Murray Rothbard dotó al libertarismo de una de sus estructuras éticas más claras: los individuos son dueños de sí mismos. De la autopropiedad se derivan los derechos de propiedad, los contratos y la prohibición de la agresión. La libertad no significa que una persona pueda dominar a otra. Significa que todas las personas están sujetas a la misma norma: no invadir la persona ni los bienes adquiridos legítimamente por los demás.
En La ética de la libertad, Rothbard trató de establecer una «ética social de la libertad». Pero incluso si aceptamos su argumento ético en su totalidad, sigue planteándose otra cuestión: ¿qué mantiene estables esos límites a lo largo del tiempo? No se trata de una cuestión sobre lo que está bien, sino de una cuestión de poder.
Un sencillo experimento mental
Supongamos que tanto A como B gozan de plena autonomía personal. Su propiedad ha sido adquirida de formas totalmente coherentes con los principios rothbardianos. No hay robo, fraude, privilegio estatal, expropiación ni adquisición inicial injusta.
Tras décadas de intercambio voluntario, inversión, herencia y emprendimiento, A posee muchos más bienes que B. Ese resultado, por sí solo, no contraviene en absoluto los principios de Rothbard. Ahora dejemos que el tiempo siga su curso.
A no solo posee más tierras, empresas y capital. También tiene mayor poder adquisitivo. Puede adquirir más seguridad, servicios jurídicos, arbitraje, investigación y protección. Puede asumir el coste de un largo litigio. Es posible que pueda trasladarse con mayor facilidad, financiar instituciones alternativas o soportar pérdidas que arruinarían a B.
B sigue siendo dueño de sí mismo por completo. Desde el punto de vista ético, A no posee ni una onza más de propiedad sobre sí mismo. Pero sus capacidades prácticas ya no son simétricas. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a A dentro del límite de la no agresión?
Responder que «A no tiene derecho a agredir a B» es correcto, pero incompleto. Responde a si la agresión es justa. No responde a qué hace que la agresión resulte poco atractiva cuando el agresor potencial posee una gran ventaja en recursos. Son cuestiones diferentes.
Rothbard ya vio la mitad del problema
Los libertarios suelen argumentar que una sociedad libre debe sustentarse en la educación. La gente debe comprender los derechos naturales, la propiedad y el principio de no agresión. Una cultura que respeta la libertad tiene menos probabilidades de destruirla. El propio Rothbard consideraba que la educación era necesaria. Pero advertía que no debía considerarse suficiente.
En Estrategias para una victoria libertaria, denominó «educacionismo» al enfoque puramente educativo. Sostenía que no había nada malo en la educación en sí misma, pero que, por sí sola, eludía una cuestión más difícil: ¿Cómo debemos afrontar el problema del poder?
Esa pregunta suele dirigirse al Estado. ¿Por qué debería limitarse a eso? Si el poder modifica los costes de la acción, ¿debe ser siempre política la fuente de ese poder? Esto no implica afirmar que las personas ricas sean malvadas ni que la concentración de la propiedad sea injusta. Solo requiere una observación mucho más sencilla: los recursos influyen en las acciones que una persona puede permitirse llevar a cabo, en las pérdidas que puede asumir y en la resistencia que puede superar. Si eso es cierto, entonces la distribución de la propiedad puede afectar a algo más que al consumo. También puede influir en los costes relativos de la agresión, la resistencia, la resolución judicial y la salida.
¿Ha resuelto ya la competencia de mercado este problema?
Rothbard no dejó la aplicación de la ley exclusivamente en manos de la educación moral. En Por una nueva libertad, imaginó agencias de protección que compitieran entre sí, cortes privadas y arbitraje voluntario. Ninguna agencia poseería el monopolio legal del Estado. Una empresa abusiva podría perder clientes, enfrentarse a agencias rivales y sufrir la disciplina del mercado.
Esa es una respuesta seria. Pero nos lleva un paso atrás en la cuestión: ¿por qué el mercado de la protección no debería verse afectado por una elevada concentración del poder de compra? Imaginemos que un actor se convierte en el mayor terrateniente y en el mayor cliente de servicios de protección y judiciales de una región. No adquiere ningún derecho natural adicional. Sin embargo, puede convertirse en un cliente mucho más importante para las instituciones que velan por el cumplimiento de esos derechos.
¿Se enfrentaría una empresa de arbitraje exactamente a los mismos incentivos al fallar en contra de su mayor cliente que al hacerlo contra alguien que apenas aporta nada a sus ingresos? ¿Seguirían las empresas de protección necesariamente descentralizadas si su base de clientes se concentrara en gran medida? ¿Podrían los contratos a largo plazo, la integración vertical, los efectos de red o las alianzas entre grandes empresas modificar el coste de salida para los actores más pequeños? Si A y B entran en conflicto, ¿son irrelevantes sus capacidades para financiar la investigación, la seguridad, los arbitrajes repetidos y un conflicto prolongado simplemente porque sus derechos son formalmente iguales?
Ninguna de estas preguntas demuestra que la protección privada esté abocada al fracaso. Ninguna demuestra que la concentración de la riqueza tenga que generar agresión. Pero tampoco pueden responderse repitiendo que la agresión viola el principio de no agresión.
Una norma justa no es necesariamente una norma que se haga cumplir por sí misma
Esta distinción es importante. La autopropiedad puede ser correcta. Los derechos de propiedad pueden ser correctos. El principio de no agresión puede ser correcto. Sin embargo, un orden libre sigue requiriendo mecanismos que hagan que las violaciones resulten costosas incluso para aquellos con mayor capacidad para infringirlos.
Si la respuesta definitiva es la educación, vuelve a surgir la propia objeción de Rothbard. La educación es, en sí misma, un mecanismo social que requiere un esfuerzo continuo. Además, quienes cuentan con mayores recursos también tienen una capacidad excepcional para financiar centros educativos, becas, medios de comunicación, centros de estudios, argumentos jurídicos y la persuasión pública.
Rothbard comprendió muy bien esta relación al analizar el Estado. El poder político no sobrevive solo por la fuerza. Busca legitimidad, y los intelectuales y las instituciones que forman la opinión pública contribuyen a proporcionársela. Así pues, la misma pregunta puede plantearse de forma simétrica: ¿por qué el poder privado, por principio, no debería poder influir en las instituciones que producen y transmiten las ideas con las que se juzga dicho poder privado?
Una vez más, no se afirma que esto tenga que suceder. La cuestión es qué mecanismo lo impide. Tampoco se trata de un argumento a favor de la redistribución o de la regulación estatal. Recurrir al poder estatal concentrado para resolver las posibles consecuencias del poder privado concentrado no hace más que recrear, de una forma más evidente, el mismo problema que Rothbard se dedicó a denunciar a lo largo de su carrera.
La cuestión es más concreta: un orden libertario necesita una respuesta endógena al problema del poder. La competencia de mercado puede ser parte de ella. La reputación puede ser parte de ella. La defensa descentralizada, el arbitraje y la salida pueden ser parte de ella. La educación moral puede ser parte de ella. Pero si estas son las respuestas, deben analizarse a su vez de forma dinámica.
¿Siguen funcionando cuando la riqueza y la capacidad práctica se vuelven muy asimétricas? ¿Siguen siendo competitivas las instituciones de protección de la competencia cuando el lado de la demanda se concentra? ¿Sigue siendo la salida una restricción significativa cuando muchos de los recursos necesarios para ella son, a su vez, de propiedad privada? ¿Impone la reputación costes comparables a los agentes cuya dependencia de un socio comercial concreto difiere en varios órdenes de magnitud?
No se trata de objeciones a la libertad. Son preguntas sobre las condiciones en las que la libertad se mantiene estable.
La pregunta sigue en el aire
Rothbard planteó a los libertarios una pregunta que no debe olvidarse: ¿Cómo abordamos el problema del poder? Ofreció una respuesta contundente a una parte de ella: ¿Qué límites éticos deberían restringir el poder? Pero hay otra parte: ¿Qué hace que los actores más poderosos estén dispuestos —o qué les obliga, a través de la estructura de incentivos— a mantenerse dentro de esos límites durante largos períodos de tiempo?
Si la teoría libertaria puede responder a esa pregunta, su argumento se refuerza. Si aún no puede responderla, eso no refuta a Rothbard, sino que simplemente significa que su pregunta sigue sin resolverse.
