En su libro, The Rise and Fall of the Confederate Government, Jefferson Davis explicó (vol. 2) la causa sureña, tal como él la veía: «Cuando se perdió la causa, ¿qué causa era? No la del Sur solamente, sino la causa del gobierno constitucional, de la supremacía de la ley, de los derechos naturales del hombre». Su argumento era que la conducta del gobierno debía ser constitucional. En su opinión, sería ilegal que un gobierno argumentara que las circunstancias imperantes hacían necesario ignorar o anular la Constitución, ya que eso sería una violación de lo que él llamaba «la supremacía de la ley». Un intento de defender la supremacía de la ley por medios ilegales sería intrínsecamente contradictorio. La importancia del gobierno constitucional es una lección que vale la pena volver a recordar en una época en la que se producen nuevos debates sobre la constitucionalidad de la acción gubernamental.
Davis destacó un punto importante, que la Constitución no contiene una cláusula de escape mediante la cual pueda ser anulada siempre que el gobierno lo considere necesario. Se refirió a esto como un «alegato de necesidad»: «Por lo tanto, dice el alegato de necesidad, hoy se encuentra un nuevo poder bajo la Constitución de los Estados Unidos... es decir, los poderes de la Constitución de los Estados Unidos se amplían o contraen según las circunstancias». Davis insistió en que este enfoque de la Constitución conduciría inexorablemente al conflicto: «La humanidad no puede sorprenderse al ver que un Gobierno, administrado según tal interpretación de los poderes, se precipite en una guerra civil y se acerque a la agonía de la disolución». En su opinión, no podía haber una base segura para la resolución pacífica de las disputas si la base misma de la resolución legal de los desacuerdos podía dejarse de lado tan fácilmente a capricho del gobierno.
Davis destacó la lealtad y devoción del Sur a la Unión antes de que surgiera esta disputa, recordando a sus lectores que muchos soldados confederados habían luchado por los Estados Unidos en guerras anteriores. Davis escribió que «el pueblo de los estados separados había amado a la Unión. Hombro con hombro con el pueblo de los otros Estados, habían sangrado por sus libertades y su honor». Pero consideraba que la Constitución era fundamental para una Unión voluntaria, siendo ella misma el acuerdo sobre cuya base se formó la Unión, y el incumplimiento de este pacto la justificación para retirarse de ella. Como explica Donald Livingston, la naturaleza voluntaria de la Unión era fundamental para el concepto que los sureños tenían de la Constitución:
Los sureños eran leales a la Constitución de los Fundadores. A lo que se oponían era a la interpretación norteña de la misma que pretendía, mediante un acto de alquimia filosófica, transmutarla de un pacto entre estados soberanos que creaba un gobierno central con poderes enumerados a un nacionalismo consolidado con un gobierno central con poderes ilimitados.
Por lo tanto, en opinión de Davis, si el gobierno pudiera simplemente anular la Constitución cuando lo considerara necesario, ello justificaría por sí mismo la secesión, ya que equivaldría a una declaración de que el acuerdo ya no se consideraría vinculante. Como él mismo explicó:
...si la necesidad que ellos [el gobierno de los EEUU] alegaban era un argumento para justificar sus violaciones de todas las disposiciones de la Constitución, la existencia de tal necesidad por su parte era un argumento suficiente para justificar nuestra retirada de la unión con ellos. Si la preservación de la existencia de la Unión mediante la coerción de los Estados era un argumento para justificar estas usurpaciones violentas por parte del gobierno de los Estados Unidos, era aún más forzosamente un argumento para justificar nuestra separación y resistencia a la invasión; porque estábamos luchando por nuestros derechos naturales, pero el gobierno de los Estados Unidos no tiene derechos naturales.
Por derechos naturales, Davis entendía los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, violados por el gobierno al declarar la guerra a los estados secesionistas. La referencia de Davis a los «derechos naturales del hombre» no denotaba derechos derivados de teorías o ideologías, sino derechos protegidos por la Constitución. Hizo hincapié en el principio constitucional de que «ninguna persona será privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal». Esta fue precisamente la razón por la que el presidente Abraham Lincoln dijo: «No tengo el propósito, directo o indirecto, de interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe. Creo que no tengo ningún derecho legal para hacerlo, y no tengo ninguna inclinación a hacerlo». Lincoln no estaba expresando simplemente su reticencia personal a acabar con la esclavitud, sino que reflejaba una visión de la Constitución muy extendida en aquella época.
El reconocimiento constitucional de la institución de la esclavitud explica por qué Davis escribió extensamente sobre la «interferencia inconstitucional con la esclavitud»: la esclavitud era legal en aquel momento y una institución protegida entonces por la Constitución de los EEUU. Davis argumentaba que el hecho de que la Decimotercera Enmienda se aprobara para abolir la esclavitud sólo ponía de relieve que la esclavitud se consideraba previamente protegida constitucionalmente: ¿por qué si no habría que enmendar la Constitución para abolirla? Esta enmienda no fue descrita en su momento como una enmienda para «aclarar» que la esclavitud siempre fue ilegal, sino como una enmienda para abolir una institución que anteriormente había sido legal. En su afán por consolarse olvidando que la esclavitud fue siempre legal, muchos historiadores pretenden ahora que la constitucionalidad de la esclavitud fue sólo un mito ideado por Davis. Estos historiadores sustituyen los incómodos hechos históricos por sus propios pensamientos y sentimientos de pesar.
A Davis también le preocupaba la «guerra indiscriminada contra todos» de Lincoln, incluidos civiles, mujeres y niños, con la quema de casas y plantaciones y la destrucción de propiedades, argumentando que tales métodos no podían justificarse como método para hacer cumplir la ley. En su opinión, la Constitución era un acuerdo vinculante que debía respetarse en cualquier circunstancia: «Los mandatos de la Constitución son positivos, directos, inalterables y no se ven alterados por las circunstancias. Son igualmente vigentes en estado de guerra y en estado de paz». Preguntó: «¿Eran éstos los medios apropiados para ejecutar las leyes y, al reprimir a los alborotadores, asegurar la tranquilidad y preservar una unión voluntaria? ¿Era éste un gobierno que descansaba en el consentimiento de los gobernados?». Se trataba de una pregunta importante porque, hasta la guerra de Lincoln, el consentimiento de los gobernados se había considerado un principio constitucional fundamental. Davis sostenía que el gobierno de los EEUU se había equivocado al embarcarse en un curso en el que «todas las protecciones constitucionales iban a ser retiradas, y los poderes de un gobierno común, creado para la protección común e igualitaria de los intereses de todos, iban a ser dispuestos para la destrucción de las instituciones [del Sur]».
La supremacía de la ley, en el contexto en el que escribe Davis, no significa que la ley deba seguirse servilmente por muy mala que sea. Significa, más bien, que la Constitución no debe dejarse de lado cuando se considere conveniente hacerlo, ya que, en primer lugar, eso iría en contra del objetivo de tener una Constitución. Una enmienda constitucional para abolir la esclavitud, y no una guerra contra el Sur, habría sido el planteamiento legítimo. En caso contrario, como Horace Greeley intentó aconsejar a Lincoln, se debería haber permitido al Sur partir en paz. Davis observó con ironía que si la esclavitud hubiera sido realmente la única cuestión en disputa entre los estados —como más tarde alegó el Congreso de los EEUU—, permitir la secesión del Sur sin duda habría resuelto inmediatamente el problema. En «The Secession Tradition in America», Donald W. Livingston también señala que, «Hasta el momento de los disparos contra Fort Sumter, muchos abolicionistas del Norte, tras haber defendido durante mucho tiempo la secesión del Norte, estaban dispuestos a permitir que el Sur se separara pacíficamente». Murray Rothbard también observa que ésta era una opinión popular en aquella época:
Fuera de Nueva Inglaterra y de los territorios poblados por neoingleses transplantados, la idea de obligar al Sur a permanecer en la Unión era muy impopular. En muchos estados centrales, como Maryland, Nueva Jersey y Pensilvania, existía un sentimiento considerable de imitar al Sur formando una Confederación intermedia para aislar a los molestos y fanáticos yanquis. Incluso después de iniciada la guerra, el alcalde de Nueva York y muchos otros dignatarios de la ciudad propusieron que ésta se separara de la Unión y firmara la paz y el libre comercio con el Sur. De hecho, el abogado de Jefferson Davis después de la guerra fue lo que ahora llamaríamos el líder «paleolibertario» del colegio de abogados de Nueva York, el irlandés-católico Charles O’Conor, que se presentó a las elecciones presidenciales de 1878 en la candidatura demócrata heterosexual, en protesta porque el candidato a la presidencia de su amado Partido Demócrata era el abolicionista, proteccionista, socialista y tonto Horace Greeley.
