La semana pasada, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, vetó un proyecto de ley que limitaría la autoridad del gobernador para declarar emergencias. El proyecto de ley permitiría que la Asamblea General se autoconvocara en una sesión de emergencia, con la idea de que la legislatura pudiera entonces votar para poner fin, o limitar de otro modo, los poderes de emergencia del gobernador. Aunque tanto la legislatura como la oficina del gobernador están controladas por los republicanos, parece que la legislatura se ha cansado de las repetidas renovaciones del estado de emergencia por parte del gobernador en nombre de la gestión de los efectos del virus covid-19.
La asamblea legislativa aún podría anular el veto. En Indiana, la anulación sólo requiere una mayoría de votos.
Si la legislatura lo hace, no será el primer estado que anula el veto de un gobernador en este frente. El mes pasado, la legislatura de Ohio, liderada por los republicanos, votó para anular el veto del republicano Mike DeWine a la Ley 22 del Senado, que otorga a los legisladores la autoridad para cancelar cualquier orden sanitaria del gobernador que dure más de treinta días. El proyecto de ley también crea un panel de supervisión legislativa.
Estos dos estados, sin embargo, ofrecen sólo una pequeña muestra de lo que los legisladores estatales han planeado durante la sesión legislativa de 2021. De hecho, los legisladores de cuarenta y cinco estados han propuesto más de trescientas medidas este año diseñadas para ampliar la supervisión legislativa de los poderes de emergencia de los gobernadores.
Irónicamente, en muchos estados, los confinamientos del covid-19 —que muchos gobernadores utilizaron para convertir esencialmente sus gobiernos estatales en instituciones de gobierno unipersonal y por decreto— pueden acabar precipitando un movimiento generalizado para limitar los poderes ejecutivos en los gobiernos estatales. El hecho de que muchos residentes de Nueva York, Ohio y California estén aparentemente hartos de sus gobernadores puede ser un presagio para el futuro.
Es de esperar que así sea, ya que se trata de un debate que debería haberse producido hace tiempo.
Los estados han ampliado durante mucho tiempo los poderes administrativos de los gobernadores y han alargado sus mandatos. Así que ahora tenemos una nación llena de gobernadores estatales con poder político y administrativo que consideran perfectamente razonable declarar estados de emergencia de un año de duración, cerrar negocios a punta de pistola y ordenar a los ciudadanos respetuosos de la ley que se queden en sus casas. En muchos estados, las legislaturas podían hacer poco, y lo hicieron.
En respuesta a cualquier intento de recortar sus poderes, los gobernadores protestarán naturalmente, alegando -como hizo Mike DeWine- que limitar los poderes de los gobernadores alteraría el «equilibrio de poderes» o constituiría una amenaza para la seguridad pública. Ningún legislador debería caer en esta treta. Ya es hora de que los gobernadores sean frenados y despojados de los muchos poderes que los gobernadores de antaño sólo podían soñar con ejercer. Al igual que el poder ejecutivo a nivel federal constituye uno de los peligros más graves que puede plantear el régimen estadounidense, lo mismo ocurre a nivel estatal.
Los legisladores estatales se mueven para frenar a los gobernadores
La idea de que se debe confiar a los gobernadores los poderes de emergencia ha descansado durante mucho tiempo en la presunción de que estos poderes serían limitados en el tiempo y en el alcance.
Por otro lado, los cierres de empresas por el covid-19, las órdenes de enmascaramiento y las órdenes de permanencia en el hogar han dejado muy claro que los gobernadores estatales adoptan con entusiasmo las órdenes de emergencia que duran muchos meses, y que los gobernadores renuevan libremente sus poderes de emergencia una y otra vez. Además, los gobernadores han ejercido su poder de forma arbitraria, a menudo decidiendo aparentemente aplicar cierres a capricho, sin que se haya establecido una métrica para saber cuántas muertes o infecciones de covid desencadenarán más cierres de empresas. Los gobernadores han entregado las decisiones de salud pública a burócratas no elegidos que a menudo se reúnen en secreto y sin rendir cuentas al público.
Parece que muchos legisladores han aprendido algo de la experiencia.
Alrededor de la mitad [de los 45 estados que están estudiando proyectos de ley para limitar los poderes de los gobernadores] están considerando cambios significativos, como límites más estrictos sobre la duración de las órdenes de emergencia de los gobernadores sin aprobación legislativa....
Aunque el rechazo proviene principalmente de los legisladores republicanos, no es totalmente partidista.
Los legisladores republicanos han tratado de limitar el poder de los gobernadores demócratas en estados como Kansas, Kentucky y Carolina del Norte. Pero también han intentado frenar a otros gobernadores republicanos en estados como Arkansas, Idaho, Indiana y Ohio. Algunos legisladores demócratas también han actuado contra los gobernadores de su propio partido, sobre todo limitando la capacidad del asediado gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para emitir nuevos mandatos.
En Ohio, la nueva legislación que limitará el poder de DeWine también «limita explícitamente el poder de los funcionarios locales de salud para exigir a las personas que se pongan en cuarentena o se autoaíslen sin un diagnóstico médico específico y permite a los habitantes de Ohio demandar la constitucionalidad de cualquier orden de emergencia estatal en su condado».
Los esfuerzos para frenar los poderes de los gobernadores no se limitan a la acción legislativa. Los tribunales supremos de los estados de Wisconsin y Michigan han dictado sentencias que limitan los poderes de los gobernadores, y una elección de destitución diseñada para acabar con el fetiche del cierre de Gavin Newsom está —hasta ahora— avanzando.
Sin embargo, es probable que la mayoría de los esfuerzos para limitar el poder de los gobernadores tengan que realizarse a nivel legislativo. Los tribunales federales han dejado claro que no están dispuestos a hacer mucho para limitar los poderes de emergencia, y los tribunales supremos de los estados también han demostrado ser poco receptivos.
Una larga tendencia a aumentar los poderes de los gobernadores
Sin embargo, si el poder legislativo se mueve para limitar los poderes del gobernador, sería sólo un pequeño cambio en una larga y bien establecida tendencia hacia el aumento del poder gubernamental.
En los primeros años de Estados Unidos, los gobernadores de los estados estaban muy limitados por las legislaturas. En muchos casos, los gobernadores eran nombrados por las propias legislaturas, y los mandatos duraban uno o dos años. Aunque los estados avanzaron hacia la elección popular de los gobernadores —haciéndolos más independientes de las asambleas legislativas—, las asambleas legislativas también se esforzaron por reducir el poder administrativo del gobernador haciendo que más cargos fueran elegidos en lugar de nombrados por el gobernador.
Así, durante la primera mitad del siglo XIX, hasta alrededor de 1850,
el poder de nombramiento del gobernador, y como resultado su control de la administración estaba en su punto más bajo. El resultado general del desarrollo hasta ese momento hizo que la posición del gobernador fuera menos importante que al principio; y su autoridad legislativa era de mayor importancia que su autoridad administrativa.1
Sin embargo, esto cambió durante la segunda mitad del siglo, y en un extenso análisis de 1912 para la Michigan Law Review, John Fairlie concluyó:
Desde 1850, la posición del gobernador del Estado se ha visto reforzada en gran medida, no tanto por los cambios en las constituciones estatales, sino por la expansión de la administración del Estado y un aumento considerable del poder de nombramiento del gobernador conferido por la ley. Se han creado muchos nuevos cargos, juntas y comisiones estatales, y estos puestos se han cubierto a propuesta del gobernador, normalmente con el consentimiento del Senado. Este aumento del poder de nombramiento ha aumentado el control del gobernador sobre la administración del Estado; y el mayor control administrativo ha aumentado la influencia del gobernador en otras direcciones.... El resultado general ha sido acentuar decididamente la importancia del cargo de gobernador, aunque su autoridad sigue siendo muy inferior a la del Presidente de los Estados Unidos.
En otras palabras, el aumento del número de agencias y oficinas administrativas constituye un aumento de facto del poder del gobernador. Junto con las nuevas oportunidades de nombrar a aliados políticos en cargos burocráticos, el efecto es realmente considerable.
También es notable que las palabras de Fairlie fueron escritas en 1912. Ni que decir tiene que el poder administrativo de los gobernadores, ejercido a través de burócratas designados, no se ha reducido precisamente desde 1912. Además, en el último siglo, el número de gobernadores estatales que disfrutan de mandatos de cuatro años, en lugar de dos, casi se ha duplicado, aumentando aún más la independencia de los gobernadores tanto de los votantes como del poder legislativo.
Desgraciadamente, limitar el poder de los gobernadores no hará nada para limitar directamente el poder federal o el vasto poder ejecutivo del presidente de Estados Unidos, que empequeñece el de los estados. Esta es una de las razones por las que los estadounidenses ignoran en gran medida a sus gobernadores estatales y sus cargos. Hasta hace poco, parecían relativamente invisibles. Sin embargo, los confinamientos del 19 de julio han puesto de manifiesto el hecho de que los gobernadores ejercen un inmenso poder sobre la vida cotidiana de los estadounidenses, y muchos lo hacen de forma agresiva y arbitraria. Ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para despojar a estos gobernadores de algo más de su tan abusado poder.
- 1John A. Fairlie, «The State Governor. II. Administrative Powers», Michigan Law Review 10, no. 5 (marzo de 1912): 370-83.
