La industria turística de Jamaica está experimentando un crecimiento sin precedentes. La llegada de visitantes ha alcanzado cifras récord, se están abriendo nuevos hoteles en toda la isla y el gobierno ha introducido importantes reformas para mejorar la situación de los trabajadores y profesionalizar el sector. El lanzamiento de una Academia Nacional de Turismo y la introducción de un plan de pensiones para los trabajadores del sector señalan una nueva y audaz fase en el desarrollo económico del país. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, los medios de comunicación internacionales siguen calificando erróneamente el producto turístico de Jamaica de excluyente y racista.
El 11 de julio de 2025, el periódico británico The Guardian publicó una entrevista en vídeo en la que afirmaba que se estaba privando a los jamaicanos del acceso a sus propias playas. El reportaje se centraba en la historia legal del acceso a la playa en Jamaica, citando concretamente la Ley de Control de Playas de 1956 y argumentando que no garantiza a los jamaicanos el derecho a la playa. El artículo ha suscitado protestas públicas, ha reavivado viejos agravios y ha desencadenado una nueva oleada de críticas contra la industria turística del país.
Sin embargo, esta narrativa es engañosa. La Ley de Control de Playas de 1956 debe entenderse dentro de su contexto histórico y jurídico. No crea un derecho positivo de acceso a la playa para todos los ciudadanos, pero esto no es un descuido ni un acto de exclusión racial. Más bien, la legislación complementa la anterior Ley de Prescripción de 1882, que reconoce el acceso continuado a las playas que han sido utilizadas tradicionalmente por el público para recreo o pesca. En este marco, el uso prolongado puede establecer lo que se conoce como derechos prescriptivos.
En los casos en que las playas han sido históricamente utilizadas por las comunidades locales, los tribunales han defendido generalmente el derecho del público a su uso continuado. Pero la situación es diferente cuando se trata de playas de nueva construcción o de complejos turísticos. Si un hotel ha diseñado una playa como parte de su infraestructura, y esa playa nunca ha sido utilizada previamente por el público, entonces no existe ningún derecho prescriptivo. En estos casos, los propietarios están en su derecho de restringir el acceso, del mismo modo que se restringiría la entrada a una propiedad privada.
Esta distinción es crucial para entender la controversia actual en torno a la Laguna Azul de Portland. El movimiento ecologista Jamaica Beach Birthright ha presentado una demanda contra el Consejo Municipal de Portland y varios propietarios frente a la playa, exigiendo que se mantenga el acceso público a la Laguna Azul. El grupo sostiene que la Ley de Control de Playas es racista y está concebida para excluir a los jamaicanos del disfrute de su propio patrimonio natural.
Sin embargo, esta acusación es jurídica y filosóficamente dudosa. No existe un derecho general al medio ambiente ni a los espacios públicos. Los ciudadanos tienen derechos sobre sus bienes personales, sus hogares y sus cuerpos, pero no tienen un derecho legal automático sobre todas las zonas naturales del país. La Ley de Control de Playas es una norma práctica que trata de equilibrar los derechos de propiedad privada con los usos consuetudinarios. Su objetivo no es desposeer, sino gestionar el acceso de forma justa y sostenible.
Irónicamente, en respuesta a la creciente presión pública, el gobierno ha anunciado que los nuevos complejos hoteleros deben facilitar el acceso a los jamaicanos. Aunque pueda parecer un gesto conciliador, en realidad es un paso en la dirección equivocada. Obligar al acceso socava los derechos de propiedad e introduce confusión en lo que debería ser un marco jurídico claro. Los derechos de prescripción sólo se aplican a las playas con un historial de uso público. No se extienden a espacios de nuevo diseño o desarrollados comercialmente. Intentar anular la propiedad privada en nombre del acceso público amenaza con perturbar la inversión y debilitar la integridad del derecho de propiedad.
Al mismo tiempo, el gobierno ha reconocido la necesidad de mejorar las instalaciones de las playas públicas. Muchas de ellas se han visto afectadas por una gestión deficiente, la falta de servicios y un mantenimiento irregular. En los últimos años, se han realizado importantes inversiones para mejorar estas zonas y, en algunos casos, se exige una pequeña cuota de entrada para ayudar a cubrir los costes de mantenimiento y seguridad. El acceso gratuito por sí solo no es una solución si los espacios públicos están mal gestionados, son inseguros o poco atractivos.
Otro problema importante, pero del que a menudo no se habla, es la cultura de comportamiento que rodea a los espacios públicos en Jamaica. En muchas zonas públicas se infringen las normas, se vende sin autorización y se merodea. Estas prácticas, a menudo motivadas por las dificultades económicas, pueden degradar la experiencia tanto de los visitantes locales como de los turistas. Si se permite el acceso público sin restricciones a las playas mantenidas y desarrolladas por inversores privados, existe el riesgo de que estas zonas se invadan o se utilicen de forma inadecuada. Esto podría diluir la calidad misma del producto turístico de Jamaica, que se basa en el orden, la limpieza y una experiencia de primera para los huéspedes.
El sector turístico de Jamaica no se limita a atraer visitantes extranjeros. Es un motor de desarrollo nacional que da empleo a cientos de miles de jamaicanos y contribuye significativamente al crecimiento económico. El reciente lanzamiento de la Academia de Turismo y la introducción de pensiones para los trabajadores del sector son prueba de un compromiso más profundo con la sostenibilidad y la profesionalidad del sector. No se trata de cambios superficiales, sino de reformas estructurales que beneficiarán a las generaciones futuras.
Es lamentable que los medios de comunicación extranjeros opten por centrarse en cuestiones divisivas y cargadas de emotividad en lugar de destacar los avances de Jamaica. El retrato que hace The Guardian del país como uno en el que se niega a los locales el acceso a sus propias playas ignora los complejos factores jurídicos, económicos e históricos en juego. Y lo que es más importante, resta importancia a los enormes pasos que se han dado para transformar el sector turístico en una industria más integradora y preparada para el futuro.
Jamaica está avanzando. El país está modernizando su infraestructura turística, invirtiendo en capital humano y garantizando la protección y el respeto de los trabajadores. El marco jurídico en torno al acceso a las playas no es perfecto, pero procura proteger en cierta medida los derechos de propiedad. En lugar de echar abajo la industria turística con acusaciones de racismo y exclusión, deberíamos centrarnos en mejorar los servicios públicos, aclarar las leyes de propiedad y fomentar una cultura de respeto mutuo.
El turismo no es sólo un negocio en Jamaica, es un recurso nacional vital. Para protegerlo y hacerlo crecer, Jamaica debe resistirse a las demandas populistas que ignoran la realidad jurídica y amenazan la estabilidad económica. La isla tiene mucho que ofrecer y su población merece beneficiarse de las oportunidades que brinda un sector turístico próspero.
