En una escalada significativa de la participación federal en la empresa privada, el presidente Trump afirmó que Intel había acordado en una reunión la semana pasada ceder al gobierno de los EEUU una participación accionarial del 10 % a cambio de convertir las subvenciones gubernamentales prometidas a la empresa en dificultades bajo la administración anterior. Días antes de la reunión, Trump había pedido la dimisión del director ejecutivo Lip Bu Tan por sus supuestos vínculos con China —una medida que, combinada con la participación accionarial, indica una creciente voluntad de difuminar la línea entre la propiedad privada y el control estatal. Por su parte, SoftBank reveló la compra del 2 % de las acciones en circulación de Intel poco después de la reunión. Durante la jornada bursátil de hoy, las acciones de Intel subieron un 5,53 %, aunque el precedente de las reclamaciones federales sobre el capital social suscita preocupaciones a largo plazo sobre los derechos de propiedad y la politización de la toma de decisiones empresariales. Esto recuerda episodios anteriores de la política industrial de EEUU, como los controles de la producción en tiempos de guerra y las intervenciones en crisis financieras, cuando los gobiernos asumieron participaciones temporales o el control directo de empresas privadas.
Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta sobre esta participación accionarial y sus implicaciones:
Por un lado, esta participación accionarial sienta un precedente para la futura propiedad gubernamental de las empresas de América. Cabe preguntarse: si el gobierno de los EEUU posee hoy el 10 % de Intel, ¿por qué no el 15 % de Walmart mañana? Las intervenciones anteriores de los EEUU —como los controles de producción en tiempos de guerra o las participaciones accionariales de la era TARP—, estaban explícitamente vinculadas a crisis y acompañadas de planes de salida claros. Los inversores entendían estas medidas como extraordinarias y temporales, con la expectativa de una eventual privatización.
Este caso difiere en todos esos aspectos: no hay situación de guerra, ni crisis financiera, ni cláusula de caducidad. La ausencia de una estrategia de salida definida apunta a una posible normalización de la propiedad estatal de acciones. Una vez que la propiedad del gobierno se desvincula de las situaciones de emergencia, pasa de ser una intervención puntual a una posibilidad institucional. Los inversores deben ahora valorar el riesgo de que los objetivos políticos influyan cada vez más en el gobierno corporativo y la toma de decisiones en el futuro.
Además, crea complicaciones competitivas para otras empresas del sector. La participación accionarial altera los incentivos financieros del gobierno hacia el sector. Incluso sin ser propietarios, los reguladores pueden gravar o imponer costes de cumplimiento, pero carecen de un interés pecuniario directo en los beneficios de una empresa concreta. Una vez que el Estado se convierte en un acreedor residual, obtiene tanto el motivo como los medios para inclinar el terreno de juego.
Como predice la teoría de la elección pública, los beneficios concentrados y los costes dispersos invitan a la búsqueda de rentas; la participación accionarial simplemente magnifica el rendimiento de ese favoritismo político, lo que aumenta el riesgo a largo plazo de un monopolio patrocinado por el Estado.
También crea incertidumbre entre los inversores. Un inversor tiene que preocuparse si el gobierno decide que su empresa no se gestiona de la forma que considera más productiva para el interés colectivo. Es más probable que los objetivos políticos no pecuniarios influyan en la toma de decisiones de las empresas, lo que crea una prima de riesgo y, por lo tanto, un mayor descuento sobre los ingresos netos futuros.
Las empresas que serían submarginales en un mercado libre se convierten en empresas marginales gracias a la búsqueda exitosa de rentas. Esto impide que los factores se asignen a aquellas líneas de producción que satisfacen las demandas más urgentes de los consumidores. La toma de decisiones por parte del Estado como representante de los accionistas privados socava la propiedad privada.
Además, la administración ha impuesto un impuesto a la exportación a Nvidia y AMD, exigiendo pagos por los chips exportados a China a cambio de licencias de exportación. La política introduce una discrepancia entre las preocupaciones de seguridad nacional declaradas por la administración y su disposición a permitir las ventas a condición de que se efectúen pagos. Si bien el impuesto perjudicará a la industria china, su efecto inmediato recae sobre las propias Nvidia y AMD. Los impuestos no se transfieren hacia adelante. El efecto del impuesto a la exportación será una reducción de los ingresos netos. Esta reducción se transmite hacia atrás a través de la estructura de producción, lo que en última instancia reduce los lucros empresariales y el valor marginal de la tierra y el trabajo. A largo plazo, las empresas marginales de toda la estructura de producción abandonan la línea de producción y los factores se retiran de las líneas que satisfacen las demandas más urgentes de los consumidores. Dado que unos ingresos netos más bajos también significan menos ganancias retenidas para reinvertir con el fin de contrarrestar la depreciación o ampliar la estructura de capital, la política acaba acelerando el consumo de capital e impidiendo la acumulación de capital.
