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Los maestros de Kentucky quieren que los contribuyentes les rescaten

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Tags Impuestos y Gasto

04/19/2018

El sistema de pensiones de los trabajadores del estado de Kentucky es, bajo ciertos parámetros, la pensión peor financiada de todo el país, con una cantidad estimada de 70.000 millones de dólares en pasivos no financiados. Una auditoría reciente del sistema de pensiones descubría que el plan había tenido 6.900 millones de dólares en flujos de caja negativos desde 2005. Con 40.000 millones de dólares, los maestros de Kentucky constituyen la mayor parte de estos pasivos no financiados. Pero incluso ante la inminente insolvencia, muchos maestros de Kentucky siguen protestando por los mínimos cambios y recortes en sus prestaciones que han sido propuestos en un intento de impedir la catástrofe.

Una propuesta menor de reforma aprobada recientemente como ley y que el gobernador Bevin admite que “está lejos” de resolver la crisis de las pensiones y que no cambia de ninguna manera las prestaciones de pensiones o asistencia sanitaria de los trabajadores actuales o los jubilados pasados, ha sido recibida con histeria. Muchos maestros y la Kentucky Education Association (KEA), el sindicato de maestros, reclaman que el estado aumente los ingresos en lugar de recortar los costes. El plan general de la KEA y su lobby de maestros que se oponen a la reforma de la pensión es tomar más dinero de quienes ya son responsables de pagar las rentas de los maestros: los contribuyentes de Kentucky. En lugar de hacer concesiones en un intento de arreglar su propio problema subyacente, quieren un rescate. Un rescate como ese no solo sería un peligroso precedente, sino que, por razones que explicaré a continuación, sería económicamente desastroso para la economía de Kentucky y su sector privado.

Para poner en perspectiva los 70.000 millones de dólares en pasivos no financiados de las pensiones, Standard & Poor's ha clasificado las pensiones públicas de Kentucky como las peor financiadas de cualquier estado en EEUU, con solo un 37,4% del dinero que se necesita para pagar las prestaciones a los jubilados. Moody's ha clasificado a Kentucky como el estado con la tercera deuda en pensiones más alta, medida frente a la capacidad del estado para pagarla. Con solo poco más de 10.000 millones de dólares de ingresos fiscales anuales totales para el fondo general de Kentucky, toda institución y servicio dirigidos por este estado necesitarían cerrar durante casi siete años solo para financiar los pasivos de las pensiones. Pero, a pesar de este hecho, la KEA y los maestros que la apoyan siguen insistiendo en que el estado puede de alguna manera llegar a la solvencia a través de los impuestos.

¿Cómo llegamos hasta aquí? El riesgo moral de un “contrato inviolable”

A lo largo de los últimos 30 años, y particularmente en periodos de auges insostenibles en la bolsa, los políticos de todo el país mejoraron los paquetes de prestaciones a los funcionarios realizando promesas descabelladas. Estas promesas, en buena parte en forma de pensiones y atención sanitaria, se basaban en inversiones en un mercado que funcionaba a niveles que eran completamente irreales. Kentucky fue uno de esos estados, requiriendo una tasa anual constante de crecimiento cercana al 8% para mantenerse solvente. El problema no fue que los políticos usaran el dinero de mala manera, como quieren hacernos creer KEA y sus seguidores. De hecho, la auditoría oficial del plan de pensiones indicaba que el 23% del crecimiento de los pasivos no financiados se debió a que el mercado no alcanzó la tasa prevista de retorno. Un 47% adicional del déficit se descubrió que fue el resultado de hacer supuestos actuariales no realistas y de amortizaciones negativas causadas por realizar previsiones incorrectas del crecimiento de la nómina estatal. En términos sencillos, los supuestos financieros realizados al prever la capacidad de pago del plan estaban sencillamente en desacuerdo con la realidad.

En semanas recientes, los maestros de Kentucky han estado ausentes por enfermedad para realizar manifestaciones de protesta en la capital del estado, en la práctica en huelga, mientras distritos escolares completos se veían obligados a cerrar las clases. Condenan cualquier recorte en sus prestaciones de jubilación diciendo que esto es una “promesa incumplida”. El estado no solo debería cumplir con su palabra, dicen, sino que debe reconocer que estas prestaciones son parte de un “contrato inviolable”. ¿Qué es este mágico “contrato inviolable” que garantiza pagos futuros, aunque no haya dinero para pagarlos? Esencialmente, este “contrato” no es más que un decreto estatal que supuestamente garantiza prestaciones al funcionario independientemente de cualquier circunstancia financiera. Lo que, por supuesto, es una propuesta económica asombrosamente ignorante. Como se suele decir, no se puede pedir peras al olmo.

Con este problema creciendo durante más de una década, ¿por qué entonces los maestros, la KEA y los políticos se enfrentan justamente ahora al problema? La respuesta es bastante sencilla: riesgo moral económico. Ni los políticos ni los maestros se juegan nada. La creación de un “contrato inviolable” que pone en el punto de mira a los futuros contribuyentes por promesas realizadas por políticos anteriores es prácticamente la definición de libro de un riesgo moral económico. Un “contrato inviolable” con el estado es una promesa de los políticos de que el gobierno extraerá cualquier cantidad de renta necesaria a la gente en el sector privado para atender a los funcionarios. En esta disposición no hay incentivo para los maestros para vigilar la viabilidad de su jubilación. ¿Por qué se preocuparía un pensionista por enterarse y ocuparse de los problemas que se han desarrollado lo largo de la pasada década si tienen garantizada la protección pública ante los efectos colaterales? Evidentemente no lo harían y no lo han hecho. No fue hasta que fue elegido el gobernador Bevin y este empezó a hablar sinceramente acerca de la necesidad de recortes presupuestarios cuando los maestros se sintieron impulsados actuar.

Más allá del simple hecho de que hayan pasado muchos años desde que abandonaron sus cargos políticos antes de que sus grandes planes se convirtieran en grandes catástrofes, la economía explica también por qué los políticos hacen promesas tan poco realistas. La lección se refiere a los beneficios concentrados y los costos dispersos. Es decir, una promesa a los maestros y funcionarios de mejorar las condiciones de empleo es seguro que obtendrá el apoyo de un gran grupo de funcionarios votantes. Al mismo tiempo, el contribuyente que está ocupada en tratar de ganarse la vida en su campo respectivo tiene poco tiempo para evaluar y sopesar esos asuntos. De hecho, directamente, el coste de dedicarse a este proceso político es más costoso para el contribuyente que limitarse a entregar su porción adicional en dinero de impuestos al lobby.

El mito del maestro público mal pagado de Kentucky

Más recientemente, los maestros no solo han empezado a manifestarse en contra de cualquier cambio en sus prestaciones de jubilación, sino asimismo atrayendo la atención hacia su afirmación de que no se les paga justamente. En términos económicos, nadie puede saber nunca cuál es el valor justo de mercado para un empleo que se obliga a pagar al “comprador” del servicio, como pasa con la educación pública. Esta afirmación también demuestra la falta de voluntad de la KEA y los maestros que la apoyan o su incapacidad de calcular el valor de su compensación total. Después de todo, deben considerarse las prestaciones de jubilación, las horas trabajadas, los días de vacaciones y el salario cuando se explica sinceramente la compensación.

Basándonos en la herramienta de planificación de jubilación de Fidelity Financial, una persona que trabaje 27 años antes de jubilarse (el umbral para los maestros de Kentucky), ganando una media de 50.000$ a lo largo de ese periodo y que contribuya a su jubilación al tipo de los maestros de Kentucky (algo por encima del 9%) solo podía esperar obtener un pago anualizado un poco por encima de los 10.600$ tras la jubilación. Cuando comparamos esto con la distribución media de pensiones de 36.000$ por año del maestro de Kentucky en la jubilación, está claro que estos contribuyen muy poco a sus propias jubilaciones y están remunerados extremadamente bien por los contribuyentes. Si un maestro se jubila con 55 años y vive hasta los 85, esto obliga a los contribuyentes de Kentucky a pagar 762.000$ por maestro solo en jubilaciones. Esta afirmación de “paga injusta” es especialmente sospechosa, dado que los maestros en las escuelas privadas tienen de media ingresos significativamente menores en términos tanto de salario como de remuneración total.

Dicho esto, los maestros de Kentucky no se hacen ningún favor atrayendo la atención ni siquiera hacia las partes salariales de su remuneración. Los maestros públicos en el estado, una vez ajustado su salario al coste de la vida, son los séptimos mejor pagados de cualquier estado de EEUU, con un salario medio por encima de los 52.000$ anuales. Cuando consideramos que los maestros de Kentucky trabajan un total de 185 días, la mitad de un año, la cifra es todavía más impactante. En términos de remuneración por hora, los maestros de Kentucky ganan aproximadamente el doble que el trabajador medio del estado. El salario es todavía más asombroso cuando se tiene en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes de Kentucky: Kentucky es el 47º estado del país por renta laboral, con una renta mediana de 43.000$ anuales. Esa enorme disparidad sin duda es algo que ignora la mayoría de los votantes y contribuyentes de Kentucky, que sucumben a las apelaciones emocionales de los maestros que dicen que les pagan poco.

Avanzando

Kentucky se encuentra actualmente en el número 33º de todos los estados en el Índice de Clima Fiscal para Empresas de la Tax Foundation, mientras la vecina Indiana está clasificada la 9ª y Tennessee el 14º. El único estado vecino con una política fiscal menos atractiva es Ohio. La KEA, los maestros y los políticos que la defienden están proponiendo hacer al estado todavía menos competitivo que nuestros vecinos, aconsejando aumentar los ingresos fiscales en lugar de recortar costes. Una política así no solo no serviría para cubrir el problema esencial de realizar promesas financieras para la jubilación que están en desacuerdo con la realidad económica, sino que pone en riesgo la salud de la economía de todo el estado. Personas y empresas responden a impuestos más altos: compran menos, vienen menos aquí, se expanden menos y contratan a menos gente. Esta es la razón subyacente por la que limitarse a aumentar impuestos no siempre crea más ingreso fiscal, ya que la gente y las empresas se trasladan hacia estados fiscalmente más amistosos y evitan las actividades gravables. Para quienes piensen que esto es una exageración económica o pura teoría, basta con que miren a nuestros vecinos en Illinois. El reciente batacazo derivado de esa absurda política ha acabado llevando a un éxodo del estado.

Si Kentucky quiere impedir la catástrofe económica y hacer que los cheques sigan llegando a los jubilados actuales, solo puede hacerlo recortando enormemente el gasto y pasando a un plan de remuneración para los maestros actuales más cercano al del sector privado. Trabajar para el gobierno del estado no puede ser al tiempo más rentable que trabajar en el sector privado y tener un riesgo cero de perder tu empleo, sufrir recortes en este o renegociar prestaciones. Sugerir otra cosa no solo es una burla a lo que a menudo se llama el “servidor público”, sino que sugiere que un joven graduado universitario sería tonto si entrara a trabajar en el sector privado, lo que supone tener menos beneficios y muchos más riesgos. La KEA y los maestros no dispuestos a aceptar recortes en sus prestaciones están en último término preparando el escenario para un eterno fracaso económico similar al visto en Illinois, donde personas y empresas abandonan el estado creando una necesidad cada vez menor de maestros y una existencia cada vez menor de ingresos fiscales. Es imperativo recordar que el éxito del sector privado precede a la capacidad de tener cualquier empleo en el sector público en absoluto.

Troy Vincent is a 2011 graduate of Mises University and has a BS in economics and public policy from Indiana University. He worked for the Charles Koch Institute performing policy analysis, and since 2013 has worked in energy economics for private sector research and consulting firms.

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