La desaceleración económica de Reino Unido se atribuye habitualmente a la consolidación fiscal, al anémico crecimiento de la productividad y a las perturbaciones en el lado de la oferta que siguieron a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se trata de limitaciones reales. Pero considerarlas causas primarias en lugar de síntomas derivados es un diagnóstico erróneo —y cada vez más costoso.
La causa subyacente es la densidad normativa: un entramado acumulado de restricciones formales que frena la innovación empresarial, ahoga a los nuevos participantes y reduce la capacidad de adaptación de las instituciones. Es este entorno, y no solo la austeridad fiscal, el que frena los procesos espontáneos de coordinación de abajo arriba de los que dependen las economías de mercado para su resiliencia a largo plazo.
El coste humano de este diagnóstico erróneo no es algo abstracto. En 2024, aproximadamente 12,2 millones de hogares en Inglaterra destinaban más del 10 % de sus ingresos a la energía doméstica, según datos de la Coalición para Acabar con la Pobreza Energética y del Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas. Los impuestos sobre los combustibles y las tasas ecológicas incorporadas a las facturas de energía funcionan como un cargo fijo regresivo, que recae proporcionalmente con mayor dureza sobre quienes menos pueden asumirlo. La arquitectura regulatoria que generó esos costes no se diseñó en función de las circunstancias particulares de los hogares más pobres. Se diseñó en torno a objetivos políticos, proyecciones estadísticas y la conveniencia administrativa de los grandes proveedores consolidados.
Esa misma lógica aplasta a los nuevos operadores desde el otro extremo. Tal y como reveló OVO Energy en su declaración ante la Autoridad de Competencia y Mercados, superar el umbral de los 250 000 clientes conlleva obligaciones en virtud del programa «Energy Companies Obligation» que ascienden a millones de libras, no solo en concepto de costes directos de cumplimiento, sino también en personal especializado y sistemas necesarios para cumplirlas. El resultado es una estructura regulatoria que penaliza el crecimiento, afianza a los operadores tradicionales y destruye sistemáticamente el incentivo para la innovación empresarial precisamente en el momento en que esta se vuelve viable.
No se trata de fallos políticos fortuitos. Son las consecuencias previsibles de una lógica de planificación que sustituye el juicio disperso y vivo de los individuos por el modelo estadístico de la realidad del regulador. Una regulación de este tipo no se limita a producir malos resultados: comete una ofensa previa. Al diseñar las políticas en torno a patrones agregados, trata a los seres humanos no como agentes creativos y autónomos, sino como variables que deben gestionarse. Presume, en efecto, que la capacidad humana se expresa mejor dentro de un conjunto de acciones restringidas y asignadas de forma coercitiva. Esto no es gobernanza. Es —en una tradición de pensamiento económico que va desde Friedrich Hayek hasta estudiosos más recientes del emprendimiento— una forma de violencia epistémica: un ataque sistemático a la capacidad espontánea e inalienable de los individuos para descubrir, combinar y actuar sobre el conocimiento que ninguna autoridad central puede observar o anticipar plenamente.
La desregulación, en este contexto, no es una preferencia ideológica por un Estado mínimo, sino un imperativo funcional y moral.
El fracaso institucional de Ofgem —y qué debería sustituirlo
El argumento a favor de la desregulación del mercado energético del Reino Unido no es, en esencia, un argumento contra la regulación en abstracto. Es un argumento contra una lógica institucional específica —una que Ofgem encarna por completo.
Ofgem no cuenta con personal incompetente. El problema es estructural. Como organismo público cuyo mandato viene determinado por objetivos políticos fijados en Westminster —objetivos de cero emisiones netas, mecanismos de limitación de precios, indicadores de protección del consumidor—, es constitucionalmente incapaz de propiciar el tipo de innovación empresarial que requiere el mercado energético. Su marco normativo, tal y como demostró el caso OVO, no garantiza la igualdad de condiciones. Crea un precipicio que castiga el crecimiento, afianza a los operadores tradicionales y elimina a las empresas de nivel medio que, de otro modo, estarían desarrollando alternativas al petróleo y al gas. Reformar las normas de umbral de Ofgem sería cambiar el ropaje sin cambiar el fondo. El ADN institucional —la optimización de los objetivos políticos en lugar de la libertad empresarial— permanecería intacto.
La cuestión, por tanto, no es si hay que desmantelar esta estructura, sino cómo hacerlo sin exponer a los hogares más vulnerables a los costes de transición que inevitablemente acompañan a la reforma estructural. Argentina ofrece un precedente instructivo, aunque imperfecto. Cuando Javier Milei creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la dirección de Federico Sturzenegger, estableció una institución cuyo mandato explícito era su propia redundancia progresiva —abolir regulaciones a un ritmo que, según el propio relato de Milei sobre el avance del programa, alcanzó las 3,5 al día en su momento álgido. Uno de los primeros resultados fue la desregulación de los alquileres, que, según un análisis publicado por la Library of Economics and Liberty, hizo que la oferta de apartamentos disponibles casi se triplicara, con una caída de los precios reales de hasta un 40 %. El descubrimiento empresarial, una vez liberado, avanzó más rápido de lo que cualquier objetivo de cuota podría haber previsto.
El RU no es Argentina. No hay hiperinflación que estabilizar, ni controles cambiarios que eliminar, ni un tipo de cambio paralelo que cerrar. Las condiciones macroeconómicas de partida son diferentes en grado, si no en naturaleza. Pero la lógica institucional es transferible. Lo que el Reino Unido necesita es un organismo que no siga el modelo de la misión reguladora de Ofgem, sino el de la desreguladora de Sturzenegger: centralizado inicialmente, para gestionar la estabilización macroeconómica que precede a la liberalización, pero con la descentralización inscrita en su mandato constitucional. La autoridad debería transferirse progresivamente a organismos locales y comunitarios, de modo que la lógica administrativa nunca se convierta en la densa arquitectura regulatoria que se creó para desmantelar.
Las funciones de Ofgem relacionadas con la oferta —su supervisión de la producción, los umbrales de acceso al mercado y las obligaciones de cumplimiento de los proveedores de energía— deberían ser las primeras en desaparecer. Su función de protección del consumidor, especialmente para los hogares con bajos ingresos que siguen expuestos a una tarificación energética regresiva, debería mantenerse temporalmente como un mínimo transitorio. El diseño institucional concreto de esa transición es una cuestión que requiere un análisis más detallado. Lo que no requiere un análisis más detallado es la dirección a seguir: un organismo de desregulación que mida su propio éxito por su propia reducción es la única forma institucional coherente con el argumento que aquí se expone.
La pregunta equivocada
Todo el debate político británico sobre la energía se ha centrado en la pregunta equivocada. Desde los marcos de «cero emisiones netas» hasta las estrategias de hidrógeno, pasando por los objetivos de energía eólica marina y los plazos de puesta en marcha de las centrales nucleares, la clase política ha actuado partiendo de una única premisa que no se ha cuestionado: que el Estado puede saber de antemano qué tecnología energética marcará el futuro, y que la función de una política es respaldar esa tecnología con subvenciones, mandatos y un marco regulador. Esta suposición no es meramente ineficaz. Es epistemológicamente presuntuosa —y una tradición de pensamiento económico que se extiende a lo largo de la mayor parte del siglo XX ha explicado precisamente por qué.
La idea fundamental —desarrollada por Friedrich Hayek y posteriormente ampliada por economistas que siguen la misma tradición— es que el conocimiento en una sociedad no se concentra en una sola mente o institución. Está disperso, es tácito e irreduciblemente personal. Ninguna autoridad central puede agregarlo sin sufrir pérdidas irreparables. De ello se deriva un argumento adicional, desarrollado por Israel Kirzner (el economista que formalizó por primera vez la teoría de la alerta emprendedora): el emprendedor no es un planificador, sino un descubridor, alguien que detecta oportunidades que ningún modelo predijo y que ningún comité encargó. Jesús Huerta de Soto —el economista español cuya obra de 2010 Economic Calculation and Entrepreneurship radicalizó estas ideas— fundamenta el emprendimiento no solo en la función del mercado, sino en la propia subjetividad humana, en la capacidad creativa inalienable de los individuos para combinar y recombinar ideas de formas que los sistemas formales no pueden anticipar, replicar ni sustituir.
No podemos saber si la tecnología energética que liberará al Reino Unido de su dependencia del petróleo será el litio, la energía mareomotriz, la nuclear, la solar o algo que ningún informe oficial del gobierno haya mencionado aún. Esa incertidumbre no es un problema político que haya que resolver. Es precisamente la condición que hace posible el descubrimiento emprendedor. Todo marco formal que elija un ganador —toda estructura de subvenciones, todo mandato regulatorio, todo objetivo de cero emisiones netas respaldado por obligaciones de cumplimiento— no acelera ese descubrimiento, sino que lo impide. Sustituye la creatividad anárquica, iterativa y recombinatoria de las mentes humanas que operan fuera de los parámetros de la legibilidad formal por el modelo de realidad necesariamente limitado del Estado.
Esta es la acusación. Westminster no se ha limitado a tomar decisiones políticas ineficaces. A través del peso acumulado de la densidad normativa, ha cometido un acto continuado de presunción epistémica, sustituyendo el orden espontáneo —que solo la libre subjetividad humana puede generar— por sus propios patrones. El costo no se mide únicamente en puntos del PIB o en brechas de productividad. Se mide en las empresas energéticas que nunca crecieron, las tecnologías que nunca se descubrieron, los emprendedores a los que la regulación paralizó antes de que sus ideas pudieran convertirse en algo transformador. Se mide en los 12,2 millones de hogares —identificados por la End Fuel Poverty Coalition y confirmados por el Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas— que gastan más de una décima parte de sus ingresos en mantener las luces encendidas: no porque la energía sea intrínsecamente escasa, sino porque la arquitectura regulatoria lo ha hecho así.
La urgencia es real. Cada año que esta estructura permanece intacta supone un año más de oportunidades de progreso frustradas, de dependencia creciente y de pobreza evitable. Los costes de transición de la reforma también son reales; la experiencia de Argentina lo deja claro. Pero los costes de transición de la inacción son invisibles únicamente porque son difusos, crónicos y recaen con mayor dureza sobre quienes tienen menos voz política.
Robert Nozick —el filósofo que sostenía que la libertad rompe inevitablemente cualquier patrón que el Estado intente imponer— escribió que la libertad altera los patrones. Así es. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. El patrón que Westminster ha impuesto al mercado energético del RU —y a la subjetividad humana, que debería ser su fuerza más productiva— no es una característica del buen gobierno. Es el problema. Si se desregula esa libertad, no se puede predecir lo que surgirá. Pero esa imprevisibilidad no es caos, es la condición previa para todo descubrimiento que haya tenido importancia alguna vez.
