Nos han enseñado a preocuparnos por la gente estúpida que está en el poder. Ese es un temor equivocado. Los sistemas corruptos no sobreviven porque nadie sea lo suficientemente inteligente como para ver más allá de ellos. Sobreviven porque las personas mejor situadas para sacarlos a la luz suelen ser las que más se benefician de mantenerlos intactos. La amenaza no es la falta de inteligencia, sino la inteligencia que se ha comprado —silenciosa y gradualmente, a través de incentivos, estatus y la lenta comodidad de la pertenencia institucional—. Esto incluye, hay que decirlo, la inteligencia de quienquiera que esté planteando este argumento.
La inteligencia no es sinónimo de independencia
Hay una historia halagadora que contamos sobre las personas inteligentes: que son más racionales, menos parciales y mejores a la hora de seguir las pruebas allá donde estas conduzcan. En su mayor parte, es errónea. Lo que realmente te aporta una gran inteligencia es un mejor conjunto de herramientas para la racionalización. Un hombre torpe defenderá una institución fallida con una lealtad de pegatina de parachoques. Uno brillante la defenderá con regresiones, citas y el vocabulario prestado de cualquier tradición intelectual que su institución haya colonizado.
La investigación de Jonathan Haidt deja claro el método: el razonamiento moral y político es casi siempre a posteriori. Primero llegamos a unas conclusiones —por interés propio, por identidad, por quién nos paga el sueldo— y luego construimos argumentos para justificarlas. Cuanto más inteligente se es, más convincentes resultan esos argumentos. Pero la conclusión solía estar ya decidida antes de que comenzara el razonamiento.
Obviamente, esto no significa que las personas inteligentes siempre se equivoquen. Significa que la correlación entre la inteligencia y la lealtad institucional es más fuerte de lo que a la mayoría de las personas inteligentes les gustaría admitir.
El credencialismo se defiende a sí mismo
Fíjate quiénes son los que más luchan por defender los sistemas de acreditación: las propias personas que forman parte de ellos. Esto no supone una condena total. En ocasiones, las acreditaciones reflejan la competencia. Los cirujanos certificados por el colegio de médicos son, por término medio, mejores en la cirugía que los que no lo están. El trabajo de Joseph Stiglitz, galardonado con el Premio Nobel, sobre las asimetrías de información en el mercado de la salud ofrece el argumento intelectual más sólido a favor de la acreditación. En mercados en los que los compradores no pueden evaluar la calidad directamente, la certificación puede ser un sistema genuino que mejore los resultados. Ese argumento merece respeto.
Pero el propio marco teórico de Stiglitz, si se aplica con honestidad, también predice el problema de la captura. Cuando el organismo que otorga las credenciales está controlado por quienes las poseen, cuando son los titulares de las licencias quienes establecen las condiciones de concesión, el sistema se corrompe. Deja de medir la competencia y empieza a medir el cumplimiento de las exigencias de quien controla el acceso. El Institute for Justice ha documentado que las licencias abarcan ahora aproximadamente a una cuarta parte de los trabajadores americanos, frente al cinco por ciento de los años 50. Esa expansión no ha ido acompañada de ningún aumento identificable del perjuicio para los consumidores por parte de profesionales sin licencia. Ha ido acompañada, con notable consistencia, del poder de presión de los profesionales ya establecidos. Stiglitz nos dio la teoría de por qué la acreditación puede funcionar. Los datos muestran en qué suele convertirse.
El argumento general de Bryan Caplan sigue la misma lógica hasta llegar a una conclusión más clara: la educación formal es, en gran medida, un indicio de conformismo más que de cumplimiento. Si tiene razón, todo intelectual acreditado tiene un interés económico directo en que él se equivoque —y argumentará en consecuencia, con sinceridad, porque la mente es genuinamente capaz de creer lo que necesita creer.
Los mercados también captan
Es aquí donde el argumento debe ser honesto consigo mismo; de lo contrario, se limitará a aparentar independencia en lugar de ejercerla. Las agencias de calificación crediticia —Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch— son entidades privadas que operan en mercados competitivos. En los años previos a 2008, calificaron como AAA —la calificación más alta posible, lo que implica un riesgo de impago casi nulo— a los títulos respaldados por hipotecas repletos de préstamos de alto riesgo. No eran burócratas del gobierno. Eran catedráticos. Eran analistas privados con ánimo de lucro que habían construido un modelo de negocio basado en que les pagaran los emisores cuyos productos calificaban. El informe final de la FCIC concluyó que sus fallos fueron fundamentales para el colapso.
El mecanismo era idéntico al que se describe en este artículo en el sector público: una clase de expertos cuya supervivencia institucional dependía de no ver lo que tenían justo delante. Los organismos de acreditación privados, las organizaciones de autorregulación del sector y la investigación financiada por las empresas muestran todos el mismo patrón. La forma de la institución cambia, pero la dinámica de los incentivos no.
El ensayo de Hayek «El uso del conocimiento en la sociedad» sigue siendo el argumento más sólido a favor de los sistemas descentralizados: estos aglutinan información dispersa que ninguna autoridad central puede poseer. Eso es cierto e importante. Pero su argumento se centra en la superioridad de los procesos de mercado frente a la planificación centralizada, no en una garantía de que las instituciones de mercado sean inmunes al tipo de fallo que describe este ensayo. Un mercado puede asignar correctamente los recursos y, aun así, dar lugar a una agencia de calificación que califique de segura una deuda tóxica, porque los ingresos de la agencia dependen de que lo afirme. La contradicción entre estos modos de fallo debilita ambos argumentos.
El fracaso se convierte en financiación
En un mercado real, el fracaso tiene consecuencias. En la clase de los expertos, el fracaso funciona de otra manera. Cuando un programa fracasa, la conclusión casi nunca es que el programa deba ponerse fin. Se necesitan más recursos, un mejor liderazgo, un nuevo marco de trabajo, una comisión. El fracaso no reduce el ámbito de competencia del experto; lo amplía.
La «guerra contra la pobreza» exige precisión en este punto. Los datos históricos de la Oficina muestran que las tasas sí descendieron a finales de la década de 1960; en eso tienen razón los defensores del programa. Lo que resulta más difícil de defender es la trayectoria posterior: un gasto sostenido con rendimientos decrecientes y controvertidos, un aparato administrativo que creció independientemente de los resultados y una incapacidad institucional casi total para llegar a la conclusión de que menos podría producir más. La cuestión no es si algún programa contra la pobreza ayudó alguna vez a alguien. La cuestión es si las instituciones que los gestionaban eran estructuralmente capaces de recomendar su propia reducción. Sesenta años de pruebas sugieren que no lo eran.
La política exterior sigue el mismo patrón. Cada intento fallido de construcción nacional genera más documentación que rendición de cuentas —informes, mesas redondas y análisis a posteriori— redactados por las mismas personas que diseñaron dicho fracaso. El centro de estudios no se disuelve cuando sus predicciones resultan erróneas. En cambio, organiza una conferencia.
Julien Benda vislumbró esta tendencia hace un siglo en La traición de los intelectuales: una intelectualidad que había abandonado la investigación desinteresada para servir a los intereses de clase y al poder institucional. Lo que Benda denominó «traición» es hoy una trayectoria profesional habitual. La traición no se produce en un único momento dramático. Se produce beca tras beca, ascenso tras ascenso, hasta que se vuelve invisible para quien la comete.
La complejidad como camuflaje
Cuando los defensores del sistema empiezan a perder el debate en cuanto al fondo, complican aún más las cosas. La escuela que produce graduados analfabetos no está fallando. Se trata de «una interacción multidimensional de variables socioeconómicas, desigualdades históricas y deficiencias en la aplicación». La agencia reguladora «capturada» no tiene un problema de corrupción. Se enfrenta a «un difícil equilibrio entre la participación de las partes interesadas y el mandato de hacer cumplir la ley». Parte de ese lenguaje refleja una complejidad genuina. Los resultados educativos realmente están determinados por factores socioeconómicos, y pretender lo contrario es en sí mismo un razonamiento motivado.
Pero la clave está en la asimetría: la complejidad se invoca sistemáticamente cuando las instituciones se enfrentan a críticas y desaparece cuando se atribuyen el mérito. En Intervencionismo: Un análisis económico, Mises explicó que cada intervención genera distorsiones que parecen exigir nuevas intervenciones, creando así una clase experta cuya autoridad crece en proporción a los problemas que ella misma ha contribuido a crear. La complejidad no es incidental, sino que soporta la carga.
La mente menos poseída —y sus límites
La persona más propensa a señalar lo obvio sobre una institución en crisis suele ser aquella que menos tiene que perder al decirlo. Los que están fuera ven lo que los de dentro se han acostumbrado a ignorar. Pero el argumento tiene que dar un giro aquí, de lo contrario no demuestra nada.
La tradición de pensamiento en la que se inspira este artículo —escéptica ante la concentración de poder, el consenso de los expertos y la permanencia institucional— cuenta con sus propios canales para mantener a su público, cuyas suposiciones resultaría profesionalmente incómodo cuestionar. La afirmación de que los expertos del establishment racionalizan sistemáticamente en función de sus intereses institucionales es o bien una observación universal sobre los incentivos humanos, o bien una defensa de sus propios intereses. Si es universal, también se aplica aquí.
¿Qué refutaría esta tesis? Si los expertos acreditados renunciaran de forma habitual y voluntaria a su propia autoridad institucional ante el fracaso —por ejemplo, suprimiendo programas, recomendando la desregulación de sus propios campos o publicando trabajos que socavan su propio estatus—, eso supondría un grave problema para el argumento. Existen casos de este tipo. Son lo suficientemente infrecuentes como para resultar llamativos, lo cual constituye en sí mismo un dato. Pero una teoría que no pueda dar cuenta de las excepciones no sería una teoría, sería una narrativa.
La inteligencia en manos de alguien que es verdaderamente libre de usarla es formidable. La inteligencia en manos de alguien cuyos ingresos e identidad dependen de que un conjunto de instituciones sigan gozando de buena reputación es otra cosa: el abogado defensor más sofisticado que jamás haya tenido un sistema fallido. El peligro no es que las personas inteligentes no puedan ver lo que está mal, sino que son lo suficientemente inteligentes como para saber exactamente cómo justificarlo —y, en ocasiones, lo suficientemente honestas como para darse cuenta de que lo están haciendo.
