Cuando se trata del debate sobre la inmigración, muy pocas personas abogan por fronteras totalmente cerradas o fronteras totalmente abiertas. Sin embargo, tan pronto como se admita que se debe permitir al menos algún movimiento a través de las fronteras — o que al menos algunos de los migrantes deben ser regulados — surge rápidamente la pregunta: ¿a cuáles inmigrantes se les debe permitir, y cuáles deben ser entrada impedida?
Retóricamente, este problema se trata a menudo hoy con una apelación a la autoridad gubernamental. A saber, a menudo se afirma que los inmigrantes “legales” están bien, pero los inmigrantes “ilegales” son malos.
Esto, por supuesto, pasa por alto el punto. La pregunta sigue siendo: ¿cuáles inmigrantes deberían considerarse legales y cuáles ilegales? ¿Cuál debería ser el estándar para determinar la legalidad?
La historia de los migrantes “indeseables”
En el siglo diecinueve, se decía que los inmigrantes eran deseables o indeseables en función de rasgos específicos. Se consideró indeseable a los inmigrantes que se determinó que no podían trabajar, enfermos mentales, propensos a la delincuencia o que probablemente dependían de la asistencia estatal. Esto fue, al menos en teoría, aplicado en todos los ámbitos, independientemente del país de origen. Antes de la década de 1880, esta decisión generalmente era hecha por autoridades estatales o locales. Y aquellos que fueron considerados indeseables también podrían ser deportados.
Este tipo de leyes se remonta a los tiempos previos a la Revolución e incluso a Inglaterra en algunos casos, donde se introdujeron las “leyes pobres” para regular a los vagabundos y lo que hoy llamaríamos “receptores de asistencia social”. Los gobiernos locales tenían la facultad de evitar que los fondos locales de alivio de la pobreza fueran superados por nuevos residentes que buscaban lo que hoy llamaríamos “beneficios sociales”.
Las restricciones de movimiento basadas en el Estado, por ejemplo, se incluyeron en los Artículos de la Confederación que señalaban que el movimiento interestatal no estaba garantizado a “mendigos, vagabundos y fugitivos de la justicia”.
Más tarde, los estados que recibieron un gran número de migrantes extranjeros, como Massachusetts y Nueva York, se enfocaron en rechazar la entrada a personas sospechosas de estar mentalmente enfermas, con discapacidades físicas, potenciales mendigos o delincuentes.
Tenga en cuenta, sin embargo, que estas leyes establecen criterios específicos para personas individuales. Aquellos que se consideraron capaces de mantenerse a sí mismos y no ser una carga en el erario público pudieron quedarse.
Incluso la política nacional — la mayoría de las cuales no logró obtener aprobación en el Congreso — obligó a los funcionarios federales a garantizar que los nuevos inmigrantes “no fueran mendigos ni convictos”.
Por lo tanto, no es sorprendente que Gerald Neuman concluya en su estudio de la política de inmigración del siglo XIX : “Ni el Congreso ni los estados intentaron imponer límites cuantitativos a la inmigración” [énfasis en el original].
Intentos posteriores de cuotas
La Ley de Exclusión de China de 1882 señaló el primer intento del gobierno federal de promulgar exclusiones de personas en tiempo de paz basadas en la membresía grupal.
Pero incluso esa idea no se abrió camino en la primera política nacional amplia que se encuentra en la Ley de Inmigración de 1891. La legislación de 1891 continuó apegándose a la política de excluir a las personas basada en los rasgos indeseables que se encuentran en los individuos. El historiador Hidetaka Hirota enumera los criterios:
La ley de 1891 también amplió la categoría excluible para cubrir a las personas con defectos mentales y locura, indigentes y personas “con probabilidad de convertirse en un cargo público”, personas con enfermedades contagiosas, personas condenadas por un delito grave de otro delito que involucra “bajeza moral, polígamos, y emigrantes asistidos “ — haciendo que todos sean deportables.
Recién en el siglo XX las políticas federales se volvieron hacia los sistemas de cuotas.
La Ley de Inmigración de 1917 amplió las prohibiciones a los inmigrantes de Asia, más allá de la exclusión china. Sin embargo, apegándose a la política de pruebas individuales de tornasol, la nueva legislación también requería pruebas de alfabetización de nuevos inmigrantes.
Con la Ley de Inmigración de 1924, sin embargo, se introdujeron verdaderas cuotas por primera vez. La cuota era
establecida en el tres por ciento de la población total de los nacidos en el extranjero de cada nacionalidad en los Estados Unidos como se registró en el censo de 1910. Esto pone el número total de visas disponibles cada año para los nuevos inmigrantes en 350.000.
Las restricciones no se aplicaron a los inmigrantes del hemisferio occidental.
Pero, ¿por qué establecer la cuota como un porcentaje de nacidos en el extranjero según lo registrado en el censo? ¿Está esto basado en algún estándar objetivo?
Por supuesto que no. Es un número sacado de la nada por los políticos. Además, adoptar un número arbitrario para el número “correcto” de inmigrantes de un determinado país equivale a declarar una cuota para el número “correcto” de zapatos que se importará en el país. Tampoco los agentes del gobierno están calificados para determinar el número “correcto” de toneladas de acero o libras de azúcar permitidas en el país.
Quienes apoyan tales cuotas a menudo intentarán enmascarar su naturaleza arbitraria alegando que cualquiera que se oponga a las cuotas tiene fronteras totalmente abiertas.
Pero, como señaló Neuman, el esquema de control fronterizo que prevaleció durante el siglo XIX -uno que rechazó la entrada a supuestos mendigos y delincuentes- era cualquier cosa menos una situación de fronteras abiertas.
No se puede negar que los controles fronterizos fueron difíciles de aplicar. Gran parte de esto se debió, sin embargo, a las limitaciones tecnológicas de la época. Las herramientas disponibles para los estados y las ciudades para identificar a las personas enfermas o discapacitadas eran extremadamente limitadas. Además, era difícil determinar con anticipación si era probable que los nuevos migrantes dependieran de los servicios estatales.
Para lidiar con este estado, los gobiernos comenzaron a exigir el vínculo de aquellos involucrados en la importación de migrantes. Neuman escribe:
A partir de 1820 ... Massachusetts regresó al sistema colonial de exigir seguridad de los patrones de buques cuando sus pasajeros parecían convertirse en pobres. El estatuto de 1820 requería una fianza para indemnizar a la ciudad y a la Mancomunidad por los gastos que surgieran dentro de los tres años con respecto a cualquier pasajero que careciera de un acuerdo en la Mancomunidad que se considerara susceptible de convertirse en una carga pública.
Esta ley fue modificada posteriormente en 1837, incluidas nuevas disposiciones bajo las cuales
el capitán tenía prohibido aterrizar sin fianza cualquier pasajero extranjero encontrado al ser examinado dentro de un grupo de categorías de personas que presentaban un alto riesgo de convertirse en una carga pública, incluidas aquellas con discapacidades mentales o físicas.
El requisito de vinculación fue aún más allá en 1852 cuando:
el Estado autorizó a los funcionarios a exigir fianzas o un pago por conmutación mayor para cubrir a los pasajeros que consideran que presentan un riesgo intermedio de futura indigencia ... [después de que se abolió el requisito de fianza para los migrantes de riesgo intermedio en 1872] Continuó la vinculación de pasajeros de alto riesgo ... al igual que un requisito más nuevo de vinculación por parte de las empresas que importaban mano de obra en el Estado.
Se adoptaron leyes similares en otras ciudades portuarias, especialmente en Nueva York, y se aplicaron en un intento por minimizar los costos asociados con los nuevos inmigrantes convertidos en mendigos.
El foco, por supuesto, no estaba en los números generales, sino en evitar los costos asociados con los nuevos migrantes que no podían o no querían mantenerse a sí mismos.
A diferencia de un sistema de cuotas general, el enfoque específico es más racional, no arbitrario e intenta llegar al verdadero oído de la mayoría de las objeciones políticas a la inmigración, es decir, que los nuevos migrantes se verán privados de servicios públicos o participarán en conductas delictivas.
Sin embargo, dados los problemas y los gastos de la aplicación general, es fácil ver por qué la legislatura de Massachusetts recurrió a los lazos como la transferencia de la carga de inmigrantes pobres a quienes los “patrocinaron” de alguna manera.
El enfoque individual es mejor
De hecho, un sistema de patrocinio de migrantes a través de la vinculación tiene el potencial como un medio mucho más razonable de garantizar que los nuevos migrantes sean realmente invitados al país de destino, y no se convertirán en cargos públicos.
Tho Bishop, por ejemplo, ha examinado este tema a la luz de los refugiados, pero puede aplicarse a todo tipo de migrantes. Ryan Khurana también ha escrito sobre el potencial de las políticas de migración basadas en patrocinio.
Después de todo, si un empleador, un miembro de la familia o una organización eclesiástica desea invitar a un nuevo migrante a trabajar o vivir en el país, un respeto básico por los derechos de propiedad privada y la contratación gratuita prohibiría que el estado interfiera. Sin embargo, si existe la preocupación de que los nuevos migrantes puedan vivir de la hacienda pública, la estrategia de vinculación sería mucho menos disruptiva y arbitraria que las cuotas inventadas por el gobierno sobre cuántos inmigrantes se les permitiría ingresar.
Si los migrantes van al paro público, o se involucran en conductas delictivas, los bonos permitirían a los contribuyentes recuperar sus costos de los patrocinadores. El migrante en cuestión sería presuntamente deportado por romper el acuerdo de vinculación.
La superioridad de este sistema sobre el sistema general de cuotas es evidente ya que permitiría a las organizaciones privadas relacionarse libremente con empleados, contratistas y miembros de la familia que serían arbitrariamente excluidos bajo un sistema de cuotas, incluso si no se involucraran en conductas delictivas o no pueden mantenerse económicamente.
Sin embargo, algunos partidarios de la línea dura antiinmigración pueden hacer una excepción a esto, alegando que administrativamente es demasiado costoso. Sin embargo, al argumentar esto, básicamente estarían haciendo la afirmación colectivista de que los derechos de propiedad privada pueden anularse para grupos completos de personas en base a suposiciones sobre una pequeña porción del grupo. Escuchamos argumentos similares cuando los oponentes del efectivo en físico reclaman que el efectivo debe ser abolido porque algunas personas usan el efectivo para empresas delictivas. No se puede negar que algunos delincuentes usan el efectivo. ¿Es esta la justificación para destruir los derechos de propiedad de todos los usuarios del efectivo? Claramente no. Sin embargo, los argumentos a favor de las cuotas amplias o las prohibiciones absolutas sobre los migrantes basadas en la pertenencia a un grupo emplean esta lógica esencial.
