El 25 de marzo, seis agentes federales enmascarados detuvieron a una estudiante turca de posgrado en las calles de Somerville, Massachusetts. Rumeysa Ozturk, —que llevaba un hajib— es una becaria Fulbright que cursa un doctorado en la Universidad de Tufts.
Fue secuestrada y desapareció en las fauces del sistema penitenciario federal. La administración Trump ignoró una orden de una corte federal y se llevó a Ozturk de Massachusetts a centros de detención federales de Luisiana.
Pero la administración Trump sabía que Ozturk había criticado al gobierno de Israel un año antes, suficiente para sellar su perdición según los últimos dictados de la férrea corrección política. Fue coautora de un artículo para el periódico estudiantil de Tufts en el que criticaba la negativa de la universidad a desinvertir en Israel a pesar de las «acusaciones creíbles de.... matanza indiscriminada de civiles palestinos y genocidio plausible».
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional justificó la detención: «Las investigaciones del DHS y el ICE descubrieron que Ozturk participaba en actividades de apoyo a Hamás, una organización terrorista extranjera que disfruta matando americanos. Glorificar y apoyar a terroristas que matan a americanos es motivo para que se le retire el visado». Ozturk nunca mencionó a Hamás en su artículo de opinión. Ozturk no ha sido vinculada a ninguna protesta en el campus de Tufts ni en ningún otro lugar. Los federales no han revelado ninguna prueba de que Ozturk apoye a Hamás. Se limitó a coescribir un artículo de opinión. Como señaló el viernes el New York Post, el DHS «alegó que Ozturk apoyaba a Hamás, pero aún no ha aportado ninguna prueba en ese sentido». El viernes por la noche, la jueza federal Denise Casper bloqueó la deportación de Ozturk y por parte de la administración Trump ordenó a la administración que respondiera antes del martes al recurso legal de Ozturk (ahora ayudado por la ACLU) contra su detención.
El vídeo de la detención provocó oleadas de vítores en Internet. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio fue preguntado por el caso durante un viaje a Guyana, justificó la revocación del visado de Ozturk:
Si solicitas un visado... y nos dices que la razón por la que vienes a los Estados Unidos no es sólo porque quieres escribir artículos de opinión, sino porque quieres participar en movimientos que vandalizan universidades, acosan a estudiantes, toman edificios y provocan el caos, no te vamos a dar ese visado.
Rubio añadió: «Es una locura —una estupidez, incluso— que cualquier país deje entrar a gente que dice: ‘Voy a vuestras universidades a hacer disturbios, tomar bibliotecas y acosar a la gente’. Te dimos un visado para estudiar y obtener un título, no para convertirte en un activista social que destroza nuestros campus».
Rubio prometió: «Cada vez que encuentre a uno de estos lunáticos, les quito el visado».
¿Criticar a un gobierno extranjero se considera ahora prueba de locura en la Casa Blanca? ¿Considera la administración Trump que los artículos de opinión son un arma de destrucción masiva?
La Primera Enmienda no especifica que sólo se aplique a las personas que la Casa Blanca aprueba. La ex jefa de personal del ICE, Deborah Fleischaker, denunció la persecución de Ozturk como «una violación de la Primera Enmienda. El ICE contaba con una política que establecía que las actividades relacionadas con la Primera Enmienda no debían constituir la base de las medidas coercitivas. Esa no es la razón por la que se aplican las leyes».
¿Se ha vuelto la administración Trump como Nixon apenas dos meses después de la toma de posesión? En 1973, el ayudante de Nixon en la Casa Blanca, Tom Charles Huston, se lamentó en un testimonio ante el Congreso de la tendencia del FBI «a pasar del chico con una bomba al chico con un cartel de piquete, y del chico con el cartel de piquete al chico con la pegatina en el parachoques del candidato contrario. Y así sucesivamente».
La paranoia sistémica de la administración Nixon le llevó a lanzar ataques preventivos contra su presunta oposición, desde el registro secreto de las consultas de psiquiatras hasta la colocación de micrófonos ocultos en la sede del Partido Demócrata en el Watergate. La aplastante victoria de Nixon en 1972 no le salvó de la revelación del encubrimiento de los crímenes de la Casa Blanca.
La administración Trump está exigiendo que las universidades proporcionen a los federales detalles sobre el «origen nacional/etnia/ascendencia compartida» de los estudiantes que participaron en protestas presuntamente antisemitas. ¿Va a exigir la administración Trump a las universidades que realicen pruebas de ADN para determinar la cantidad exacta de pedigrí árabe, turco o iraní de los sospechosos? Los abogados sugirieron que la «lista estaba pensada como una hoja de pistas que la administración podría utilizar para apuntar o deportar a estudiantes extranjeros que participaron en protestas», según el Washington Post. Un abogado pronosticó que este tipo de listas daría lugar a una «caza de brujas».
Los responsables políticos de Trump tienen una solución sencilla para acabar con las protestas: prohibir a algunas universidades «tener estudiantes extranjeros si decide que demasiados son ‘pro Hamás’», según altos funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado. Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo a Axios:
Lo que van a ver en un futuro no muy lejano es que las universidades que podamos demostrar que no estamos haciendo nada para detener estas manifestaciones en apoyo de Hamás —o que fomentan la inscripción de activistas— podremos dejar de aprobarles visados de estudiante, y ya no podrán admitir [a ningún] estudiante extranjero.
La historia de americana demuestra que la persecución que comienza con extranjeros a menudo se convierte en una bola de nieve que ataca a ciudadanos americanos. Tres meses después de los atentados del 9-11, el fiscal general John Ashcroft proclamó en un testimonio ante el Congreso: «A quienes asustan a los amantes de la paz con fantasmas de libertad perdida, mi mensaje es el siguiente: sus tácticas sólo ayudan a los terroristas, porque erosionan nuestra unidad nacional y... dan munición a los enemigos de América». En otras palabras, los críticos eran traidores, independientemente de cuántas libertades civiles destruyera Ashcroft. Y la definición de discurso pernicioso se amplió continuamente. En 2004, el comisario deBernie Kerik ex policía de Nueva York, haciendo campaña para la reelección del presidente George W. Bush, dijo al público: «La crítica política es el mejor amigo de nuestro enemigo».
Para subvertir la libertad de expresión tras el 9-11, no fue necesario que los federales anularan formalmente la Primera Enmienda. Uno de los expertos más destacados del país, Michael Kinsley, admitió en 2002 que había estado escuchando a su «Ashcroft interior»: «Como escritor y editor, me he estado censurando a mí mismo y a otros bastante desde el 11 de septiembre». Kinsley admitió que a veces era «simple cobardía» lo que provocaba la censura. Después del 11 de septiembre por parte de los editores, y mucho después, experimenté mucha cobardía.
El caso Ozturk brinda la oportunidad de aclarar el significado de la libertad de expresión en la vida americana. Hace cinco años, tras el asesinato de George Floyd, algunos fiscales progresistas actuaron como si los saqueos y los incendios fueran simplemente libertad de expresión con anfetaminas. La impunidad legal que recibieron los manifestantes contribuyó a espolear una matanza generalizada y miles de millones de dólares en daños materiales.
Pocos americanos se opondrían a deportar a estudiantes extranjeros que destruyen propiedades o agreden físicamente a otras personas. Pero Ozturk fue simplemente culpable de usar palabras que son detestadas por la actual administración. ¿Están utilizando los responsables políticos de Trump el mismo criterio de «culpabilidad por asociación» que utilizó la administración Biden para perseguir a cualquiera que se encontrara cerca del Capitolio el 6 de enero de 2021? El Departamento de Justicia de Biden actuó como si cualquiera que simplemente «desfilara sin permiso» cerca del Capitolio ese día fuera culpable de insurrección y mereciera una dura pena de prisión. ¿Cualquier crítica a la política israelí es ahora el equivalente legal y moral de la insurrección?
Más de 30 congresistas demócratas enviaron el jueves una carta a Rubio y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiendo información sobre el caso en el que el vídeo «parecía un secuestro». Pero, ¿y si la administración Trump se cree con derecho a secuestrar a cualquiera que abogue por una idea que desaprueba? ¿Y cuál será la próxima opinión que santifique los secuestros federales a plena luz del día?
