Burocracia y regulación

Argentina pertenece al gran grupo de países que han sido sistemáticamente arruinados por sus propios gobiernos. No hay salida fácil. 

Ahora que Kamala Harris ha anunciado que está dispuesta a imponer «reparaciones por la esclavitud» si es elegida presidenta, es hora de analizar detenidamente la injusticia que formaría parte de este plan. No hay forma de obtener un resultado justo.

Los detractores de las políticas de inmigración del presidente Biden han recurrido a demandar a la Agencia de Protección del Medio Ambiente para alegar que la inmigración masiva perjudica al medio ambiente. 

Los llamados moderados económicos afirman apoyar el capitalismo de libre mercado, pero luego dicen que los mercados siguen necesitando «cierta» supervisión gubernamental. Sin embargo, los mercados libres no necesitan normas gubernamentales porque los mercados se regulan a sí mismos.

El voto es controvertido entre los austro-liberales por muchas razones. Sin embargo, si uno decide votar, debe entender que el Estado nunca está limitado por los votantes y no puede ser «reformado.»

Si los republicanos no hubieran ampliado enormemente el derecho penal federal durante las infames persecuciones de Wall Street hace 40 años, la guerrajurídica no se habría convertido en un arma política tan potente.

Harris afirma que simplemente quiere que los precios de los alimentos sean más bajos. Sin embargo, su plan de fijación de precios de facto crearía escasez de alimentos y aumentaría el precio real de los alimentos. Por supuesto, cuando eso ocurra, Harris simplemente culpará al capitalismo.

Aunque la Constitución de los EEUU convirtió al país en una gran zona de libre comercio, prohibiendo a los estados erigir barreras comerciales entre sí, también facultó al gobierno central para imponer aranceles a las mercancías importadas de fuera del país. 

La campaña de Harris-Walz ha adoptado la «libertad» como lema, pero es una versión de la libertad más propia de una obra de Orwell que de la libertad en el sentido clásico.

Aunque algunos economistas alaban la idea del «Estado empresarial», la realidad es que ese término pone patas arriba el propio concepto de iniciativa empresarial. Por naturaleza, el Estado no puede actuar como empresario.