La soberanía de las tribus indias ha sido durante mucho tiempo una herramienta muy descuidada, aunque importante, para descentralizar y limitar el poder del gobierno en Estados Unidos. Desde principios del siglo XIX, los tribunales y los hacedores políticos de EEUU reconocen que —al menos en teoría— los gobiernos americanos tienen una jurisdicción muy limitada dentro de las tierras tribales, más allá de lo que conceden los tratados entre Estados Unidos y cada tribu. Así pues, en teoría, las tierras tribales dentro de los EEUU sirven para limitar la soberanía territorial tanto del gobierno de EEUU como de los gobiernos estaduales.
En la práctica, por el contrario, la realidad de la debilidad geopolítica de las tribus ha supuesto durante mucho tiempo que tanto el gobierno de EEUU como los gobiernos de los estados miembros hagan lo que quieran en las tierras tribales. Además, esta usurpación de la soberanía tribal por parte de EEUU fue prácticamente incuestionable desde finales del siglo XIX hasta la década de 1980, reforzada en gran medida por la sentencia de 1987 en el caso California v. Cabazon Band of Mission Indians.
Sin embargo, en las últimas décadas, los tribunales federales y el Congreso de EEUU han cedido, posiblemente, cada vez más independencia a los gobiernos tribales.
[Más información: «Lo que la Corte Suprema acertó en su fallo sobre la tribu india indígenas», por Ryan McMaken]
El mes pasado, sin embargo, la Corte Suprema volvió a dar un paso en falso con su sentencia en el caso Oklahoma v. Castro-Huerta. Castro-Huerta es en gran medida una reconsideración de la sentencia del SCOTUS de 2020 en el caso McGirt contra Oklahoma, que había solidificado la soberanía tribal en el este de Oklahoma en relación con el régimen de Oklahoma City. Esencialmente, McGirt amplió la capacidad de los tribunales tribales para perseguir los delitos en tierras tribales de acuerdo con la ley tribal. Dicho de otro modo, McGirt amplió la soberanía tribal al limitar la capacidad de los gobiernos estatales de imponer leyes estatales en tierras tribales. (Lamentablemente, el fallo seguía concediendo a los tribunales federales cierta jurisdicción dentro de las tierras tribales, aunque McGirt estaba preparando el camino para una soberanía tribal aún mayor también en relación con el gobierno federal).
Sin embargo, la sentencia Castro-Huerta frena las recientes ampliaciones de la autonomía tribal. Amplía aún más el poder del gobierno estatal en las tierras tribales y «aclara» que la soberanía tribal no es tan importante como el tribunal había sugerido en 2020. De hecho, el fallo sugiere que las tierras tribales no son realmente independientes de la jurisdicción estatal en absoluto. Peor aún, el fallo también mantiene que el gobierno federal seguirá teniendo jurisdicción en las tierras tribales en una «asociación» con el gobierno estatal. Lógicamente, entonces, si las tierras indígenas son simplemente parte de Oklahoma, esto significa que los tribunales federales y los agentes federales tienen ahora efectivamente un papel y una jurisdicción ampliados dentro del propio Oklahoma. En pocas palabras, Castro-Huerta consigue ampliar el poder estatal en relación con las tierras tribales, y amplía el poder federal en relación con los estados.
Para los que estamos interesados en frenar el poder del gobierno, Castro-Huerta es ciertamente una sentencia desafortunada.
El problema del fallo—escrito por el juez Kavanaugh—no pasó desapercibido para el juez Gorsuch, que es, de lejos, el mejor juez de la Corte Suprema en la mayoría de los ámbitos, incluidos los asuntos tribales. Gorsuch escribió una mordaz (e informativa) disidencia al fallo, declarando,
La fuente del error de la Corte es fundamental. A lo largo de la mayor parte de su dictamen, el Tribunal parte de la premisa de que Oklahoma posee un poder soberano «inherente» para perseguir los delitos en las reservas tribales hasta que el Congreso «se adelante» a esa autoridad..... La Corte subraya que los Estados normalmente ejercen amplios poderes policiales dentro de sus fronteras en ausencia de alguna ley federal preventiva.
Pero el esfuerzo por meter a las tribus en ese paradigma es un error de categoría. Las tribus no son organizaciones privadas dentro de los límites del Estado. Sus reservas no son campamentos privados glorificados. Las tribus son soberanas. Y la regla de prelación que se les aplica es exactamente la opuesta a la regla normal. La soberanía tribal significa que las leyes penales de los Estados «no pueden tener fuerza» sobre los miembros de las tribus dentro de los límites tribales, a menos que el Congreso ordene claramente lo contrario.... Después de todo, el poder de castigar los delitos cometidos por o contra sus propios ciudadanos dentro de su propio territorio, con exclusión de otras autoridades, es y ha sido siempre uno de los atributos más esenciales de la soberanía.... Tampoco es esta «noción», ... un artefacto desechado de una época pasada. Sin duda, Washington, Jefferson, Marshall y tantos otros en la fundación de la nación apreciaban el estatus soberano de las tribus nativas americanas.... [Los propios casos de la Corte han reafirmado sistemáticamente este punto.
De hecho, apenas tenemos que mirar mucho más allá de 2019 y 2020 para encontrar sentencias que respalden las reclamaciones de soberanía tribal. El propio caso McGirt es uno de ellos, y también podemos señalar el caso Herrera contra Wyoming de 2019. En ese caso, el tribunal dictaminó que los tratados entre el gobierno americano y los gobiernos tribales garantizan al menos cierto nivel de soberanía y autonomía—y que los gobiernos estatales no pueden simplemente abolir esta autonomía cuando les convenga. Antes de esto, el gobierno estatal había argumentado, en efecto, que las reservas indias dejaban de ser independientes cuando el estado en el que se encontraba la reserva alcanzaba la condición de estado.
Gorsuch continúa señalando que las barreras legales y constitucionales a las violaciones de la soberanía tribal a nivel estatal son numerosas:
Para tener éxito [en demostrar que la ley de Oklahoma sustituye a la soberanía tribal], Oklahoma debe negar los fallos adversos de sus propios tribunales; ignorar su reconocimiento de 1991 de que carece de autoridad legal para juzgar casos de este tipo; e ignorar los principios fundamentales de la soberanía tribal, un tratado, la Ley de Habilitación de Oklahoma, su propia constitución estatal y la Ley Pública 280. ... Oklahoma debe perseguir una propuesta tan novedosa y tan improbable que en más de dos siglos ningún Estado la ha intentado con éxito en este Tribunal.
¿Pero qué hay de las limitaciones a los abusos federales de la soberanía tribal? La desafortunada respuesta es reconocida indirectamente por Gorsuch cuando señala que la soberanía tribal sí puede ser modificada cuando «el Congreso ordena claramente lo contrario». En otras palabras, el Congreso sigue teniendo la capacidad de modificar unilateralmente los términos de las relaciones entre el gobierno federal y las tribus. En las últimas décadas, el Congreso ha tendido a respetar cada vez más la soberanía tribal, pero si la soberanía tribal se reduce a un mero acto del Congreso, es una caña bastante débil de la que colgar cualquier tipo de verdadera independencia política.
[LEA MÁS: Feds to Indian Tribes: We (Probably) Won’t Prosecute You If You Grow Cannabis]
No hace falta que nos vayamos a los malos tiempos de los internados indios y los robos de tierras tribales de hace noventa o cien años para ver ejemplos de lo que ocurre cuando el Congreso decide ignorar la soberanía tribal. Quizá la violación más flagrante que muchos recuerdan sea la creación del lago Sakakawea a finales de la década de 1940. En ese caso, el Congreso decidió confiscar algunas de las mejores tierras de pastoreo de Dakota del Norte a tres tribus diferentes con el fin de construir una presa en otro río. Las tribus no podían hacer mucho, sobre todo porque eran los años de la posguerra y del New Deal, en los que el gobierno federal gozaba de un inmenso prestigio y de un poder casi ilimitado. Al fin y al cabo, se trataba del mismo gobierno que metió a los ciudadanos de EEUU de ascendencia japonesa en campos de concentración—con la aprobación del Tribunal Supremo.
Si las tribus de Dakota del Norte hubieran podido oponerse a la expropiación federal de tierras para el lago Sakakawea, esto habría sido un freno muy necesario al poder federal. Por desgracia, eso nunca ocurrió.
En última instancia, sin embargo, la soberanía tribal es algo bueno de la misma manera que lo es el federalismo: descentraliza el poder del gobierno y permite una mayor autodeterminación local. El razonamiento de Castro-Huerta y Kavanaugh, en cambio, consolida tanto el poder estatal como el federal, empujándonos hacia una mayor centralización tanto a nivel regional como nacional. Eso es un error.
