El verdadero escándalo de nuestro tiempo no es que la inteligencia artificial esté sustituyendo al trabajo humano. El escándalo es que gran parte de ese trabajo estuviera mal asignado desde el principio. La IA no es el asesino —es el forense.
Durante décadas, gran parte de la fuerza laboral se ha desviado de las empresas productivas hacia funciones que no se sustentan en la demanda de los consumidores, sino en el Estado: crédito artificial, protección regulatoria, contratos estatales y coacción legal. Departamentos y funciones laborales enteros perduraron no porque crearan valor, sino porque estaban políticamente arraigados e institucionalmente protegidos de las fuerzas del mercado.
Esto nunca fue sostenible. En un mercado libre, todos los gastos deben justificarse por el servicio al consumidor. Pero bajo un régimen intervencionista, las empresas se convierten en cascarones burocráticos, sostenidos por privilegios. Los puestos de trabajo ya no existen para producir, sino para gestionar el cumplimiento, simular la productividad, realizar rituales de DEI y coordinar capas cada vez más amplias de supervisión sin sentido.
Lo que estamos presenciando hoy en día no es una disrupción causada por la IA: es la etapa terminal del orden estatista. La IA simplemente ha acelerado el ajuste de cuentas. Ha puesto de manifiesto lo absurdo de unos acuerdos que nunca deberían haber existido. No están siendo sustituidos por máquinas. Están siendo destruidos por la verdad.
Sin embargo, la tragedia más profunda no es la liquidación de los empleos artificiales, sino que no se permite que ningún empleo real los sustituya. La economía ya no puede reasignar la mano de obra. El Estado ha ilegalizado la corrección económica.
Al iniciar un pequeño negocio, la regulación y los impuestos te estrangulan antes de tu primera factura. No puedes crecer orgánicamente —los costos de cumplimiento y las cargas de presentación de informes aumentan más rápido que tus ingresos. No puedes contratar libremente —las leyes laborales y las barreras de acreditación excluyen a los más productivos y dispuestos. Ni siquiera puedes trabajar de manera informal —las licencias, las auditorías y las multas garantizan que la producción pacífica fuera de los canales estatales sea criminalizada.
Mientras tanto, las pocas megacorporaciones que siguen en pie —capaces de navegar por el laberinto legal—, están infladas más allá de lo razonable, desangrando a personal que nunca necesitaron pero que temían despedir. Estas empresas están tan profundamente entrelazadas con el Estado que no pueden funcionar sin su apoyo, pero al mismo tiempo se ven asfixiadas por sus mandatos. El mismo sistema que una vez las protegió ahora las está destruyendo.
Esto no es capitalismo en crisis. Es capitalismo negado.
El resultado es una economía que no puede crecer ni corregirse —solo decaer. La ilusión de la productividad se ha derrumbado. El andamiaje que la sostenía se está desmoronando. En lugar de aflojar su control, el Estado lo refuerza.
No se trata de una recesión temporal ni de una disrupción tecnológica. Es el final del intervencionismo —un régimen que se derrumba bajo el peso de sus propias contradicciones. Es el capitalismo de Estado devorándose a sí mismo.
