A lo largo de la historia, la innovación ha provocado a menudo inquietud, y la inteligencia artificial se ha convertido en la última fuente de ansiedad económica. Los trabajadores temen perder sus puestos de trabajo, los recién graduados se preocupan por la posible desaparición de los empleos de nivel inicial y los políticos hablan cada vez más de la necesidad de gestionar la transición. En todo el mundo, los gobiernos buscan formas de suavizar los efectos disruptivos de una tecnología que promete aumentos espectaculares en la productividad.
A menudo se plantea el debate como una lucha entre el progreso tecnológico y el empleo. Pero ese no es el verdadero problema. La cuestión más importante es si las decisiones económicas seguirán siendo económicas o se volverán cada vez más políticas.
La respuesta de China a la inteligencia artificial ofrece un primer atisbo de este dilema.
Según un reciente informe del Wall Street Journal, funcionarios chinos encuestaron a importantes empresas sobre el impacto probable de la IA en sus plantillas. Algunas compañías estimaron que la implementación total podría eliminar el 30 % o más de los puestos de trabajo existentes. La respuesta de Pekín fue reveladora. En lugar de permitir que las empresas se adaptaran según su criterio, los reguladores comenzaron a advertir a los empleadores, especialmente a las empresas tecnológicas con plantillas jóvenes, que no recortaran puestos de trabajo al adoptar la IA.
La preocupación es comprensible. La economía china ya se enfrenta a una desaceleración del crecimiento, una crisis inmobiliaria prolongada y un desempleo juvenil persistentemente alto. Para un régimen que deriva gran parte de su legitimidad de los resultados económicos y la estabilidad social, la perspectiva de que la IA provoque la sustitución de mano de obra supone un grave desafío político.
Sin embargo, este episodio ilustra una verdad más amplia sobre la intervención gubernamental: los líderes políticos inevitablemente ven las cuestiones económicas a través de un lente político.
Para el empresario, la pregunta clave es sencilla: ¿cómo se pueden combinar la mano de obra y el capital de la manera más eficaz para satisfacer la demanda de los consumidores? Para los políticos, sin embargo, la principal preocupación suele ser la estabilidad social. El trabajador que pierde su empleo es visible e inmediato. Los futuros empleos, industrias y oportunidades que la innovación puede generar permanecen ocultos. Esta diferencia de perspectiva genera una fuerte tentación de intervenir.
Hace más de un siglo, Joseph Schumpeter describió el capitalismo como un proceso de «destrucción creativa». El progreso económico no se produce porque los patrones de producción existentes permanezcan inalterados. Se produce porque los empresarios descubren continuamente mejores formas de satisfacer a los consumidores. Las nuevas tecnologías, los modelos de negocio y los métodos de producción sustituyen a los antiguos. Algunas empresas crecen, mientras que otras fracasan. Algunas profesiones desaparecen, mientras que surgen otras nuevas.
El lado destructivo de este proceso acapara los titulares. El lado creativo suele pasarse por alto porque se desarrolla de manera gradual e impredecible.
La historia está llena de ejemplos. El automóvil desplazó a la industria de los carruajes tirados por caballos. La mecanización redujo drásticamente el empleo en la agricultura. La computadora eliminó innumerables tareas administrativas que antes requerían un gran número de trabajadores. Si los gobiernos hubieran logrado impedir estas transiciones con el fin de preservar los empleos existentes, el crecimiento económico se habría estancado y el nivel de vida sería hoy mucho más bajo. La inteligencia artificial no es más que el último capítulo de esta historia.
Los austriacos, como F. A. Hayek y otros, comprendieron que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los responsables políticos es el del conocimiento. Ningún funcionario gubernamental posee la información necesaria para determinar cómo deben asignarse los recursos en una economía compleja. Esas decisiones surgen a través del propio proceso de mercado, guiadas por los precios, las señales de ganancias y pérdidas, y el criterio empresarial.
Cuando los gobiernos intervienen para preservar determinados empleos o industrias, no eliminan el cambio económico. Simplemente sustituyen las señales del mercado por preferencias políticas.
El enfoque emergente de China respecto a la IA pone de manifiesto este problema. Pekín quiere que las empresas adopten tecnologías que mejoren la productividad y, al mismo tiempo, reduzcan al mínimo la reducción de plantilla. Estos objetivos pueden parecer compatibles a corto plazo, pero se vuelven cada vez más difíciles de conciliar a medida que mejoran las capacidades de la IA.
Al fin y al cabo, la razón por la que las empresas invierten en tecnologías que ahorran mano de obra es que permiten obtener una mayor producción con menos insumos. Si la inteligencia artificial permite a una empresa realizar el trabajo de diez empleados con solo seis, obligar a la empresa a mantener a los diez trabajadores puede satisfacer un objetivo político, pero no altera los fundamentos económicos. Simplemente aumenta los costos y reduce la eficiencia. Esas políticas pueden retrasar el ajuste, pero lo hacen a un precio.
El verdadero peligro no es que los gobiernos no logren detener el cambio tecnológico. En muchos casos, pueden frenarlo considerablemente. Las regulaciones, las obligaciones, las restricciones legales y los subsidios pueden mantener los acuerdos económicos existentes durante años o incluso décadas.
El peligro es que frenar la destrucción creativa también frena la creación de nueva riqueza.
Los recursos que se destinan a actividades protegidas políticamente son recursos que no pueden destinarse a usos más productivos; las empresas pierden competitividad, la inversión disminuye, la innovación se ralentiza y el crecimiento económico se debilita. Al intentar proteger a los trabajadores de los trastornos que conlleva el cambio, los responsables políticos suelen reducir la prosperidad de la que depende el empleo futuro. Esta lección va más allá de China.
En los Estados Unidos, ya están aumentando los llamamientos a la intervención del gobierno. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó recientemente un decreto ejecutivo con el objetivo de buscar formas de ayudar a los trabajadores que pierdan su empleo a causa de la inteligencia artificial. Es posible que estas medidas parezcan modestas hoy en día, pero reflejan el mismo impulso subyacente: la creencia de que los responsables políticos pueden gestionar con éxito las consecuencias económicas del cambio tecnológico. Esa creencia debe ser vista con escepticismo.
Ningún político, regulador ni organismo de planificación sabe qué ocupaciones acabará eliminando la inteligencia artificial, del mismo modo que nadie pudo predecir las innumerables profesiones creadas por el automóvil, la computadora personal o Internet. La forma futura de la economía no se conoce de antemano, sino que se descubre a través de la experimentación emprendedora.
Por eso, el debate sobre la IA no se trata, en última instancia, de tecnología, sino de si el cambio económico estará guiado por los procesos de mercado o por consideraciones políticas.
Es cierto que la inteligencia artificial puede transformar sectores enteros. Algunas profesiones se reducirán, otras desaparecerán y surgirán otras nuevas. Esta disrupción no es ni nueva ni evitable; es una característica normal del progreso económico.
El mayor peligro reside en otra parte. A medida que los gobiernos se enfrentan a las incertidumbres generadas por la IA, pueden verse cada vez más tentados a subordinar la racionalidad económica a los objetivos políticos. La respuesta de China ofrece una advertencia de adónde puede conducir ese camino. El desafío no es detener la destrucción creativa, sino resistir la tentación de politizarla.
