En las democracias emergentes, las infraestructuras rara vez se tratan como un medio. Se convierten en una promesa, un símbolo, a veces un sustituto del propio progreso. Los sistemas de metro, las autopistas, los puertos y las obras públicas monumentales se anuncian como prueba de que el Estado está haciendo avanzar la historia. Sin embargo, pasan los años, los costes se multiplican y los resultados siguen siendo modestos. Lo que se pierde en el proceso no es solo dinero, sino tiempo, el más insustituible de todos los recursos.
En los regímenes intervencionistas, la inversión pública se basa menos en cálculos económicos que en simbolismos políticos. El resultado no es solo ineficiencia, sino una distorsión sistemática de las prioridades, los incentivos y la responsabilidad que aparecen en los proyectos de infraestructura. Fracasan porque están aislados de la retroalimentación, la disciplina y la rendición de cuentas.
Tiempo sin cálculo
Desde una perspectiva austriaca, el problema central de las infraestructuras dirigidas por el Estado no es la corrupción en sentido estricto, ni siquiera la incompetencia técnica. Es la ausencia de cálculo económico, tal y como lo articuló Ludwig von Mises en El cálculo económico en la mancomunidad socialista.
Cuando los precios no surgen del intercambio voluntario, dejan de transmitir información real. Las compensaciones se discuten de forma retórica. En ese entorno, el tiempo mismo desaparece de la toma de decisiones, porque nadie asume todas las consecuencias de desperdiciarlo.
Los proyectos de infraestructura bajo un intervencionismo crónico existen en un vacío temporal. No hay ningún propietario que absorba las pérdidas, ningún empresario expuesto a cometer errores y ningún mecanismo que obligue a corregirlos. Por eso las obras públicas intervencionistas tienden a compartir las mismas características en todos los países y continentes: siempre se invoca la complejidad, siempre se culpa al contexto y nunca se tiene en cuenta el tiempo.
La advertencia de Hayek: el conocimiento es local, tácito, subjetivo y contextual, y no puede ser recopilado en su totalidad por comités aislados de las señales del mercado. El resultado no es el orden, sino el retraso disfrazado de prudencia.
La legislatura dormida
Heráclito observó que la mayoría de los hombres viven como si estuvieran dormidos, incluso cuando están despiertos. Oyen, pero no entienden. Actúan, pero no perciben el orden de las cosas. No se trata solo de un lenguaje poético, sino de una afirmación epistemológica. Estar despierto es percibir el tiempo, las consecuencias y la proporción. Estar dormido es moverse sin comprender el coste, la secuencia o la pérdida.
Las legislaturas modernas de las grandes democracias intervencionistas se parecen cada vez más a los durmientes de Heráclito. Aprueban proyectos multimillonarios sin poseer los conocimientos técnicos para evaluar su viabilidad, la comprensión económica para evaluar las compensaciones o la responsabilidad institucional. Operan dentro de un sistema en el que el retraso es políticamente neutro, los sobrecostes son difusos y el fracaso no conlleva ninguna sanción personal.
Platón identificó este problema mucho antes de la democracia moderna. En La República, argumentó que, al elegir a un especialista, se consulta a quienes poseen conocimientos, no a quienes son seleccionados por casualidad o popularidad. Se pregunta a un jinete sobre caballos, no a la multitud. Sin embargo, las legislaturas modernas deciden habitualmente sobre cuestiones complejas de ingeniería y finanzas sin requerir la competencia correspondiente. La representación sustituye al conocimiento. El procedimiento sustituye al juicio. Sin embargo, incluso los expertos burocráticos carecen de conocimientos sobre la oferta y la demanda y están aislados de las ganancias y las pérdidas.
La teoría de la elección pública formalizó más tarde lo que Heráclito y Platón intuían. Cuando los costes se dispersan y los beneficios se concentran, los actores políticos favorecen racionalmente la visibilidad sobre la eficiencia, el simbolismo sobre la finalización y la permanencia sobre la resolución. La infraestructura se convierte en un activo político más que en un instrumento económico. El tiempo pasa y la responsabilidad se disuelve.
La compensación de la estabilidad
Una defensa común de la intervención estatal expansiva se basa en un acuerdo familiar. Se dice que la libertad puede verse parcialmente restringida, pero a cambio la sociedad gana estabilidad: seguridad jurídica, coordinación fiscal, gestión monetaria, continuidad institucional. Desde una perspectiva austriaca, esta compensación se basa en una premisa frágil. La estabilidad sin cálculo no elimina la disfunción, sino que retrasa su visibilidad.
Sin un precio genuino, sin la retroalimentación empresarial y sin la posibilidad de pérdida, la estabilidad se convierte en una superficie estática bajo la cual se acumula la ineficiencia. En tales sistemas, la corrupción a menudo no aparece principalmente como una desviación criminal. Surge como un resultado estructural. Cuando los proyectos están aislados de las ganancias y pérdidas, los retrasos no conllevan sanciones y la responsabilidad se difumina entre las capas burocráticas, la búsqueda de rentas se convierte en un comportamiento racional.
La respuesta habitual suele ser exigir más supervisión, instituciones más fuertes, más fondos o una regulación más precisa, pero la supervisión no puede sustituir a la retroalimentación. La regulación no puede sustituir al cálculo. La estabilidad no puede redimir a un sistema diseñado para suprimir la corrección de errores. Lo que se intercambia no es la libertad por el orden, sino la libertad por la apariencia de orden.
Tiempo recuperado o tiempo perdido
El fracaso de las grandes infraestructuras públicas bajo un intervencionismo crónico suele diagnosticarse erróneamente. El problema no es la falta de planes, fondos o experiencia. Es la supresión sistemática de la retroalimentación. Cuando no hay pérdidas, los errores persisten. Cuando la responsabilidad se diluye, se desperdicia tiempo.
La tradición austriaca insiste en una idea sencilla pero exigente. La coordinación económica requiere precios, ganancias y pérdidas, y propiedad. Sin ellos, los responsables de la toma de decisiones no pueden distinguir el éxito del fracaso, la urgencia del retraso o la inversión del despilfarro. El tiempo, despojado de consecuencias, se vuelve invisible.
Los proyectos pueden continuar, los presupuestos pueden ampliarse y las instituciones pueden parecer estables, pero la coordinación se derrumba bajo la superficie. Lo que queda es actividad sin dirección y tiempo que no se puede recuperar.
El verdadero costo no puede reflejarse plenamente en los presupuestos o los balances. Aparece en los desplazamientos que nunca se acortan, en las redes que nunca se integran y en las ciudades que crecen sin circulación. Aparece en la silenciosa normalización del retraso.
La infraestructura se puede construir bajo la libertad porque la libertad disciplina la acción. Bajo la coacción, se convierte en teatro. El tiempo se puede recuperar, pero solo cuando la responsabilidad es real, el cálculo es posible y la libertad se trata no como una concesión, sino como una condición previa.
