En la primavera de 1812, los trabajadores textiles británicos destrozaron telares mecánicos por todo Nottinghamshire, convencidos de que las máquinas harían que sus habilidades perdieran todo su valor y que sus familias se vieran sumidas en la indigencia. Tenían razón en cuanto a la disrupción. Las fábricas desplazaron efectivamente a los tejedores manuales. Las comunidades que se habían organizado en torno a un tipo concreto de trabajo cualificado quedaron verdaderamente destrozadas. Los luditas no eran estúpidos, y no se equivocaban al sentir que el terreno se les movía bajo los pies. Se equivocaron en una cosa: la conclusión. El trabajo que esas máquinas desplazaron no desapareció. Emigró a fábricas, ferrocarriles, ciudades e industrias que no habían existido, satisfaciendo necesidades que los tejedores manuales de 1812 no podrían haber imaginado que habría que satisfacer.
Ahora somos nosotros los luditas. No en el sentido de destrozar máquinas, sino en el de tener razón sobre la disrupción y equivocarnos en la conclusión. La superinteligencia artificial desplazará el trabajo a una escala que hará que el telar mecánico parezca insignificante. La disrupción es real. La conclusión que se extrae de ella —el desempleo masivo permanente, el fin de la relevancia económica del ser humano— es el mismo error, pero con un envoltorio más elegante.
Lo que realmente hace la producción
En 1803, Jean-Baptiste Say formuló una observación tan sencilla que los economistas llevan dos siglos buscando formas de malinterpretarla: la producción es la fuente del poder adquisitivo. Cuando se produce algo de valor, se generan ingresos que crean demanda de otros bienes. La oferta y la demanda no son mecanismos independientes que puedan desajustarse de forma permanente en el conjunto de una economía. La nueva capacidad productiva no destruye la demanda, sino que la transforma, la crea y la orienta hacia cosas que antes no existían.
Por eso, el colapso del sector agrícola —que pasó de representar el 40 % de la población activa americana en 1900 a menos del 2 % en la actualidad— no provocó un desempleo permanente para el 38 % de la población. Esos trabajadores se convirtieron en enfermeros, programadores, pilotos, terapeutas, baristas y diseñadores de experiencia de usuario, profesiones que apenas existían o que ni siquiera existían cuando sus bisabuelos araban los campos. Las ganancias de productividad derivadas de la mecanización generaron ingresos y tiempo para desear nuevos bienes, y los mercados canalizaron la mano de obra hacia la satisfacción de esos deseos.
El cajero automático pone de manifiesto esta cuestión. Cuando aparecieron los cajeros automáticos, la opinión generalizada era que el empleo de los cajeros de banco se desplomaría: ¿por qué pagar a una persona para que haga lo que una máquina hace de forma más barata y las 24 horas del día? Lo que ocurrió en realidad fue que la reducción de los costos operativos por sucursal hizo que resultara rentable abrir muchas más sucursales, y el empleo aumentó durante décadas tras la introducción de los cajeros automáticos. Los seres humanos ascendieron en la cadena de valor, ocupándose de las relaciones con los clientes, las hipotecas y las decisiones que requerían criterio y responsabilidad. La «masa de trabajo», como siempre ha ocurrido, resultó ser más elástica de lo que los profetas podían imaginar.
El problema de la responsabilidad del que nadie habla
La versión más seria del argumento sobre el desempleo provocado por la IA reconoce la historia y afirma: esta vez, la máquina no solo sustituye al trabajo físico o a tareas específicas, sino a la inteligencia general —el pensamiento creativo y adaptativo que absorbió a los trabajadores desplazados en todas las oleadas anteriores—. No quedará ningún sitio al que ir.
Este argumento tiene una lógica aparente que se desmorona ante la presión, pero no por las razones que suelen aducirse. El problema no es solo que los deseos humanos sean infinitos, o que surjan nuevas industrias —aunque ambas cosas son ciertas—. El problema más profundo es que el argumento malinterpreta lo que realmente se comercializa en los mercados.
Los mercados no solo distribuyen el producto cognitivo, sino que también asignan la responsabilidad. Cuando un cirujano opera, pone en juego su reputación, su licencia y su sustento. Cuando un emprendedor lanza un producto, apuesta su capital a una decisión basada en su criterio sobre lo que la gente quiere. Cuando un abogado asesora a un cliente, su futuro profesional depende de acertar. Este ciclo de consecuencias no es algo secundario en el funcionamiento de los mercados: es precisamente, así como los mercados generan señales fiables y comportamientos responsables. Los precios tienen significado precisamente porque quienes los fijan se arriesgan a perder si se equivocan.
Una IA no tiene ningún interés en el resultado. No puede arruinarse. No tiene una reputación que se consolide con el tiempo ni un capital que se evapore ante una mala decisión. No se trata de una preferencia sentimental por la calidez humana, sino de una característica estructural de la vida económica que la IA no puede replicar, ya que ello requeriría que la IA asumiera consecuencias, lo que implica poseer cosas y sufrir pérdidas, lo cual abre un conjunto de cuestiones diferente y mucho más interesante. Hasta que se supere ese umbral, la relación de responsabilidad entre un profesional y un cliente, un médico y un paciente, o un emprendedor y un mercado conserva un valor económico irreducible. No es un vestigio que el crecimiento de la productividad acabará por barrer; es fundamental.
A esto hay que añadir que el deseo humano de bienes y servicios con una auténtica impronta humana —artesanía, no solo producción— tiende a aumentar a medida que la automatización hace que lo genérico sea abundante. Cuanto más produzca la IA resultados perfectos, fluidos y optimizados, más dispuesta estará la gente a pagar un sobreprecio por la alternativa imperfecta, hecha por humanos. Esto ya se observa en la alimentación, el mobiliario, la música y la ropa. La escasez de mano de obra humana no será un problema.
La verdadera amenaza no es la automatización, es el monopolio
Si el pánico por el desempleo es en gran medida una quimera, existe un peligro real en el seno de la revolución de la inteligencia artificial, y es precisamente ese peligro el que los defensores del libre mercado están en mejor posición de señalar, ya que todos los demás siguen confundiéndolo con su contrario.
Pensemos en lo que ocurrió con Internet. Se construyó sobre protocolos abiertos y una arquitectura descentralizada, un auténtico bien común. Luego, poco a poco, se fue cerrando: normativas de privacidad de datos que solo las grandes empresas ya establecidas podían permitirse aplicar, una ampliación de la legislación sobre propiedad intelectual y el uso de como arma para impedir la interoperabilidad, y requisitos de licencia que elevaban el umbral de entrada para los nuevos operadores sin afectar a los ya establecidos. El resultado es una economía digital dominada por cinco plataformas que utilizan sus relaciones con los reguladores para neutralizar la competencia de forma más eficaz que cualquier trust que haya logrado jamás solo mediante el poder de mercado.
En estos momentos se está aplicando el mismo guion en el ámbito de la IA, y a un ritmo aún mayor. La Ley de IA de la UE —presentada como un marco de seguridad— establece una estructura de cumplimiento por niveles que impone costes a los nuevos participantes, mientras que los actores consolidados los absorben con facilidad. El propio instituto de investigación de la UE, el CEPS, estimó que establecer un sistema de gestión de calidad conforme a la normativa para un solo producto de IA de alto riesgo podría costarle a unapequeña hasta €330,000 —una cantidad insignificante para OpenAI o Google, pero una carga que podría acabar con una startup de Varsovia o Lisboa. En los EEUU, OpenAI multiplicó por casi su gasto en lobbying federal en un solo año, mientras que más de 460 presionaron al Congreso sobre la IA solo en 2024 —la inmensa mayoría de ellas empresas ya establecidas con los recursos para moldear cualquier norma que surja a su favor. Esta es la lógica habitual de la captura regulatoria: utilizar el lenguaje de la seguridad pública para construir un foso y, a continuación, cobrar el peaje.
Cuando el Estado se convierte en el mecanismo que decide quién puede desarrollar e implementar la IA, el resultado no es un mercado competitivo que distribuya los beneficios de forma generalizada. Es un cártel con el sello del gobierno. El desempleo que se derivaría de ese escenario no se debería a que las máquinas fueran demasiado productivas, sino a que las leyes impidieran por completo que las personas tuvieran acceso a ellas.
Lo que realmente deberíamos exigir
El temor al desempleo provocado por la IA es comprensible, del mismo modo que lo era el temor de los luditas —identifica correctamente una disrupción real, pero extrae de ella una conclusión política errónea. Los luditas querían destrozar los telares. El equivalente actual es reclamar regímenes de concesión de licencias para la IA, evaluaciones de impacto obligatorias, restricciones informáticas y marcos de responsabilidad diseñados por los actores tradicionales para mantener intacta la jerarquía actual. Estas políticas no frenarán la disrupción, sino que determinarán quién se beneficia de ella.
La alternativa no es un optimismo ingenuo que crea que los mercados lo resolverán todo sin esfuerzo. La transición tendrá costes reales, y algunos de ellos recaerán sobre personas que no disponen de los recursos necesarios para asumirlos fácilmente. Sin embargo, la solución no es restringir la tecnología, sino eliminar todas las demás barreras que impiden que las personas se adapten: las leyes de colegiación profesional que impiden a los trabajadores pasar a nuevos campos; Los monopolios de acreditación que controlan el acceso a profesiones enteras. Las regulaciones de zonificación y vivienda que impiden que las personas se trasladen a donde surgen nuevas oportunidades. Estos son los puntos de fricción en los que la intervención política empeora la situación de las personas durante una transición tecnológica, y son los problemas por los que vale la pena luchar.
Más allá de eso, el desarrollo de la IA de código abierto merece una defensa enérgica, no como una preferencia de los expertos en tecnología, sino como una cuestión de libertad económica. Una IA superinteligente (ASI) concentrada, propietaria y vinculada al Estado es el escenario que debería quitarnos el sueño. Una IA superavanzada (ASI) distribuida, competitiva y accesible —del tipo que permite a un pequeño emprendedor de Budapest o Bangalore crear algo que compita con una empresa consolidada de Silicon Valley— es el escenario en el que la Ley de Say puede surtir efecto, donde se crea nuevo poder adquisitivo, se descubren nuevas industrias y surgen nuevas funciones para el trabajo humano de abajo hacia arriba, en lugar de ser asignadas de arriba hacia abajo.
La máquina no es la amenaza, sino la jaula que la rodea. Y, en este momento, quienes más alzan la voz para advertir del peligro de la IA son precisamente quienes están construyendo esa jaula con mayor ahínco.
