Parece que cada vez que ocurre algo adverso en el mercado laboral, se reinicia la batalla partidista entre los que están en el poder y los que no, sobre quién es mejor administrador de la economía.
La Oficina de estadísticas laborales (BLS) publicó las cifras de empleo correspondientes al mes de abril, que fueron noticia porque el crecimiento del empleo, que se esperaba que aumentara, fue «inesperadamente» bajo. Los 266.000 puestos de trabajo creados fueron sólo una cuarta parte de algunas previsiones, que superaban el millón. Además, la creación de empleo en marzo también se revisó a la baja en 146.000 puestos. Y el desempleo subió por primera vez desde el cierre, a pesar de la supuesta escasez masiva de trabajadores, como demuestran los 7,4 millones de puestos de trabajo sin cubrir registrados en febrero.
El gobierno de Biden, puesto en aprietos por los malos resultados y el señalamiento de sus políticas que siguió (en particular el bono semanal de desempleo de 300 dólares), insistió en que la economía está mejorando, y trató de atribuirse el mérito de ello (aunque la economía se estaba recuperando mucho más rápido de lo previsto antes de que él asumiera el cargo), pero que la magnitud de los problemas a los que se enfrenta significa que aún son necesarias más ayudas del gobierno, casi como si trataran de introducir el cuatrillón como una medida de uso común cuando se habla de déficits y deuda, en lugar del trillón.
Esta batalla, como muchas otras anteriores, incluye escaramuzas sobre una multitud de cuestiones de medición: si las medidas de empleo o de desempleo son más precisas, qué medida de desempleo es la mejor, las razones de los cambios en la participación de la fuerza laboral, los empleos a tiempo parcial frente a los de tiempo completo, los trabajadores desanimados, cuántos trabajadores oficialmente desempleados están realmente jugando con el sistema, los ajustes estacionales, etc. También se discute si los programas gubernamentales crean puestos de trabajo o sólo los trasladan, dado que los recursos deben proceder de otra parte, si esa transferencia produce un aumento o una disminución del valor, etc.
Sin embargo, el debate suele pasar por alto otro factor. Muchos de los empleos creados directa o indirectamente por las políticas gubernamentales imponen costes a la sociedad en lugar de producir beneficios. Esta creación de empleo empeora el bienestar de los americanos en lugar de mejorarlo.
Los ejemplos más obvios provienen del vasto (y cada vez más vasto) entramado de agencias ejecutivas federales, mandatos, regulaciones, zares, etc. La creación pacífica de riqueza surge de acuerdos voluntarios entre las personas, pero la principal actividad del Estado regulador suele ser interferir en los trabajos mutuamente productivos, socavando la coordinación social y destruyendo la riqueza. La imposición de restricciones añadidas a los acuerdos productivos voluntarios crea algunos puestos de trabajo, pero eso actúa como un impuesto regulatorio masivo sobre los trabajos que benefician a otras personas.
Las profesoras Susan Dudley y Melinda Warren han estudiado las agencias reguladoras federales que restringen explícitamente las transacciones del sector privado. Encontraron 277.000 reguladores de este tipo en 2015 (un número sustancialmente mayor que la plantilla mundial de General Motors) y un aumento de dieciocho veces en los presupuestos ajustados a la inflación de esas agencias desde 1960, hasta más de 57.000 millones de dólares (en dólares de 2009).
Las intervenciones forzosas del gobierno también crean puestos de trabajo en el sector privado para cumplir con su creciente gama de dictados. Por ejemplo, se crearon muchos puestos de trabajo en el sector de los recursos humanos y la sanidad para cumplir con el Obamacare. Pero para los programas y las restricciones desacertadas, esos puestos de trabajo suponen más costes que beneficios para la sociedad.
El creciente poder redistributivo del gobierno sobre cada cartera también significa que se contratan más grupos de presión para ayudar a que los intereses especiales se beneficien a costa de los demás. Eso, a su vez, empuja a otros a contratar más grupos de presión para minimizar el alcance del robo que se verán obligados a soportar. La ampliación de la lucha para controlar el robo del gobierno federal crea puestos de trabajo en la industria de la influencia, que han estimulado de forma espectacular la economía en Washington, DC, pero que produce un juego de suma negativa que destruye la riqueza de la gente en todos los demás lugares.
Del mismo modo, cuando se promulgan leyes o normas de dudosa constitucionalidad o legalidad, aumenta el número de abogados y recursos legales que emplea el gobierno. También aumenta el número empleado por aquellos de los que se abusaría. Esta oposición puede ser una de las inversiones más valiosas para los americanos a la hora de frenar esas incursiones en los derechos de las personas, pero incluso la lucha contra ellas hasta su paralización no deja a los americanos en mejor situación que si esas iniciativas de extralimitación no se hubieran impulsado en primer lugar.
Mientras continúa la batalla sobre la falta de creación de empleo del presidente Biden, debemos recordar que en un área, él claramente pretende sobrepasarse: crear empleos en el gobierno (así como a causa del gobierno) que perjudican la capacidad de los americanos de beneficiarse mutuamente. Esta creación de puestos de trabajo puede aumentar las cifras de empleo que Biden desea, pero bloquean en lugar de aumentar nuestro bienestar.
