Con el pretexto de luchar contra el cambio climático, el gobierno británico ha resucitado un instrumento fundamental de las economías de guerra del siglo XX: el contrato con garantía estatal. Los emblemáticos Contratos por Diferencia (CfD) británicos —diseñados para fomentar la transición hacia la energía verde— son estructuralmente muy similares a los Wirtschaftlichkeitsgarantieverträge (contratos de garantía de rentabilidad) que la Alemania nazi utilizó para subvencionar su rearme y alcanzar la autarquía. No se trata de una política nueva e innovadora, sino del resurgimiento de un enfoque fallido y planificado centralmente que sustituye las señales del mercado por directivas políticas, lo que, en última instancia, erosiona la libertad económica.
En el núcleo de la política industrial ecológica del Reino Unido se encuentra su «principal mecanismo de apoyo a la generación de electricidad con bajas emisiones de carbono»: el programa de Contratos por Diferencia (CfD). Este marco no es una simple subvención, sino el pilar central sobre el que el Gobierno pretende impulsar la transición hacia las energías renovables. Para comprender las profundas implicaciones de esta política, es necesario entender primero su funcionamiento, que el gobierno presenta como parte de una estrategia sofisticada y favorable al mercado.
El proceso comienza con una subasta organizada por el Estado, en la que los promotores de energías renovables compiten por un número limitado de contratos. Por supuesto, no se trata de una competencia para ofrecer el mejor servicio al consumidor, sino de una competencia para ganarse el favor del Gobierno. El adjudicatario no obtiene una cuota de mercado, sino un contrato de derecho privado con la Low Carbon Contracts Company (LCCC) —una entidad de propiedad estatal creada específicamente para gestionar estos acuerdos.
El núcleo del CfD es un acuerdo de 15 años que garantiza al promotor un precio fijo e indexado por la electricidad que produce, conocido como «precio de ejercicio». Este precio de ejercicio no es un precio de mercado, sino una cifra fijada políticamente y diseñada para reflejar los elevados costes iniciales de una tecnología concreta y garantizar una tasa de rentabilidad adecuada para el inversor.
Este precio garantizado se compara luego con un «precio de referencia», que es una medida del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista de Gran Bretaña. La intervención del Estado entra en juego para cubrir la diferencia. Si el precio de mercado cae por debajo del precio de ejercicio, el gobierno paga al generador la diferencia. Según afirman las autoridades, esto incentiva la inversión al proteger a los promotores de la volatilidad de los precios mayoristas. Por el contrario, si el precio de mercado se dispara por encima del precio de ejercicio, el promotor debe devolver la diferencia al Estado, un mecanismo diseñado para proteger a los consumidores del pago de mayores costes de apoyo. En la práctica, los precios de ejercicio suelen fijarse con el objetivo de «reducir el riesgo» de la inversión, por lo que se espera que durante muchos años se mantengan por encima de los niveles de mercado previstos, lo que hace que los pagos netos del Estado al productor sean más probables que lo contrario.
A primera vista, parece tratarse de un acuerdo equilibrado de reparto de riesgos. Pero, en realidad, se trata de una intervención profunda que sustituye la disciplina del mercado por garantías políticas. Es un sistema diseñado para hacer viables inversiones que el libre mercado ha considerado antieconómicas, socializando el riesgo de la empresa privada y centralizando la toma de decisiones económicas en manos del Estado. Esta es la cara oficial y moderna de la política industrial en Gran Bretaña.
Este enfoque de la transformación industrial impulsado por el Estado, presentado por Londres como una solución novedosa a una crisis del siglo XXI, no es en absoluto nuevo. Los mecanismos fundamentales de los CfD británicos —en los que el Estado garantiza un precio fijo y socializa el riesgo de inversión de un sector concreto— son, precisamente, un eco directo de los (contratos de garantía de rentabilidad) empleados por el Estado alemán durante la primera mitad del siglo XX. Los objetivos declarados eran diferentes entonces, centrados en la autarquía y el rearme en el período previo a las guerras mundiales y durante estas. Sin embargo, los instrumentos utilizados son sorprendentemente, incluso inquietantemente, similares.
Se puede encontrar un paralelismo revelador en el Acuerdo Feder-Bosch de 1933 entre el régimen nazi y el conglomerado químico I.G. Farben. Para que la producción de combustible sintético fuera viable, el gobierno alemán garantizó que compraría toda la producción que no pudiera venderse en el mercado libre y, lo que es más importante, aseguró un precio que cubriera todos los costes, la amortización y los impuestos, además de un rendimiento garantizado del cinco por ciento sobre el capital invertido. Esta es exactamente la misma lógica que el «precio de ejercicio» de los contratos por diferencia de los(CfD) modernos: un precio de coste más margen determinado políticamente, diseñado para eliminar el riesgo de mercado y garantizar la rentabilidad. Este acuerdo se convirtió en el modelo para la empresa controlada por el Estado Braunkohle-Benzin AG (BRABAG), que produjo combustibles sintéticos durante todo el Tercer Reich y solo pudo existir gracias a las garantías estatales. Más tarde se firmaron varios Wirtschaftlichkeitsgarantieverträge, normalmente con empresas involucradas en proyectos de hidrogenación.
Los paralelismos no se limitan a la garantía de precio. Al igual que los CfD actuales exigen a los promotores devolver los beneficios excesivos cuando los precios de mercado superan el precio de ejercicio, los contratos de la época nazi incluían disposiciones similares. Las empresas solían estar obligadas a devolver una parte de los ingresos que superaran el precio garantizado. Además, estos contratos solían ser voluntarios, y las empresas solían acudir al Estado para asegurarse estos acuerdos altamente rentables y sin riesgo, aunque hubo excepciones importantes en las que las empresas se vieron sometidas a una fuerte presión política o fueron efectivamente coaccionadas para aceptar tales condiciones. El Estado, a su vez, utilizaba estos contratos para perseguir un objetivo de planificación centralizada: la transformación de la base industrial al servicio de una agenda política. Entonces, esa agenda era la guerra; hoy, es la «neutralidad climática». El CfD británico no es una innovación; es la resurrección de un enfoque fallido y planificado centralmente que sustituye al consumidor por el Estado como árbitro último del valor económico.
El gobierno británico, lejos de percibir los peligros de este camino, se dispone ahora a ampliar el uso de los CfD más allá de la generación de electricidad. Se están desarrollando nuevos programas para la eliminación de gases de efecto invernadero y otras tecnologías, lo que demuestra que el afán del Estado por planificar la economía de forma centralizada es insaciable. Esta ambición, sin embargo, choca de frente con el mismo problema que condenó al fracaso a los contratos de la época nazi: el peso agobiante de los costes de información y supervisión.
Para gestionar estas garantías, el Estado debe supervisar y auditar constantemente los libros contables de las empresas privadas con el fin de determinar y verificar sus costes subyacentes, una pesadilla burocrática que no solo es ineficaz, sino que entra en conflicto fundamentalmente con una sociedad libre. La historia nos advierte de que tales sistemas no generan prosperidad sostenible; crean una burocracia inflada, ahogan la innovación y, finalmente, se derrumban bajo su propio peso. La lección para Gran Bretaña es clara: al resucitar las herramientas de la economía planificada, no está construyendo un futuro verde, sino sentando las bases para el próximo gran fracaso económico.
