El argumento moderno a favor de las reparaciones se basa en la aplicación retroactiva de estándares legales y morales que no existían cuando se practicaba la esclavitud. La esclavitud en los Estados Unidos fue legal durante siglos. Aunque moralmente controvertida, no era ilegal, y cuando se abolió la institución, los antiguos esclavos no fueron compensados por su servidumbre. Su emancipación no trajo consigo una restitución económica, ni se castigó a los esclavistas por acciones que habían sido legales bajo el sistema de gobierno de la época. Dado que no se concedió ninguna compensación cuando la injusticia era más inmediata, es difícil justificar su concesión más de un siglo y medio. Por lo tanto, el argumento a favor de las reparaciones depende de proyectar la sensibilidad moral actual hacia atrás, a una sociedad que no funcionaba bajo esos estándares.
Además, una vez que se examina el movimiento más de cerca, su naturaleza selectiva se hace evidente. El debate sobre las reparaciones no se basa en un principio universal de restitución. En cambio, eleva ciertas reivindicaciones históricas mientras ignora otras que se basan en fundamentos jurídicos más sólidos. Un ejemplo llamativo es la ausencia de campañas globales que exijan una compensación para la nobleza europea cuyas propiedades fueron confiscadas durante la Revolución francesa, la Revolución Rusa y otros grandes levantamientos. Muchas de estas familias pueden identificar con precisión qué propiedades fueron confiscadas, y a menudo se conservan documentos de archivo que permiten verificar la propiedad. Sus casos son más concretos que las amplias reclamaciones ancestrales vinculadas a una institución que, aunque inmoral, era legal en su contexto histórico. Sin embargo, estas familias nobles son descartadas por ser privilegiadas y, por lo tanto, indignas de restitución, lo que demuestra que el discurso sobre las reparaciones está menos determinado por una lógica moral coherente que por las simpatías ideológicas contemporáneas.
Esta inconsistencia se hace aún más patente cuando se compara la situación socioeconómica de los afroamericanos con la de los africanos. La esperanza de vida media de los afroamericanos es de 72,8 años, mientras que la de los nigerianos es de unos 56,05 años. Del mismo modo, la tasa de alfabetización entre los afroamericanos es de aproximadamente el 88 %, frente al 80,3 % de Ghana. Estas cifras revelan que los afroamericanos disfrutan de un nivel de vida considerablemente más alto que el de muchas poblaciones africanas.
Además, los Estados Unidos ha invertido enormes recursos institucionales en programas diseñados para promover el avance de los afroamericanos en los ámbitos empresarial, académico y científico. Las iniciativas de becas, los canales de contratación de empresas, las asociaciones con universidades y los programas de mentoría conforman en conjunto un entorno que apoya activamente la movilidad ascendente. Ante estas condiciones, resulta difícil sostener la afirmación de que los afroamericanos siguen siendo objeto de una opresión única.
La incoherencia interna del discurso sobre las reparaciones se hace aún más evidente cuando se compara con los precedentes históricos en los que la compensación se aceptaba como una consecuencia natural del conflicto. A lo largo de la historia, los vencedores han exigido reparaciones a los vencidos. Este principio se mantuvo firmemente vigente durante el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas llevaron a cabo una de las mayores transferencias de capacidad industrial, conocimientos científicos y propiedad intelectual jamás realizadas. Estas acciones no fueron gestos simbólicos, sino extracciones materiales radicales que remodelaron las economías nacionales. La Unión Soviética inspeccionó aproximadamente 17 000 instalaciones industriales alemanas y designó unas 4300 para su traslado, entre las que se encontraban grandes fábricas, centros de fabricación de herramientas y plantas esenciales.
Sin embargo, a finales de la década de 1940, los soviéticos habían reubicado más de un tercio de la capacidad productiva de su zona de ocupación, tras llegar a la conclusión de que era poco probable que los aliados occidentales cumplieran el acuerdo de desmantelar las fábricas y transportarlas al este. Además, en determinados sectores, se trasladó más del 80 % de las máquinas herramienta y el 60 % de los equipos especializados. Más allá del desmantelamiento, los aliados impusieron límites máximos de producción que restringían la producción alemana de acero, máquinas herramientas y productos químicos a menos de la mitad de los niveles anteriores a la guerra. Estas restricciones tenían por objeto impedir que Alemania recuperara su independencia industrial. El proceso de desmantelamiento fue a menudo caótico, caracterizado por una falta casi total de coordinación que se tradujo en la pérdida de planos, la rotura de maquinaria y el abandono de envíos. Sin embargo, este desorden no socavó la legitimidad de la empresa dentro de la lógica aceptada del acuerdo de posguerra.
Además, la extracción de recursos alemanes después de la guerra se extendió más allá de los activos físicos. Además del desmantelamiento industrial y el traslado forzoso de científicos en operaciones como Osoaviakhim, en la que miles de especialistas alemanes fueron transportados a la Unión Soviética y descritos como «esclavos alemanes» capturados en «redadas de secuestro rojas», según todos los indicios, los aliados llevaron a cabo una incautación sistemática de la propiedad intelectual de Alemania. A este respecto, es importante señalar que la transferencia de conocimientos no fue simplemente un subproducto de la ocupación, sino una estrategia deliberada destinada a reforzar la ventaja tecnológica de los Aliados. El experto americano en patentes Edwin Prindle propuso distribuir las patentes alemanas entre las naciones vencedoras para eliminar la duplicación y maximizar su utilidad, y Francia afirmó su autoridad jurisdiccional sobre el acceso a las patentes en su zona. De manera similar, en una conferencia celebrada en Londres en 1946 se intentó coordinar la política, y toda la oficina de patentes alemana fue microfilmada para que las potencias ocupantes pudieran controlar el acceso. Más allá de estas acciones oficiales, los conocimientos patentados de las empresas alemanas se transfirieron a empresas extranjeras, lo que aceleró su desarrollo y restringió la capacidad de Alemania para reconstruir una base industrial competitiva. En efecto, la producción intelectual de toda una nación se redistribuyó entre sus rivales.
A pesar de la enorme magnitud de estas extracciones, nadie sostiene que los Estados Unidos, Gran Bretaña o Rusia deban reparaciones a Alemania. La comunidad internacional acepta que la guerra produce resultados irreversibles, que los vencedores configuran el orden de posguerra y que las transferencias materiales son una parte normal del acuerdo. Ningún movimiento exige una compensación por las fábricas desmanteladas, los científicos deportados o las patentes confiscadas. Sin embargo, cuando el tema se centra en las reparaciones para los afroamericanos, esta lógica histórica de larga data se abandona de repente. Los defensores insisten en que los acontecimientos que tuvieron lugar bajo instituciones legales hace más de un siglo deben ahora ser compensados económicamente, mientras que se ignoran reclamaciones más concretas basadas en la propiedad, como las de la nobleza europea.
El resultado es un discurso que carece de coherencia. Aplica el razonamiento moral de forma inconsistente, adopta normas retroactivas solo cuando le conviene y pasa por alto las condiciones significativamente mejoradas de las que disfrutan hoy en día los afroamericanos. Al mismo tiempo, ignora reclamaciones más sólidas y claramente documentadas porque no se ajustan a las narrativas ideológicas predominantes. Hasta que el movimiento de reparaciones no adopte principios que puedan aplicarse de forma universal en lugar de selectiva, seguirá basándose no en el razonamiento histórico, sino en la conveniencia política.
