Un artículo publicado en el Jerusalem Post titulado «IDF Censor Updates Restrictions on Reporting Impact Sites» (El censor de las FDI actualiza las restricciones para informar sobre lugares de impacto) trata sobre las nuevas normas impuestas por los censores militares israelíes, que restringen la capacidad de los medios de comunicación para informar sobre la ubicación de los ataques con misiles o drones dentro del país.
Estas restricciones —como el requisito de que las personas que impriman o publiquen impresos o publicaciones sobre la ubicación de los ataques o impactos de material bélico enemigo deben someterse primero a la aprobación militar— violan claramente los derechos de propiedad, la libertad de expresión y el orden espontáneo de la prensa libre.
La teoría libertaria sugiere que todos los individuos tienen derecho a adquirir información, difundirla y actuar en consecuencia sin interferencia de instituciones coercitivas, incluido el Estado. Esta imposición constituye censura estatal y extralimitación gubernamental, socavando el principio libertario fundamental de que la expresión —incluida la publicación de información— es una extensión natural de los derechos de propiedad y la libertad de contrato.
La normativa que exige que las personas que impriman o publiquen impresos o publicaciones sobre la localización de ataques o impactos de combatientes deban someterse primero a la aprobación militar constituye una clara violación del principio de no agresión, un principio ético central en el libertarismo. El principio de no agresión afirma que ningún individuo o institución puede iniciar la fuerza o la coerción contra otro individuo o su propiedad. Al obligar a los medios de comunicación privados a someterse a la revisión del Estado antes de publicar, el gobierno utiliza efectivamente tanto la agresión como la coerción contra los derechos de propiedad de periodistas y editores.
Además, estas restricciones no sólo son injustificables desde el punto de vista ético, sino también ineficaces desde el punto de vista económico. Como sostenía Hayek en su crítica a la planificación central, el Estado carece de la información necesaria para tomar decisiones racionales sobre la asignación de recursos, incluidos los recursos informativos. Por el contrario, la prensa libre —que opera de forma descentralizada y voluntaria— es mucho más capaz de recopilar y distribuir información precisa y oportuna que cualquier censor burocrático. Sin embargo, esto forma parte del diseño de este tipo de acciones, no es un defecto.
Desde un punto de vista práctico, la justificación del Estado para estas restricciones, alegando que son necesarias para la seguridad nacional, es poco convincente e interesada. Los libertarios reconocen que el Estado a menudo utiliza el pretexto de la «seguridad» como excusa para ampliar su control sobre la sociedad civil. En una sociedad libre, la protección de las personas y la propiedad estaría en manos de instituciones voluntarias y agencias de defensa privadas, no de un aparato estatal monopolístico que emplea la censura como herramienta de control.
Las restricciones actualizadas del ejército israelí para informar sobre los lugares de impacto de misiles y aviones no tripulados constituyen una infracción clara e injustificada de los derechos de las personas a comunicarse libremente y a acceder a la información. Esta clara extralimitación es incompatible con la visión libertaria de una sociedad libre y próspera basada en la asociación voluntaria, la propiedad privada y el Estado de Derecho, y no en los dictados arbitrarios de un Estado coercitivo.
