«¿Qué esperas cuando demandas al presidente?». Al escuchar ese comentario, algunas personas pueden suponer que fue hecho por alguien que se dirigía a uno de los oponentes políticos del presidente Trump que ha sido objeto de un proceso federal. Sin embargo, esa cita es mucho más antigua. Es de un agente del IRS que se dirigía a los funcionarios de una organización conservadora que estaba siendo auditada durante la presidencia de Bill Clinton. Esto ilustra que el uso de agencias federales para castigar a los enemigos de los presidentes no comenzó con el presidente Trump.
La administración del presidente Franklin Delano Roosevelt utilizó investigaciones fiscales contra sus oponentes políticos. Entre las personas investigadas se encontraban editores de periódicos muy críticos con las políticas nacionales y exteriores de Roosevelt.
El presidente John F. Kennedy utilizó el IRS y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para expulsar de la radio a sus críticos conservadores. El presidente Lyndon Johnson también utilizó el IRS y la FCC para silenciar a los críticos conservadores. Una de las herramientas utilizadas para silenciar a los conservadores fue acusar a las emisoras de violar la «doctrina de la imparcialidad» al favorecer a los comentaristas conservadores.
El presidente Richard Nixon utilizó el IRS para atacar a sus enemigos políticos. La administración Nixon también amenazó a las empresas de televisión y radio con revocar sus licencias de emisión a menos que proporcionaran una cobertura favorable de la administración.
Durante la administración Clinton, el IRS no solo se centró en las organizaciones conservadoras y libertarias, sino que también auditó a Paula Jones después de que esta demandara al presidente Clinton por acoso sexual.
Durante los años de George W. Bush, el IRS se centró en las organizaciones que criticaban la guerra de Irak. Cuando Barack Obama asumió la presidencia, la agencia tributaria volvió a centrar su atención en los grupos conservadores y libertarios, prestando especial atención a las organizaciones asociadas con el Tea Party. El Departamento de Seguridad Nacional también emitió una advertencia de que aquellos que llevaban pegatinas a favor de la libertad en sus coches —incluidas las que apoyaban al Partido Libertario o mi campaña presidencial— podían ser extremistas violentos.
Durante la administración Biden, muchos americanos recibieron duras condenas por estar presentes en el Capitolio el 6 de enero, aunque no cometieran ningún acto violento.
Las agencias federales también pueden perseguir a los enemigos políticos de los presidentes sin que se haya emitido una orden presidencial para ello. Algunas personas ambiciosas y sin escrúpulos perseguirán a los enemigos de un presidente creyendo que es una forma eficaz de ganarse el favor del presidente o de altos funcionarios de la administración. Otros utilizarán el poder del gobierno contra los enemigos políticos del presidente o contra quienes participan en movimientos políticos que buscan cambiar la dirección del gobierno, por considerar que estas personas o grupos constituyen una amenaza para el gobierno federal que justifica la violación de los derechos constitucionales.
Esta historia sugiere que el abuso de poder es una característica inevitable del estado moderno de bienestar, guerra y regulación. Por lo tanto, en lugar de centrarnos únicamente en elegir al presidente «adecuado», deberíamos centrarnos en reducir el tamaño y el alcance del gobierno federal a sus limitaciones constitucionales. Esto garantizará que los americanos puedan ejercer su derecho a criticar al gobierno sin temor a represalias. Como dijo Thomas Jefferson, «en cuestiones de poder, no se hable más de confianza en el hombre, sino que se le ate con las cadenas de la Constitución para que no haga daño».
