa únicamente en desaconsejar los acuerdos existentes sin ofrecer alternativas viables. A los gobiernos caribeños se les dijo, en la práctica, que debían desmantelar programas que aportaban beneficios tangibles a sus sistemas sanitarios, pero los Estados Unidos no presentó una alternativa clara que cubriera el vacío resultante. Desde la perspectiva de los Estados más pequeños, este enfoque plantea un dilema evidente. Si se elimina un programa de larga data pero no surge ningún sustituto, las consecuencias prácticas recaen sobre las poblaciones locales y no sobre los responsables políticos que emitieron la recomendación.
La cuestión no es si los Estados Unidos debería proporcionar ayuda financiera directa o ayuda al desarrollo a gran escala para sustituir estos programas. Los defensores de la filosofía «América primero» suelen argumentar que los contribuyentes americanos no deberían soportar la carga de financiar programas sociales en otros países, y existe un debate legítimo sobre el alcance adecuado de la ayuda exterior. El problema surge cuando se desalientan los acuerdos existentes sin establecer formas alternativas de colaboración que permitan mantener relaciones constructivas.
Si los Estados Unidos desea reducir la influencia de las potencias rivales en la región, debe demostrar que la colaboración con Washington genera oportunidades significativas. Estas oportunidades no tienen por qué implicar grandes transferencias financieras. Por el contrario, podrían adoptar la forma de colaboraciones en materia de investigación, alianzas científicas, intercambios educativos y acuerdos limitados de transferencia de tecnología que vinculen a las instituciones americanas con sus homólogas de todo el Caribe y América Latina. Tales iniciativas reforzarían la influencia americana de formas relativamente económicas, al tiempo que proporcionarían beneficios tangibles a los países socios.
Es cierto que la estructura económica y tecnológica de muchas economías de América Latina y el Caribe presenta limitaciones. Más allá de cuestiones como la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que afectan a la seguridad interna americana, la región no cuenta con el nivel de sofisticación tecnológica que se encuentra en las economías industriales avanzadas. La capacidad de innovación sigue siendo limitada en muchos países, y la infraestructura de investigación suele estar poco desarrollada. Como resultado, es poco probable que los Estados Unidos busque el tipo de integración tecnológica profunda que ha explorado con socios altamente desarrollados como Singapur y Alemania.
Por ejemplo, Washington ha barajado iniciativas que hacen hincapié en la colaboración en sectores de vanguardia, como la inteligencia artificial, a través de marcos como el «Acuerdo de Prosperidad Tecnológica» que firmó con Corea del Sur en 2025. Este tipo de acuerdos son viables con aliados tecnológicamente avanzados, ya que estos cuentan con la base científica, los ecosistemas industriales y los marcos normativos necesarios para mantener una colaboración en investigación de alto nivel. La mayoría de las economías de América Latina y el Caribe carecen simplemente de esa infraestructura en la actualidad, lo que significa que las asociaciones en estos campos probablemente seguirían teniendo un alcance limitado.
No obstante, la falta de capacidad tecnológica avanzada no significa que la región carezca de importancia estratégica. En muchos casos, las alianzas en sus primeras etapas pueden marcar la trayectoria del desarrollo futuro. Si los Estados Unidos se retira de una participación significativa, otras potencias inevitablemente ocuparán ese vacío. China ya ha demostrado su disposición a invertir en infraestructuras, redes de telecomunicaciones, puertos y sistemas energéticos en toda la región. Estos proyectos crean relaciones económicas a largo plazo que pueden modificar gradualmente los alineamientos geopolíticos.
Las implicaciones van más allá del ámbito financiero. Si China intensificara su participación en la infraestructura digital y el desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe, podría ir implantando gradualmente sus propios sistemas y estándares en todas estas economías. Las redes de telecomunicaciones, los centros de datos, las plataformas de computación en la nube y los servicios digitales no son meros activos comerciales, sino que también revisten una importancia estratégica en una era en la que la información y la conectividad desempeñan un papel fundamental en la seguridad económica y nacional.
En la actualidad, es poco probable que los responsables políticos americanos consideren a países como Jamaica o Trinidad y Tobago como plataformas importantes para las operaciones de inteligencia chinas. Estas naciones no cuentan con ecosistemas tecnológicos avanzados capaces de generar datos industriales sensibles a gran escala. Sin embargo, la capacidad tecnológica no es estática. Si las empresas chinas construyen y gestionan infraestructuras digitales críticas en estos países, podrían crear nuevos canales a través de los cuales se puedan supervisar o acceder a los flujos de datos.
Esta posibilidad suscita inquietudes sobre las vías indirectas de espionaje industrial. Si Pekín establece una fuerte presencia tecnológica en todo el Caribe y América Latina, podría aprovechar estas redes para recabar información o vigilar las comunicaciones que se cruzan con las empresas e instituciones americanas que operan en la región. El riesgo estratégico no radica en las capacidades actuales de estos países, sino en la infraestructura que los socios externos puedan construir en su interior.
Por este motivo, es poco probable que tenga éxito una política que se centre principalmente en indicar a los gobiernos regionales lo que deben evitar hacer. Las naciones más pequeñas operan dentro de un marco pragmático en el que las oportunidades económicas y las perspectivas de desarrollo tienen un peso significativo. Cuando una de las partes impone restricciones o desalienta la cooperación sin ofrecer alternativas creíbles, los gobiernos buscarán naturalmente establecer relaciones con actores dispuestos a proporcionar beneficios tangibles.
China ha reconocido esta dinámica y se ha acercado a la región con un modelo transaccional que hace hincapié en la financiación de infraestructuras y la inversión. Aunque estos acuerdos suelen estar motivados por los intereses estratégicos de Pekín, no obstante ofrecen oportunidades concretas que los líderes locales pueden aprovechar para impulsar los objetivos de desarrollo. Por el contrario, una estrategia centrada principalmente en las advertencias sobre la influencia externa corre el riesgo de parecer abstracta y poco convincente.
Si la administración Trump desea preservar la influencia americana en el hemisferio occidental, debe reflexionar más detenidamente sobre cómo se traduce la doctrina «América primero» en política regional. Proteger los intereses nacionales no requiere programas de ayuda a gran escala ni costosos proyectos intervencionistas, pero sí exige la voluntad de fomentar alianzas que alineen los intereses de los países vecinos con los de los Estados Unidos.
