Después de que el presidente Trump decidiera aliarse con el gobierno israelí para iniciar esta nueva guerra contra Irán, los demócratas del establishment han tenido dificultades para encontrar un punto de partida desde el que criticar la decisión del presidente.
Les ha costado porque, a pesar de la falsa caracterización difundida por Fox News, la mayoría de los demócratas centristas son entusiastas partidarios tanto del gobierno israelí como de la estrategia conjunta de los EEUU/Israel para contener a Irán y proteger la hegemonía israelí en Oriente Medio.
En general, los opositores políticos de centroizquierda de Trump han adoptado la postura de que, aunque apoyan el objetivo general de impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, consideran que la forma en que Trump lo ha abordado ha sido un tanto imprudente. Han reconocido claramente que esta guerra, que se está deteriorando rápidamente, será extremadamente útil para desacreditar a Trump. Pero no quieren presionar demasiado y arriesgarse a desacreditar también el consenso bipartidista en torno a una política exterior intervencionista o el precedente de que se pueden iniciar guerras sin una declaración formal del Congreso.
Una línea de ataque mucho más cómoda para estos liberales de izquierda ha sido la del frente económico. Para los congresistas demócratas, sus simpatizantes ideológicos y la izquierda americana en general, resulta una frustración casi constante que, cada vez que proponen un nuevo programa social o una subvención orientada a la demanda, los republicanos respondan de inmediato que el programa es inviable porque el gobierno federal está ahogado en deudas y al borde de la quiebra.
Y, sin embargo, después de que los republicanos iniciaran esta guerra tan costosa, casi todos los mismos políticos que habían estado predicando la austeridad presupuestaria se han sumado ahora a una operación que ya ha costado miles de millones de dólares solo en los primeros días.
Los demócratas no han tardado en señalar esta hipocresía. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries criticó duramente a sus homólogos republicanos por gastar rápidamente miles de millones de dólares en bombardear Irán tras afirmar que no podían «encontrar ni un centavo» para ayudar a los americanos a costearse la asistencia sanitaria, comprar una vivienda o pagar la compra. Y, desde que comenzó la guerra, Internet se ha llenado de progresistas que preguntan con sarcasmo de dónde saldrá el dinero para esta guerra.
En sentido estricto, la izquierda tiene toda la razón al señalar la hipocresía de los republicanos en lo que respecta al gasto gubernamental. Toda la preocupación que estos políticos fingen sentir por la trayectoria fiscal del país se esfuma en cuanto la postura se vuelve mínimamente incómoda de mantener, o el gasto se destina a un programa que ellos apoyan. Cualquiera que adopte constantemente un principio falso para luego abandonarlo cuando le conviene merece que se le llame la atención al respecto.
Sin embargo, los miembros de la izquierda que lideran esta campaña en estos momentos se equivocan al dar a entender que la hipocresía del Partido Republicano es, en realidad, una prueba de que hay fondos de sobra para financiar todos estos programas gubernamentales. No los hay.
La verdad es que no podemos permitirnos esta nueva guerra con Irán, del mismo modo que no podemos permitirnos los numerosos programas sociales que la izquierda quiere poner en marcha —no porque el gobierno no pueda, técnicamente, sufragarlos, sino porque la carga financiera que suponen se sumará al nivel de gasto ya insostenible de Washington y acelerará el deterioro de la economía americanos.
Es importante ir más allá de la mera capacidad técnica de pago. Al fin y al cabo, es posible que alguien sin ahorros y ahogado por las deudas de la tarjeta de crédito pase su tarjeta y salga de una tienda con una compra importante. Técnicamente, la transacción se lleva a cabo, pero nadie sensato analizaría la situación y concluiría que la compra era asequible.
La misma lógica se aplica a los gobiernos. La deuda nacional de los EEUU está a punto de alcanzar los 40 billones de dólares. Y el déficit federal para el año fiscal 2026 ya ha superado el billón de dólares. Ahora, además de todo eso, la administración Trump ha iniciado una nueva guerra que ha costado más de 11 300 millones de dólares solo en los primeros seis días, con un coste estimado de entre 1000 y 2000 millones de dólares al día de aquí en adelante.
Los partidarios de izquierdas que abogan por un mayor gasto gubernamental suelen responder que la analogía anterior es errónea. Según ellos, los gobiernos no son como los hogares, ya que tienen la capacidad de crear dinero. A diferencia de una familia ahogada en deudas de tarjetas de crédito, el gobierno federal puede simplemente imprimir los dólares que necesita.
Pero esa objeción no es más que otra versión del mismo malentendido: que la capacidad de pagar es lo mismo que la capacidad de permitírselo. Imprimir dinero no elimina el coste del gasto gubernamental. Solo cambia la forma en que se imputa ese coste.
Los americanos ya están pasando apuros debido a lo que muchos políticos han denominado erróneamente una «crisis de la asequibilidad». Un nombre más acertado sería «crisis de la inflación», ya que se debe principalmente a los aumentos de precios continuos, permanentes y desigualmente distribuidos provocados por la creciente tendencia del gobierno federal a financiar sus diversos programas con dólares de nueva emisión.
No se trata de un problema nuevo, pero —sobre todo después de que el gobierno intensificara la inflación monetaria durante la pandemia— se ha agudizado y a la clase política que se beneficia de esta inflación le resulta cada vez más difícil ocultar los verdaderos costes bajo la alfombra. La nueva guerra de Trump no hará más que agravarlo.
Todo esto quiere decir que imponer una guerra totalmente nueva y extremadamente costosa a una población que ya está pasando apuros es, en sí misma, una decisión económica terrible. Pero, además de eso, esta guerra en concreto conlleva muchos riesgos económicos adicionales.
Aunque algunos sectores del establishment israelí y EEUU desean claramente prolongar esta guerra hasta el derrocamiento del régimen iraní, la mayoría de los responsables, al menos por parte americana, parecen haberse decantado por la denominada «estrategia de cortar césped», consistente en mantener la capacidad militar de Irán por debajo de un umbral determinado mediante campañas de bombardeos recurrentes.
Los iraníes quieren evitar que eso suceda. Y después de que los EEUU se retirara unilateralmente del acuerdo JCPOA previamente negociado y, posteriormente, bombardease a los iraníes en dos ocasiones durante las negociaciones de seguimiento iniciadas por Trump, es lógico suponer que los iraníes hayan llegado a la conclusión de que un alto el fuego y un acuerdo de paz negociados solo servirían para allanar el camino hacia la próxima campaña de bombardeos de «desbroce». Y su comportamiento hasta la fecha lo corrobora.
En lugar de apresurarse a volver a la mesa de negociaciones, la estrategia iraní parece centrarse en hacer que la decisión de Trump y Netanyahu de iniciar esta guerra resulte lo más costosa posible para los EEUU, Israel y el mundo entero, con el fin de disuadir futuros ataques. La principal forma en que el gobierno iraní lo está haciendo es interrumpiendo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz —uno de los puntos de estrangulamiento energético más importantes del mundo. Han dejado claro que controlan estas rutas marítimas bloqueando cualquier petrolero vinculado a los EEUU., Israel o sus aliados.
Los mercados petroleros ya se han visto sacudidos, y los gobiernos han recurrido a las reservas estratégicas de petróleo para minimizar temporalmente el daño económico. Sin embargo, otras materias primas afectadas, como el gas natural, los fertilizantes y el helio, no cuentan con las vías alternativas ni con las reservas «estratégicas» de las que dispone el petróleo. Esto significa que, si la guerra continúa, el mundo se encamina hacia una dolorosa escasez de estos productos y, lo que es más urgente, de todos los productos que se fabrican a partir de ellos.
Y los EEUU no es inmune a estos efectos. Aunque el país es, en su conjunto, un exportador de energía, los consumidores americanos siguen pagando los precios mundiales. Una crisis de suministro en el Golfo sigue provocando un aumento de los costes de la gasolina, el gasóleo, el combustible de aviación, los productos petroquímicos y el transporte de mercancías en EEUU —con toda la agitación económica que ello conlleva.
Por lo tanto, la carga económica a la que se enfrentan los americanos de a pie con esta nueva guerra podría ir mucho más allá del presupuesto del Pentágono. Sin embargo, ni siquiera esto refleja plenamente el peligro.
El problema más profundo es que la economía americana ya es mucho más frágil de lo que admiten los políticos o los «expertos» económicos de la prensa dominante. Y es que, durante décadas, la Reserva Federal ha llevado a cabo una agresiva expansión crediticia que ha dado lugar a tasas de interés artificialmente bajos y, como consecuencia, a una estructura productiva cada vez más distorsionada que ha abocado a una corrección o «recesión», en algún momento.
En concreto, la expansión crediticia genera inversiones erróneas: proyectos, sectores y estructuras financieras que no se ajustan a la demanda de los consumidores finales y que, por lo tanto, requieren una expansión crediticia continua para seguir siendo viables. Pero, aunque esa mayor expansión crediticia puede posponer un poco el problema —al tiempo que lo agrava considerablemente—, ese aplazamiento no puede durar eternamente. Y, a medida que la economía se ve cada vez más marcada por las inversiones erróneas, no hace falta mucho para desencadenar esa corrección.
Los datos nacionales sobre empleo y crecimiento económico ya mostraban indicios de que la economía americana se encaminaba hacia una recesión. Y debido a la escala de la expansión crediticia que se produjo tras la crisis financiera de 2008 y durante la pandemia en 2020 y 2021, sin duda será una recesión de gran magnitud. Si esta guerra se prolonga o se intensifica, podría servir sin duda como el detonante que desencadene la próxima recesión, al igual que lo hizo el estallido de la burbuja inmobiliaria hace diecinueve años y los confinamientos por la COVID-19 hace casi seis años, casi día por día.
Así pues, al igual que con cualquier programa gubernamental, el gobierno federal, sumido en la deuda, tiene técnicamente la capacidad de obligar a la población americana —con escasos ahorros, agobiada por la inflación y en una situación financiera vulnerable— a pagar esta guerra con Irán, que resulta costosa, probablemente inflacionista y que podría desencadenar una recesión. Pero eso no significa, en absoluto, que podamos permitírnosla.
