La gobernanza —entendida como el conjunto de mecanismos destinados a coordinar la vida social y a regular los conflictos— ha sido una característica constante de la existencia humana desde el momento en que las personas comenzaron a convivir unas junto a otras. Lejos de ser una categoría abstracta, es una herramienta para la paz y la prosperidad.
Sin embargo, esto no implica que la centralización política —tan extendida hoy en día— sea inherente a todas las formas de gobernanza. La centralización política no es nueva; el Estado, en cambio, sí lo es.
El Estado, como institución, no representa una continuación de formas anteriores de organización política, sino una nueva forma histórica que surgió de una serie de transformaciones ideológicas en Europa a partir del siglo XVI.
La reflexión sobre el Estado suele centrarse en su capacidad de coacción, pero lo que resulta verdaderamente problemático —y lo que explica esa capacidad— es su autonomía institucional: la pretensión de constituirse a sí mismo como la fuente última del derecho sin reconocer ninguna autoridad superior a lo que en sí mismo. Esta cualidad no se limita al ámbito jurídico; a través de la elaboración de leyes, se expande gradualmente al resto de la sociedad, erosionando todas las instituciones a su paso, ya sea la propiedad, el dinero, la familia, la Iglesia o la educación.
La supuesta continuidad del Estado
Antes de abordar cualquier reflexión sobre el Estado, es esencial distinguir dos acepciones del término. En su uso genérico, «Estado» designa cualquier forma de comunidad política organizada; en ese sentido, se habla del Estado griego, romano o feudal. En su uso específico, designa una forma histórica concreta de comunidad política con características que la hacen irreductible a cualquier forma anterior.
El problema surge cuando el uso genérico se confunde con el específico y viceversa. En otras palabras, el «Estado» se presenta como sinónimo de orden y vida comunitaria —apropiándose de conceptos clásicos como polis o regnum—, de modo que el «Estado» como monopolio de la ley y el orden acaba dándose por sentado.
Proyectar retroactivamente sobre realidades institucionales anteriores las características definitorias del Estado como institución —características que constituyen una diferencia no de grado, sino de naturaleza— es un anacronismo.
Esta distorsión no es inocente; cumple un propósito ideológico fundamental. Otorga legitimidad retroactiva: si el Estado siempre ha existido, cuestionarlo equivale a cuestionar el propio orden social. Además, se apodera del lenguaje político, proyectando términos como «política», «gobierno», «público» y «ley» sobre un marco estatista que se da por sentado. Al hacerlo, se erige como el horizonte incuestionable en el que debe concebirse toda forma de gobierno, lo que hace que cualquier alternativa no estatal resulte directamente incomprensible.
La existencia y la justificación del Estado han dejado de cuestionarse por completo —y eso es precisamente lo que lo convierte en un aparato ideológico tan poderoso.
El Estado soberano: juez de su propia causa
Entre los procesos que contribuyeron de manera decisiva al surgimiento del Estado, destaca la ruptura de la unidad religiosa occidental durante el siglo XVI. Si bien la Iglesia había actuado como fuente de autoridad capaz de impugnar las pretensiones de supremacía de los poderes temporales, su debilitamiento favoreció la consolidación de una nueva concepción política: la idea de que en cada territorio debía existir una autoridad máxima que no estuviera sujeta a ninguna instancia superior. Esta lógica —inicialmente ligada a la cuestión religiosa— acabaría extendiéndose a la totalidad del orden jurídico y político.
Este vacío desplazó la cuestión política central de la justicia al poder, transformando gradualmente la política en una técnica de poder puro, sin ninguna referencia moral externa. Jean Bodin parte de este punto y lo teoriza desde el punto de vista jurídico, convirtiendo el poder autorreferencial en un principio jurídico que Hobbes llevaría a su conclusión más radical: no existe ningún orden jurídico posible fuera del Estado, ya que es el Estado el que produce el orden jurídico.
La novedad histórica introducida por el Estado no es, por lo tanto, una mayor centralización política, sino la pretensión de erigirlo como principio autorreferencial del derecho, expresado en la noción moderna de soberanía. No inventa la justificación jurídica del poder, sino que la monopoliza, convirtiéndose en su única fuente legítima.
Su consecuencia más directa es la elevación del Estado a árbitro supremo de toda controversia a través del monopolio territorial de la jurisdicción. Al no existir instancias externas capaces de regular su conducta con autoridad vinculante, cualquier recurso a una ley externa —natural, divina o consuetudinaria— es mediado por el propio Estado, que decide qué constituye un fundamento legítimo. Al hacerlo, lo absorbe gradualmente dentro de su propio marco jurídico. El Estado se constituye así como juez en su propia causa.
Un Estado para gobernarlos a todos
Detrás de este monopolio se esconde algo considerablemente preocupante desde un punto de vista institucional. Si la soberanía estatal es un principio autofundador, entonces cualquier ámbito del orden social que requiera coordinación o resolución de conflictos se convierte potencialmente en competencia del Estado, ya que negarle ese papel equivaldría a negar el principio mismo que hace posible su existencia. Y, dado que ese principio no reconoce límites externos, su expansión no es accidental, sino una consecuencia lógica de su propia estructura. En ese sentido, el Estado es, en esencia, una institución depredadora cuya tendencia estructural es la absorción del orden social.
Esto nos lleva al enrollo de la cuestión: el monopolio de la jurisdicción no puede coexistir con formas intermedias de autoridad. No importa si hablamos de derecho, educación, propiedad, dinero, banca, sanidad, la Iglesia, seguros, la familia, seguridad, matrimonio, bienestar social, gremios, arbitraje o milicias: todas ellas acabarán entrando en conflicto con el Estado, y la solución de este es la absorción total o parcial. La absorción es total cuando la institución intermedia supone una amenaza latente para la supervivencia del Estado —como ocurre con la elaboración de leyes— y parcial cuando al Estado solo le basta con tener la última palabra para mantener su estatus, como en el caso de la educación: incluso cuando es privada, el Estado garantiza su supervisión.
La historia moderna, en este sentido, no es más que el registro progresivo de esa transferencia de autoridad desde las diversas formas de comunidad hacia el Estado; o lo que viene a ser lo mismo, la transición de un orden más o menos orgánico a otro plenamente basado en la coacción, en el que cualquier alternativa que surja será tachada de ilegal, de instrumento de intereses extranjeros, de terrorismo o de sectas extremistas. Cada absorción tiene su justificación: el bien común, la seguridad nacional, la protección de los más débiles.
Esto no quiere decir que en el pasado no hubiera problemas relacionados con la autoridad política, pero hay un contraste que merece la pena señalar. Incluso la denominada monarquía «absoluta» —en la que no existían constituciones nacionales, separación de poderes ni derechos codificados— es, sin lugar a dudas, menos «absoluta» que el Estado, ya sea monárquico o democrático.
Mientras que en el orden monárquico anterior al Estado existían comunidades consolidadas de regulación externa —la familia, la Iglesia, las ciudades libres, las comunidades rurales, los gremios, las universidades— a las que el gobierno estaba sujeto, y viceversa, el Estado no reconoce a ninguna de estas instancias como fuente independiente de derecho. Las absorbe, las regula o las suprime. Cualquier descentralización dentro del Estado es, en sentido estricto, una mera desconcentración administrativa, revocable y sin ninguna transferencia real de autoridad.
Los límites del Estado
A pesar de carecer de restricciones institucionales externas, y a pesar de que sus controles internos funcionan según su propia lógica soberana, el Estado se enfrenta a límites en cuanto a su legitimidad. Al absorber funciones de las comunidades intermedias, genera dependencias que se convierten en expectativas, y cualquier cambio brusco conlleva el riesgo de una pérdida de legitimidad. Son esas expectativas las que definen el margen de lo políticamente concebible.
Sin embargo, este límite es transitorio. Al controlar la función, el Estado puede desmantelar progresivamente las comunidades que antes la sustentaban sin que la población pierda inmediatamente el acceso al servicio; y cuando una crisis, una catástrofe o una guerra lo exigen, no hay instituciones intermedias a las que recurrir. El Estado no crea necesariamente la situación de emergencia, pero su posición estructural garantiza que será la respuesta más relevante disponible.
Un ejemplo claro es el sector bancario y el dinero: el Estado monopoliza la acuñación de moneda, impone la moneda de curso legal, crea un banco central y abandona el patrón oro. Unas décadas más tarde, la inflación es una realidad cotidiana, se pone en marcha la moneda digital del banco central y el oro solo sobrevive en las historias de piratas.
De todo ello se deriva una consecuencia directa. Si el fundamento del Estado no radica en el tamaño de su aparato, sino en el principio que lo constituye —la soberanía como fuente autorreferencial del derecho—, la cuestión pertinente no es cuánto Estado, sino qué principio sustenta el orden jurídico. Reducir el Estado sin cuestionar ese principio no conduce a su desmantelamiento; simplemente reproduce la misma lógica en una forma más reducida. Es más, una reducción que deje intactos los supuestos de la soberanía puede incluso reforzar la legitimidad del Estado, en la medida en que este parezca eficaz al tiempo que se vuelve menos visible.
