Las negociaciones sobre el aumento del techo de la deuda federal continúan en Washington. Como ha ocurrido varias veces en los últimos veinte años, Republicanos y Demócratas utilizan actualmente el aumento del techo de la deuda como moneda de cambio en la negociación sobre cómo se gastará el dinero de los impuestos federales.
La mayor parte de esto es teatro. Sabemos cómo acaban siempre estas negociaciones: siempre se aumenta el techo de la deuda, se contrae una enorme cantidad de nueva deuda federal y el gasto federal continúa su espiral ascendente. De hecho, desde la última vez que soportamos un gran debate sobre el techo de la deuda —en 2013—, la deuda nacional casi se ha duplicado, pasando de 16,7 billones de dólares hace diez años a 32 billones en 2023. En ese mismo periodo, el gasto federal ha aumentado más del 80%, de 3,4 billones de dólares en el año fiscal 2013 a 6,2 billones en el año fiscal 2022.
Así que aquí estamos de nuevo con los responsables políticos discutiendo esencialmente cuánto tardarán la deuda nacional y el presupuesto federal en duplicarse de nuevo. En lo que respecta a Washington, todo está bien. El techo de la deuda aumentará considerablemente. Sabemos esto porque lo que realmente importa —en lo que respecta a los responsables políticos de DC— es que el tren de la gratificación de los contribuyentes nunca se detiene. Igualmente importante es que el gobierno federal no incumpla ninguna de sus deudas masivas para garantizar el acceso continuado a la deuda barata —y por lo tanto a cantidades masivas de gasto deficitario— ahora y siempre.
Sin embargo, para tomar esta narrativa al pie de la letra, tenemos que tragarnos algunos grandes mitos que los responsables políticos repiten con bastante entusiasmo. Estas mentiras persisten porque el régimen necesita convencer a los votantes y a los contribuyentes de que, pase lo que pase, nunca se permitirán cambios importantes en el statu quo fiscal y de gasto. Veamos ahora tres de esos mitos.
Uno: los Republicanos quieren austeridad
En Washington, cuando los políticos utilizan la palabra «recorte», suelen referirse a pequeñas reducciones del ritmo de aumento del gasto. Por ejemplo, si el gasto del Pentágono ha estado aumentando a un ritmo del 2% anual (que ha sido, de hecho, la media de la última década), entonces un aumento el año que viene del 1,5% será denunciado por algunos como un «recorte». En realidad, no es un recorte en absoluto, por supuesto. El gasto ha aumentado. Pero en la mente de los responsables políticos de Washington, el dinero de los contribuyentes es legítimamente suyo, por lo que cualquier desaceleración en el flujo de dinero libre es tachada de «recorte».
Esa es la premisa básica de lo que estamos viendo ahora cuando los defensores de los aumentos ilimitados del techo de la deuda se lamentan de los «recortes» a la Seguridad Social o a cualquier otro programa de beneficencia. En el debate actual, los Republicanos dicen que quieren «menos gasto que el año pasado» para el año fiscal 2023, y luego un «tope» de gasto con aumentos del 1% cada año durante los diez años siguientes.
Pero antes de que nadie afirme que se trata de algún tipo de «recorte» significativo, echemos un vistazo a los gastos federales de los últimos veinte años (el total del año fiscal 2023 es la pronóstico de la CBO):
Tras una cierta moderación del gasto durante el segundo mandato de Obama, el gasto volvió a acelerarse durante los años de Trump y luego se disparó a nuevos máximos históricos cuando Trump redobló los aumentos masivos del gasto durante el pánico Covid. Naturalmente, este aumento continuó durante los años de Biden, y ahora el gasto se mantiene muy por encima de la tendencia. De hecho, para devolver el gasto a la tendencia anterior a 2019 se necesitarían recortes presupuestarios masivos por un total de más de un billón de dólares en el presupuesto anual.
Eso no está en las cartas en este momento. Más bien, los Republicanos buscan una pequeña reducción del gasto desde la estimación de la CBO para 2023 de 6,4 billones de dólares hasta un gasto ligeramente inferior al de 2022 de 6,27 billones de dólares. Incluso con esta ralentización, no hay peligro de que la media móvil de 5 años caiga por debajo de donde estaba en 2022.
Según el plan del Partido Republicano, tras la minúscula reducción propuesta para 2023, se vuelve a aumentos anuales del uno por ciento. Pero es importante recordar que este «tope» del 1% de aumento anual no es vinculante en modo alguno para futuros Congresos. El Congreso puede —y lo hará, si la historia sirve de guía— olvidarse de cualquier acuerdo anterior y aumentar el gasto para satisfacer las «necesidades» percibidas en cualquier momento.
Más bien, los «recortes» de los que seguimos oyendo hablar —incluso si el Partido Republicano tiene éxito— es probable que se parezcan al llamado «secuestro» del que seguíamos oyendo hablar en 2013. Se suponía que eso marcaría el comienzo de una era de austeridad. En cambio, el gasto y la deuda federales casi se han duplicado en la década transcurrida desde entonces.
En otras palabras, cualquier afirmación de que los Republicanos quieren recortar el gasto es cierta solo en el sentido más estrecho a corto plazo. El gasto se mantiene y probablemente seguirá manteniéndose, muy por encima incluso de los enormes (en aquel momento) aumentos presupuestarios de Trump para 2019. El mega-gasto post-Covid no va a desaparecer.
Dos: los EEUU nunca ha impagado
En el centro del debate sobre el techo de la deuda y el presupuesto está la afirmación, a menudo repetida, de que las negociaciones deben concluir inmediatamente para garantizar que los EEUU no deje de pagar ninguna de sus deudas. Después de todo, nos dicen, los EEUU nunca ha dejado de pagar.
Esto es una mentira descarada. Es indiscutible que los EEUU ya ha incurrido en impagos en el pasado. Comenzó a raíz de la Revolución americana, cuando los EEUU dejó de pagar los préstamos nacionales. Tras la entrada en vigor de la nueva constitución en 1790, el gobierno federal renegoció la deuda anterior en condiciones menos favorables para los inversores. Eso es un impago.
También se produjo el impago del billete verde de 1862. Los billetes verdes originales eran 60 millones de dólares en pagarés a la vista reembolsables en especie. Menos de cinco meses después, en enero de 1862, el Tesoro de EEUU incumplió el pago de estos billetes al no rescatarlos a la vista.
Quizá el caso más atroz fue el impago de los Bonos Liberty de 1934. Los EEUU estaba obligado contractualmente a pagar sus deudas sobre estos bonos en oro. Franklin Roosevelt decidió impagar la totalidad de la deuda interna negándose a reembolsar en oro a los americanos y devaluando el dólar un 40% frente a las divisas. Los EEUU se negó a cumplir su parte de estos contratos de bonos. Eso también fue un impago.
Luego vino el breve impago de 1979. Como señaló Jason Zweig en 2011:
En abril y mayo de 1979, en medio de fallos informáticos, una fuerte demanda de pequeños inversores y el debate en el Congreso sobre el aumento del techo de la deuda, los EEUU dejó de pagar puntualmente unos 122 millones de dólares en letras del Tesoro. El Tesoro calificó el problema de retraso y no de impago. Aunque el error sólo afectó a una fracción del 1% de la deuda de los EEUU, los tipos de interés a corto plazo —entonces en torno al 9%— subieron 0,6 puntos porcentuales y los EEUU fue demandado rápidamente por los tenedores de bonos por incumplimiento de contrato.
Así que, la próxima vez que Joe Biden o Janet Yellen salgan en televisión para insistir en que los EEUU nunca ha incurrido en impago, sepan que les están mintiendo.
Tres: el impago es el fin del mundo
Cuando se habla de impago, se pronostica la devastación económica. Quienes hayan vivido una o dos crisis financieras sabrán cómo funciona esto. En cuanto aparecen señales de problemas en la economía, el régimen alinea a los «expertos» para que nos digan que, a menos que se autorice al gobierno a gastar sin parar en rescates y «estímulos», la economía se derrumbará, el desempleo aumentará y sobrevendrá el infierno en la tierra.
Sin duda, los contribuyentes escucharon esto repetidamente en 2008 y 2009 cuando el régimen insistió en que debía tener libertad para entregar billones de dólares en fondos de rescate a banqueros y fabricantes de automóviles y financieros ricos. Se nos dijo que el banco central debía ser capaz de imprimir billones de dólares para comprar bonos del Estado y valores respaldados por hipotecas para rellenar los balances de la clase inversora. Nos dijeron que esto «arreglaría» la economía.
Naturalmente, cuando la recesión resultó ser la peor desde 1982, los «expertos» dijeron entonces —sin prueba alguna— que las cosas «habrían sido peores» sin todos sus rescates.
Ahora oímos lo mismo sobre un posible impago de la deuda nacional de 32 billones de dólares. «Denos nuevos aumentos del techo de la deuda sin condiciones» parece ser el estribillo constante. Sin esta carta blanca, nos dicen, habrá una catástrofe económica.
Pero todo son las mismas tácticas de miedo que el régimen saca a relucir cada vez que quiere una nueva serie de rescates o una inmensa cantidad de nuevos gastos. Trump dijo histéricamente lo mismo cuando exigió la aprobación de su «plan de rescate» covid de 2,2 billones de dólares. Nos dicen que no hay alternativa, y que cualquier oposición es «imprudente». Más bien, debemos aprobar todos y cada uno de los nuevos gastos ahora y lidiar con las consecuencias más tarde. Pero el «más tarde» nunca llega porque la estrategia es siempre patear la lata más adelante en el camino. No hacerlo, insisten los expertos, destruirá la economía.
Pues bien, ha llegado el momento de empezar a dudar de esta narrativa y exigir que el gobierno federal empiece a ser más honesto sobre su deuda desbocada e impagable. Y sí, la enorme deuda federal actual es impagable. Ni siquiera es manejable. Para un ejemplo de cómo es inmanejable, basta con ver cómo los intereses de la deuda están consumiendo gradualmente todos los demás gastos federales. Con el aumento de los tipos de interés, el servicio de la deuda se está disparando. Según un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable:
Los intereses netos superarán a los gastos de defensa en 2028, a los de Medicare en 2044 y a los de la Seguridad Social en 2050, convirtiéndose en la mayor partida del presupuesto. En 2053, los intereses netos consumirán aproximadamente el 7,2% del PIB, casi el 40% de los ingresos federales.
A estas alturas está claro que la única estrategia que tiene el gobierno federal y la Reserva Federal para hacer frente a esta situación es inflar el dólar con dinero fácil para volver a bajar los tipos de interés y pagar la deuda con dólares devaluados. Pagar las deudas con dólares devaluados es un tipo de impago, por supuesto, pero este método ayuda a ocultar el hecho. Pero no nos equivoquemos: cuando el gobierno de EEUU elige gestionar sus deudas inflando el dólar, está incumpliendo.
Un enfoque más honesto y racional sería el impago explícito. En lugar de tratar de inflar deshonestamente la obligación de la deuda, un gobierno federal menos engañoso simplemente admitiría que sólo puede permitirse pagar su deuda en una cantidad reducida, digamos 90 centavos de dólar, o menos. Naturalmente, esto provocaría una subida de los tipos de interés, como ha ocurrido en el pasado cuando los EEUU ha incumplido sus obligaciones de pago. Esto, sin embargo, sería simplemente el proceso de poner los tipos de interés más en línea con los riesgos reales que conlleva la inversión en deuda pública.
Sin embargo, el statu quo político actual se basa en proteger del riesgo a los inversores, y no a los pagadores de impuestos que, en última instancia, pagan todas las facturas. Este método de convertir la deuda en inflación es atractivo para los gobiernos y sus cómplices de Wall Street porque traslada la carga del gasto desbocado a los ahorradores y consumidores de a pie, que pagan el precio real del impago inflacionista de facto a través de la inflación de precios, las viviendas inasequibles, la estanflación y la caída de los salarios reales.
Cuando los expertos que se oponen a cualquier tipo de impago explícito insisten en que el impago traería el desastre, lo que realmente quieren decir es que traería el desastre para sus amigos de Wall Street y del gobierno. Los expertos prefieren el statu quo, que es en cambio un desastre inflacionario a cámara lenta que está afectando a los presupuestos familiares de los americanos de a pie.
