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Seguro de depósitos: no es una garantía, sino una etiqueta de advertencia

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) es considerada por muchos como un pilar de la estabilidad financiera —una garantía silenciosa de que los depósitos bancarios son seguros, que el sistema es sólido y que el público no tiene por qué preocuparse. Pero esta narrativa oculta una verdad más profunda: el seguro de depósitos no es una garantía de integridad monetaria, es una etiqueta de advertencia que confirma la fragilidad sistémica.

La FDIC no existe porque los depósitos sean dinero, sino porque no lo son. Es el reconocimiento institucional de que los depósitos bancarios son pasivos contingentes, no instrumentos soberanos. Su fiabilidad no depende de la solvencia del banco emisor, sino de la promesa del gobierno federal de intervenir cuando esa solvencia falle.

La naturaleza de los depósitos

Los depósitos bancarios no son dinero. Son asientos contables —saldos contables que representan la responsabilidad del banco ante el depositante. No son moneda de curso legal, no son reservas del banco central, no son capital. Son promesas de pago, no pagos en sí mismos.

Estos saldos emulan el comportamiento monetario a través de una coreografía institucional: los bancos abonan y cargan cuentas para simular el intercambio. Pero los instrumentos subyacentes son medios fiduciarios —es decir, derechos sobre el dinero, no dinero en sí. La garantía de la FDIC no transforma estos derechos en dinero, sino que simplemente respalda la ilusión de que son seguros, estables y canjeables a la vista.

Lo que realmente dice el seguro de depósitos

La existencia del seguro de depósitos no es un signo de fortaleza, sino de debilidad sistémica. Nos dice lo siguiente:

  • Que los depósitos no son dinero y deben estar garantizados por el gobierno federal para que sean confiables;
  • Que los bancos no son lo suficientemente solventes como para honrar todas las reclamaciones sin apoyo externo;
  • Que la confianza del público en el sistema bancario es fabricada institucionalmente, no ganada orgánicamente.

Si los depósitos fueran dinero, no necesitarían seguro. La moneda de curso legal no viene con una garantía, sino que es la garantía. El seguro de depósitos es el equivalente institucional de una etiqueta de advertencia: «Este producto puede no funcionar como se anuncia en condiciones de estrés». La FDIC no lo oculta, lo imprime en negrita en cada garantía. Esto lo dice todo.

El riesgo moral

Al garantizar los depósitos, la FDIC socializa el riesgo de la creación de crédito privado. Los bancos tienen incentivos para ampliar sus balances, sabiendo que los depositantes no les impondrán disciplina. El público se deja llevar por una falsa sensación de seguridad, mientras que el sistema subyacente se vuelve más apalancado, más frágil y más dependiente de la intervención del banco central. El seguro de depósitos no elimina el riesgo, lo redistribuye: del sector bancario al contribuyente, de las instituciones privadas a la confianza pública.

Claridad filosófica

El dinero no es una promesa, es una liquidación definitiva. Los depósitos no son propiedad, son derechos sobre la propiedad. El seguro de depósitos no es un estabilizador, es una admisión federal de que el sistema no puede sostenerse por sí solo.

Para restablecer la claridad, debemos distinguir entre:

  • Dinero: soberano, definitivo, definido legalmente;
  • Crédito: privado, contingente, revocable;
  • Capital: absorbente de pérdidas, generado internamente;
  • Medios fiduciarios: crédito artificial, dinero emulado, derechos circulantes.

La FDIC confirma que el sistema bancario se basa en medios fiduciarios, no en dinero, y que el público debe estar protegido de las consecuencias de esa emulación.

Conclusión

El seguro de depósitos no es una garantía, es una etiqueta de advertencia. Nos dice, en un lenguaje institucional audaz, que el sistema es frágil, que los depósitos no son dinero y que el público debe ser protegido de la verdad. Si queremos un sistema monetario sólido, debemos empezar por restaurar la claridad definicional y reconocer que la confianza no puede fabricarse mediante garantías federales.

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