La decisión de la Corte Suprema, por 6 votos contra 3, que invalida los aranceles de emergencia de Donald Trump, seguida casi inmediatamente por la respuesta del presidente de restablecerlos y aumentarlos, nos recuerda una vez más lo rápido que evoluciona la política americana. Sin embargo, en algunos casos, conviene reconocer que ciertos hilos conductores de la política gubernamental permanecen constantes, independientemente de la época o de los líderes al mando.
Con demasiada frecuencia, los llamados «expertos» opinan sobre la actualidad sin tener un conocimiento real de la historia económica. Basta con fijarse en la indignación de destacados republicanos ante las grandilocuentes promesas electorales de Trump y lo que sus detractores consideran medidas preocupantes tras su regreso al cargo.
En un artículo de opinión publicado en diciembre de 2025 en The New York Times, el ex candidato presidencial Mitt Romney sostenía que los aranceles «suponen una carga para las familias de ingresos bajos y medios», y señalaba análisis que demostraban que actúan como un impuesto regresivo que afecta con mayor dureza a los americanos más pobres. Sin embargo, en ese mismo artículo, se hizo eco de la retórica progresista al pedir que se aumentaran los impuestos a los ricos, incluyéndose a sí mismo. No tenemos intención de defender a Trump aquí, pero hay un aspecto que se ha pasado por alto y que merece nuestra atención.
Durante décadas, ha persistido el mito de que el Partido Republicano de la era Reagan marcó el inicio de una era de capitalismo liberal sin restricciones, impulsando a todo el espectro ideológico hacia posturas favorables al libre comercio y a las empresas. Por ello, se hizo habitual presentar a Trump como un caso atípico dentro del partido republicano: un capítulo irritante y heterodoxo en la historia de un partido que, al menos en apariencia, lleva mucho tiempo defendiendo la libertad individual y un Estado mínimo. La verdad, sin embargo, es mucho más matizada de lo que la narrativa dominante nos quiere hacer creer.
Para desmontar esta idea simplista, debemos analizar los aspectos más destacados del programa electoral de Trump y compararlos con el historial del Partido Republicano.
Proteccionismo
El proteccionismo es la política de la que Trump se jacta con más orgullo, hasta tal punto que se ha autoproclamado «el hombre de los aranceles». Fue aún más lejos, calificando «arancel» como la palabra más hermosa del idioma inglés.
Contrariamente a lo que suele pensarse, el Partido Republicano surgió a mediados de la década de 1850 al heredar el «Sistema Americano» de Henry Clay, que constituía la piedra angular del programa de los whigs: aprovechar el gobierno federal para estabilizar las finanzas, proteger y fomentar la industria nacional y construir infraestructuras nacionales.
Tanto los whigs como los primeros republicanos estaban a favor de aranceles más elevados, no solo para generar ingresos federales, sino también para salvaguardar y promover a los fabricantes de los EEUU, con el objetivo de desarrollar una economía más diversificada e industrializada. Como señaló acertadamente Lew Rockwell en la introducción a For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, de Murray Rothbard:
La Guerra Civil, además de su derramamiento de sangre y su devastación sin precedentes, fue aprovechada por el régimen republicano triunfalista y prácticamente unipartidista para imponer su programa estatista, de raíces whig: poder gubernamental a escala nacional, aranceles proteccionistas, subvenciones a las grandes empresas, papel moneda inflacionista, restablecimiento del control del gobierno federal sobre la banca, obras de mejora interna a gran escala — , elevados impuestos especiales y, durante la guerra, el servicio militar obligatorio y el impuesto sobre la renta.
La Cámara de Representantes de los EEUU aprobó el Arancel Morrill en vísperas de la presidencia de Lincoln. La medida elevó considerablemente los tipos arancelarios sobre las importaciones sujetas a derechos y amplió el alcance proteccionista de la política federal. Un ajuste posterior elevó pronto los tipos aún más.
La Ley Arancelaria McKinley de 1890, que lleva el nombre del entonces representante William McKinley, estableció el nivel arancelario medio más alto de la historia en EEUU hasta ese momento, con algunos tipos que superaban el 100 %. La Ley Arancelaria Fordney-McCumber de 1922, promulgada bajo el mandato de Warren Harding, provocó aumentos sustanciales en una década caracterizada por el aislacionismo y el sentimiento proteccionista.
Sin embargo, fue la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, promulgada por Herbert Hoover, la que provocó la subida más drástica de los aranceles en la historia en América hasta ese momento. Esta infame medida elevó los tipos arancelarios medios hasta aproximadamente el 60 % —frente al 38 % establecido por la Ley Fordney-McCumber— con el fin de proteger el empleo nacional. El resultado fue una avalancha de aranceles de represalia por parte de socios comerciales de todo el mundo.
La Ley Smoot-Hawley fue un ejemplo clásico de política proteccionista, en la que un país busca su propio beneficio nacional a costa directa de otros. Esta lógica de suma cero es similar al razonamiento que subyace a los aranceles de Trump, tal y como ilustra el siguiente gráfico:
Fuente: PIIE, US Global Investors
Controles de precios
El 19 de diciembre de 2025, Trump anunció nueve nuevos acuerdos con las principales empresas farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos con receta para los pacientes americanos, equiparándolos a los precios más bajos que se pagan en otros países desarrollados (lo que se conoce como «precios de nación más favorecida», o NMF). Estos acuerdos voluntarios reducen los costes de los programas de Medicaid y de determinadas ventas directas al consumidor, y se suman a las iniciativas anteriores de su administración en materia de NMF.
El precedente histórico más conocido se produjo el 15 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon decretó una congelación de salarios y precios de 90 días como parte de su Nueva Política Económica. Esa medida tenía por objeto combatir la inflación galopante y evitar una crisis monetaria en medio del colapso del sistema de Bretton Woods.
Fue la primera imposición de controles obligatorios de salarios y precios en tiempos de paz en la historia de los EEUU, que inicialmente contó con un amplio apoyo público, pero que luego resultó desastrosa. Impulsada por la estanflación y los temores a una fuga de oro tras el fin de la convertibilidad del dólar, la tasa de inflación había superado el 12 % en 1974.
El programa pasó por varias fases, entre ellas la creación de la Junta de Salarios y la Comisión de Precios para supervisar los aumentos permitidos. La contención artificial de los precios provocó rápidamente una escasez generalizada, sobre todo de gasolina y acero, con largas colas en las gasolineras y medidas de racionamiento. Las empresas, incapaces de cubrir sus costes, redujeron la producción, recortaron la calidad o se vieron obligadas a cerrar.
Esas medidas alteraron las señales del mercado, impidieron el cálculo económico y no lograron frenar la inflación a largo plazo, lo que contribuyó a distorsiones que se prolongaron durante años. ¿Por qué deberíamos creer que intervenciones similares hoy en día darían resultados diferentes?
Recortes fiscales
A través de la Ley de Recortes Fiscales y Empleo (TCJA) de 2017, el primer mandato de Trump supuso la reforma fiscal federal más significativa desde la década de 1980.
Esto se asemeja a la Ley de Recuperación Económica de 1981 de Ronald Reagan —que introdujo gradualmente una reducción general del 25 % en los tipos impositivos individuales (el tipo marginal máximo pasó del 70 % al 50 %), la amortización acelerada y la indexación a la inflación— y a la Ley de Reforma Fiscal de 1986, que simplificó los tramos impositivos y redujo el tipo máximo al 28 %, pero mantuvo prácticamente intactos los ingresos totales gracias a las compensaciones.
Como afirmó Rothbard en su crítica a «Reaganomics», estos recortes resultaron, en la práctica, ilusorios y temporales, ya que se vieron contrarrestados por el deslizamiento de los tramos impositivos, el aumento de las cotizaciones sociales, los incrementos encubiertos y un crecimiento masivo del gasto que disparó el déficit federal sin restricciones estructurales. Aunque cualquier recorte fiscal debería ser bienvenido, en ambos casos se trató de medidas fácilmente reversibles que agravaron el déficit, ya que no fueron acompañadas de recortes en el gasto gubernamental ni en los departamentos gubernamentales.
Gasto gubernamental
La aceptación por parte de los republicanos de un gasto gubernamental expansivo bajo la bandera del «conservadurismo compasivo» alcanzó nuevas cotas durante la presidencia de George W. Bush.
En 2003, Bush firmó la Parte D de Medicare —un nuevo y ambicioso programa de prestaciones que ofrecía cobertura de medicamentos recetados a las personas mayores—, con unos costes iniciales estimados en 400 000 millones de dólares a lo largo de diez años, cifra que posteriormente se revisó al alza hasta los 534 000 millones de dólares. Esta prestación voluntaria, gestionada a través de aseguradoras privadas, supuso una importante ampliación de la intervención federal en la asistencia sanitaria, lo que añadió billones de dólares al pasivo a largo plazo sin las correspondientes compensaciones.
De igual modo, en octubre de 2008, Bush promulgó el Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP, como parte de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, autorizando 700 000 millones de dólares (con un límite máximo entonces de 475 000 millones) para rescatar a las instituciones financieras mediante la compra de activos problemáticos, desembolsándose finalmente 443 000 millones de dólares con un coste neto de 31 000 millones tras las recuperaciones.
Estas intervenciones pusieron de relieve la disposición del Partido Republicano a desplegar recursos federales durante las crisis y presagiaron las propias tendencias de Trump hacia el gasto a gran escala. La Ley de Estímulo Económico de Bush de 2008 también proporcionó 152 000 millones de dólares en cheques de devolución a más de 130 millones de hogares, con el objetivo de impulsar el gasto en medio de la crisis financiera.
Ese enfoque encuentra su equivalente en la Ley CARES de 2020 del —un paquete de 2 billones de dólares que incluía pagos directos de 1.200 dólares por adulto como parte de un plan de ayuda más amplio, aunque a una escala mucho mayor (el 12 % del PIB en 2020 frente al 1 % en 2008). Ambas iniciativas buscaban un estímulo económico rápido, pero daban prioridad a la ayuda a corto plazo frente a la austeridad fiscal.
Conclusión
Las políticas de Trump no se rigen por una filosofía coherente, sino que conforman una estrategia transaccional que se inspira en las tácticas empleadas por anteriores líderes republicanos. La mejor forma de entenderlas es como una mezcla, algo desorganizada y contradictoria de neomercantilismo, populismo nacional y proteccionismo de la vieja escuela, arraigada en el programa whig y el republicanismo tradicional.
El trumpismo combina aranceles más elevados en el extranjero con «menos regulaciones» en el país, incorporando los controles de precios de Nixon, los recortes fiscales de Reagan y las políticas expansionistas de Bush. Todo ello deja claro que ese intervencionismo es un legado del propio Partido Republicano —y no una aberración dentro de la derecha americana—, como afirman erróneamente muchos analistas.
