«La guerra es la salud del Estado». Esa frase, acuñada por Randolph Bourne, explica por qué la oposición a la guerra es una prioridad para muchos libertarios.
La guerra permite a los gobiernos aumentar el gasto, los impuestos y la regulación para alimentar la maquinaria bélica. Las guerras pueden justificar medidas que se mantienen vigentes mucho tiempo después de que estas hayan terminado. Un ejemplo de ello es la retención del impuesto sobre la renta, que se creó para financiar la Segunda Guerra Mundial.
El uso de la guerra como justificación para una mayor injerencia en el mercado es motivo suficiente para que los libertarios se opongan a ella. Sin embargo, la guerra también permite al Gobierno violar la libertad. Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln suspendió el hábeas corpus, cerró periódicos e instauró el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio también se utilizó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como en Corea y Vietnam. Durante la Primera Guerra Mundial, el Congreso aprobó la Ley de Sedición, que prohibía las críticas al gobierno. Las violaciones generalizadas de la libertad son un sello distintivo de la actual «guerra contra el terrorismo». Un ejemplo infame del uso de la guerra para justificar violaciones de la libertad es el internamiento de los japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, no es de extrañar que la guerra con Irán pueda dar lugar a medidas represivas contra la libertad de expresión. Tras las críticas del presidente Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a la cobertura mediática de la guerra de Irán, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, publicó un mensaje en Twitter en el que advertía a las cadenas de televisión de que la FCC tiene la facultad de revocar sus licencias de emisión si no cumplen con su responsabilidad de actuar en «interés público». Se trataba claramente de una amenaza de revocar la licencia de cualquier cadena de televisión cuya cobertura de la guerra desagrade a la administración Trump.
Amenazar con utilizar las competencias de la FCC para cerrar las cadenas de televisión que no son del agrado del presidente constituye una flagrante violación de la Primera Enmienda por parte del presidente Carr. Es posible que el presidente Carr piense que puede conseguir que un tribunal apruebe la revocación de la licencia de una cadena de televisión por su cobertura de la guerra, alegando que pone en peligro la seguridad nacional. No sería, ni mucho menos, la primera vez que el gobierno utiliza la seguridad nacional como excusa para censurar a sus críticos.
Dado que los EEUU está librando la guerra contra Irán en colaboración con Israel y que la Administración Trump apoya que se califique de antisemitismo cualquier crítica a Israel, no es descartable que la oposición a la guerra sea tachada de discurso de odio antisemita y, por tanto, prohibida.
Se están desplegando miles de soldados de los EEUU en Oriente Medio. Dado que no se vislumbra el fin de la guerra y que el ejército de los EEUU ha asumido la tarea de garantizar el paso seguro de los petroleros por el estrecho de Ormuz, es posible que pronto necesite un aumento considerable de efectivos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ha negado a descartar la posibilidad de que el presidente Trump restablezca el servicio militar obligatorio.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) del año fiscal 2026 facilita más que nunca la aplicación del servicio militar obligatorio al inscribir automáticamente a todos los hombres de 18 años en el Servicio Selectivo. El servicio militar obligatorio parte de la premisa de que los derechos son concesiones del gobierno que pueden ser revocadas a voluntad de los funcionarios públicos.
Las violaciones de la libertad van de la mano de las guerras. Por lo tanto, la oposición a las guerras que no estén relacionadas con las necesidades legítimas de seguridad del país debe ser una prioridad para todos aquellos que valoran la libertad.
