Zohran Mamdani afirma que un supermercado estatal podría contribuir a que los alimentos sean más asequibles. Sin embargo, cuando se informa que construir una sola tienda cuesta 30 millones de dólares, mientras que los supermercados privados suelen construirse por entre 2 y 4 millones de dólares, la propuesta plantea una pregunta incómoda: si el gobierno no puede construir un supermercado de manera eficiente, ¿por qué esperar que lo gestione eficazmente?
Las tiendas de alimentación no son estructuras complicadas, y los promotores privados las construyen cada año por una fracción del coste previsto. La diferencia radica en los incentivos, el cálculo económico y las pérdidas y ganancias. Las cadenas privadas de alimentación operan con márgenes muy ajustados, lo que significa que los costes de construcción, la gestión de existencias y las operaciones diarias deben controlarse con rigor. Si un proyecto se encarece demasiado, los inversores pierden dinero y es posible que el proyecto nunca llegue a construirse.
Los proyectos públicos funcionan con una estructura diferente. Los costes pueden acabar siendo más elevados de lo previsto, ya que, en última instancia, las pérdidas pueden repercutirse en los contribuyentes. Esto cambia el cálculo desde el principio. Los promotores privados no pueden permitirse el lujo de equivocarse, pero los proyectos públicos a menudo sí lo hacen, ya que los costes no tienen por qué reducirse, sino que simplemente deben ser aprobados.
Una tienda de alimentación de 30 millones de dólares no es solo una cuestión de costes de construcción. Refleja la estructura de incentivos que subyace al propio proyecto. En el sector privado, los costes elevados obligan a realizar ajustes inmediatos, ya que los inversores esperan obtener beneficios y los proyectos fallidos suponen pérdidas económicas. Los proyectos públicos se ven sometidos a presiones diferentes, ya que las decisiones de gasto son políticas mucho antes de ser económicas.
Las tiendas de alimentación son negocios con márgenes reducidos. El éxito depende del control de los costes en todos los niveles, desde la construcción y la logística hasta la gestión de existencias y las operaciones diarias. Las empresas privadas mantienen la disciplina porque la ineficiencia pone en peligro la rentabilidad. Las tiendas gestionadas por el Estado se enfrentan a una presión mucho menor, ya que las pérdidas pueden absorberse políticamente en lugar de corregirse económicamente.
Los defensores de las tiendas de alimentación gestionadas por el Estado suelen atribuir los altos precios de los alimentos a la propiedad privada. Sin embargo, los precios de los productos alimenticios vienen determinados por la oferta disponible y la demanda de los consumidores. Además, las tiendas de alimentación deben tener en cuenta las cadenas de suministro, los costes de transporte, los gastos de personal, los precios de la energía, la normativa y la inflación. El hecho de que la propiedad pase de manos privadas a públicas no elimina esos costes. En muchos casos, añadir la política y la burocracia a un negocio que ya opera con márgenes reducidos puede incluso aumentarlos.
Los defensores de esta idea podrían argumentar que las tiendas de alimentación gestionadas por el Estado seguirían ofreciendo precios más bajos en caja. Pero unos precios más bajos no significan que los costes hayan desaparecido. Simplemente se transfieren a los contribuyentes a través de las subvenciones que se utilizan para mantener las tiendas en funcionamiento. El cliente puede pagar menos por los productos alimenticios directamente, pero está pagando las pérdidas de forma indirecta a través de los impuestos.
Además, las tiendas de alimentación gestionadas por el Estado seguirían enfrentándose a los mismos incentivos de oferta y demanda que existen en los mercados privados. Si los agricultores y los proveedores pueden obtener mayores beneficios vendiendo a las cadenas de supermercados privadas, naturalmente darán prioridad a esos compradores frente a las tiendas públicas que ofrecen precios más bajos. Con el tiempo, esto genera otro problema previsible: las tiendas del Estado podrían tener dificultades para garantizar un stock suficiente o acabar recibiendo productos de menor calidad que los minoristas privados rechazan. Los precios más bajos no sirven de mucho si las estanterías están vacías o llenas de alimentos a punto de caducar. Además, esto podría dar lugar a la solicitud de subvenciones.
Las tiendas de alimentación privadas evitan estos problemas compitiendo de forma agresiva tanto por los clientes como por los proveedores. Deben mantener las estanterías bien surtidas, garantizar la calidad de los productos y controlar los costes lo suficiente como para seguir siendo rentables. Si no lo consiguen, los clientes compran en otros sitios. Las tiendas gestionadas por el Estado se enfrentan a presiones competitivas menores, ya que las pérdidas pueden cubrirse por vía política en lugar de corregirse mediante la disciplina del mercado. Sin embargo, las tiendas gestionadas por el Estado pueden desplazar a las alternativas privadas.
En definitiva, esta es la diferencia entre las soluciones políticas y las soluciones de mercado. Las tiendas de alimentación privadas solo sobreviven si atienden a los consumidores con la suficiente eficiencia como para seguir siendo rentables. Las tiendas gestionadas por el Estado sobreviven gracias al apoyo político y a la financiación pública. No se trata de las mismas estructuras de incentivos y, con el tiempo, tienden a generar resultados muy diferentes.
El atractivo político de las tiendas de alimentación gestionadas por el Estado es fácil de entender. Los votantes ven cómo los precios de los alimentos suben más rápido que sus salarios y quieren un alivio inmediato. Una tienda financiada con fondos públicos que ofrezca precios más bajos parece, a primera vista, una medida solidaria y práctica. El problema es que las leyes de la economía no desaparecen por el simple hecho de que el Estado se haga cargo de la propiedad. Los costos siguen existiendo en algún punto del sistema, aunque se oculten a los consumidores en la caja.
La propuesta de Zohran Mamdani refleja la creencia cada vez más extendida de que los problemas económicos pueden resolverse mediante la propiedad gubernamental y la gestión política. Sin embargo, una tienda de comestibles sigue siendo un negocio regido por los costos y la realidad económica, independientemente de quién sea su propietario. Cuando se informa de que una sola tienda gestionada por el gobierno cuesta 30 millones de dólares antes incluso de abrir sus puertas, surge una seria duda sobre si el gobierno está realmente en condiciones de distribuir alimentos de forma más eficiente que el mercado privado al que pretende sustituir.
