La idea generalizada es que la policía y el encarcelamiento son herramientas necesarias para proteger al público de los delincuentes. Pero también parece que estas medidas son herramientas útiles para un Estado que desea dominar a sus ciudadanos.
Lo que alguna vez fue un símbolo de la libertad y la independencia americana, los automóviles, se está transformando rápidamente en una jaula de alta tecnología que vigila cada uno de sus movimientos y puede anular sus decisiones a voluntad.
Las pandemias plantean un supuesto desafío para los libertarios, algunos sostienen que los gobiernos deberían tener la facultad de ordenar cuarentenas e imponer requisitos de vacunación. Resulta que el estatismo empeora las cosas —y que los mercados libres ofrecen las mejores soluciones.
Los confinamientos por la COVID-19 no sirvieron de nada para la salud pública, pero reforzaron enormemente el control del gobierno sobre nuestras vidas. No podemos permitir que esto vuelva a suceder.
La libre expresión no consiste en proteger el punto de vista personal de cada uno. Consiste en promover y proteger la libertad individual.
Nos dicen que se necesita una «vigilancia constante» para proteger nuestra libertad. Pero, ¿qué pasa si la entidad que nos quita la libertad tiene las armas y la «ley» de su lado?
Al oponerse a la justicia y hacer caso omiso de los datos científicos, el cuerpo docente y la administración de la Universidad de Duke perjudicaron a toda la educación superior durante el infame caso del equipo de lacrosse.
Cuando en 2006 se presentaron acusaciones de violación y agresión contra el equipo de lacrosse de la Universidad de Duke, tanto la policía de la ciudad de Durham como el fiscal del distrito Michael Nifong infringieron la ley para imputar a tres jóvenes que eran claramente inocentes.
El caso Duke Lacrosse nunca habría llegado a las cortes si la policía y los fiscales a cargo del caso no hubieran mentido e infringido la ley en numerosas ocasiones. A continuación, presentamos una pequeña muestra de las mentiras que contaron.
Aunque Cuba no representa ninguna amenaza para los EEUU, la administración Trump continúa con sus políticas criminales de sanciones y otras restricciones en un intento por imponer un «cambio de régimen» en el país.
