Desde hace unos meses, Bolivia es víctima del terrorismo local, del chantaje y del ansia de poder de un tirano. Comenzó con la inhabilitación formal de Evo Morales para participar en las próximas elecciones presidenciales. Una decisión unánime del Tribunal Constitucional confirmó la inhabilitación, señalando que la Constitución de Bolivia limita a dos mandatos los presidentes y vicepresidentes (Morales ya había cumplido tres). También se vio obligado a dimitir en 2019 tras cometer fraude electoral en un intento de gobernar durante un cuarto mandato consecutivo ilegal.
Para el 12 de mayo de 2025, Morales dejó claras sus intenciones en un mitin: «Si no nos dejan gobernar, no sé qué va a pasar, el pueblo se va a levantar». En ese momento, Morales ya tenía una orden de aprehensión por no comparecer ante la justicia acusado de «violación agravada con trata de personas». Al parecer, se escondía en la región del Chapare, que cuenta con muy poca presencia policial.
La violencia no se hizo esperar. El 16 de mayo, una marcha a favor de Morales rompió dos perímetros de seguridad policial al intentar llegar a la Corte Supremo Electoral (TSE). La policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos, pero pronto siguieron los bloqueos de carreteras, organizados por leales a Morales. El 28 de mayo se produjo otro ataque contra el perímetro del TSE, esta vez con dinamita y piedras. La policía respondió de nuevo con gases lacrimógenos.
Pronto surgieron amenazas abiertas. Un dirigente de los grupos interculturales (sindicatos indígenas pro Morales) culpó al TSE de los disturbios y pasó a amenazar a las familias de los funcionarios electorales:
Si el gobierno central no libera, hemos identificado a los traidores... Hemos identificado al Sr. Hassenteufel; vive en.... También hemos identificado al señor Tahuichi Tahuichi... Mañana daremos a conocer quiénes son sus familiares, porque lamentablemente, si no es por las buenas, es por las malas con ustedes.
Juristas y analistas comenzaron a advertir que Morales estaba dispuesto a incendiar el país para volver al poder. El 4 de junio, Rudy Capquique —un antiguo partidario de Morales— hizo pública una grabación de audio en la que Morales supuestamente pedía un asedio a gran escala de La Paz:
Se acabó, hermanos; es la batalla final. Ellos ganan o nosotros perdemos... Cierren todas las salidas a Yungas, al lago, hacia Desaguadero, hacia Aroma, y listo. Con respecto a eso, Oruro y Santa Cruz bloquearán caminos. Cochabamba ya está empezando.
Morales negó la autenticidad de la grabación, pero Capquique insistió, «¿Qué quiere otra vez don Evo Morales? Que la familia boliviana, el pueblo paceño, vuelva a morir de hambre. (El ex presidente) habla del sitio de Cochabamba, Santa Cruz —imagínense—, pero su prioridad es La Paz». Según ChequeaBolivia —plataforma especializada en fact-checking— el audio tiene una alta probabilidad de ser auténtico.
El 5 de junio, el gobierno presentó una demanda formal contra Morales por múltiples cargos graves: terrorismo, incitación pública a cometer delitos, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentados contra la seguridad del transporte, atentados contra la libertad de trabajo, desobediencia de resoluciones constitucionales, destrucción o daño de bienes del Estado y obstrucción de procesos electorales, según el ministro de Justicia, César Siles.
Sin embargo, la violencia se intensificó. Los servicios médicos se convirtieron en objetivos. La ministra de Salud, María Renée Castro, informó de que 10 médicos y un conductor de ambulancia fueron detenidos y agredidos en un control de carretera cerca de Japo, Oruro. Un médico fue golpeado, azotado y apedreado. En otro incidente, una madre y su bebé recién nacido fueron obligados a bajar de una ambulancia y a caminar hasta la siguiente ciudad para recibir tratamiento:
«No fue sólo la ambulancia la que fue atacada; el médico, el conductor y la paciente con su bebé fueron obligados a abandonar la ambulancia, forzándoles a caminar hasta una comunidad cercana para el siguiente traslado; tuvieron que caminar hasta Colomi», dijo el ministro. Hasta el 5 de junio se habían registrado al menos tres ataques contra el transporte médico.
Mientras tanto, RedUno informó de que se estaba obligando a los residentes de Cruce Tiraque, en Cochabamba, a participar en bloqueos bajo amenaza de multas o saqueos:
«Nos obligan a ir a los bloqueos, nos multan con 100 bolivianos, y si no nos vamos, nos dicen que vendrán a saquear los mercados. Por eso fuimos a los bloqueos», dijo un residente, con la voz distorsionada para protegerse.
En ese momento, más de 24 grandes bloqueos estaban activos.
La diputada Krupskaya Oña advirtió a:
Estos grupos irregulares ya han tomado prácticamente parte del territorio boliviano, el Chapare, y han formado una pequeña república. Estamos pidiendo y exigiendo que el presidente asuma de una vez sus atribuciones constitucionales, se ponga los pantalones largos, se abroche el cinturón y restablezca el orden.
De hecho, Morales ha creado una región —el Chapare— en la que opera fuera del alcance de las fuerzas del orden. La policía evita entrar por miedo, y prevalece el régimen criminal.
El 6 de junio, la policía detuvo un vehículo cerca de un bloqueo y detuvo a siete individuos que llevaban armas, uniformes de policía y chalecos. El 7 de junio, la situación había empeorado tanto que el Fiscal Departamental de Cochabamba emitió una directiva:
En vista de los conflictos sociales que se vienen suscitando en varias zonas del país, la Fiscalía Departamental de Cochabamba... a fin de garantizar la seguridad del personal que cumple funciones en el Trópico, instruye que los fiscales de materia y personal de apoyo de las Oficinas Fiscales de Ivirgarzama, Chimoré, Shinahota, Villa Tunari y Entre Ríos, se retiren el mismo día a la Oficina Fiscal de Sacaba, portando únicamente los elementos indispensables a su retiro. Se debe evitar la exhibición de credenciales u otras insignias de nuestra Institución hasta que la situación que vive nuestro país se estabilice.
La crisis llegó a un punto crítico el 10 de junio en la localidad de Llallagua. Tras una semana de aislamiento, la escasez de combustible y alimentos llevó a asociaciones de comerciantes, vecinos y autoridades locales a enfrentarse al bloqueo. Al acercarse, fueron atacados con objetos contundentes y explosivos. La policía informó de dos heridos.
Ante la inacción del gobierno, se produjeron violentos enfrentamientos entre ciudadanos y bloqueadores. El enfrentamiento en Llallagua se recrudeció y al menos 33 personas resultaron heridas. La asambleísta Azucena Fuertes denunció la pasividad del gobierno:
Potosí ha sido abandonado a su suerte, como lo demuestran los recientes enfrentamientos en Llallagua. No podemos permitir que el Movimiento Al Socialismo nos hunda en una crisis. Estos bloqueos son realizados por el ala radical que busca habilitar la candidatura de una persona. Además, el gobierno no está actuando con el rigor necesario para intervenir en estas movilizaciones.
Las ambulancias y los médicos que intentaban llegar a la zona también fueron bloqueados. La violencia se extendió a la propia ciudad; los comercios fueron saqueados; los edificios gubernamentales —como el Comando Regional de Llallagua y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia— fueron atacados, saqueados e incendiados.
El 11 de junio, una fuerza policial partió finalmente para liberar Llallagua. Sin embargo, la fuerza fue emboscada con dinamitas, piedras y disparos. Con un balance de más de 60 heridos, 3 policías, 1 bombero y 1 civil muertos.
Evo Morales justifica la violencia como «protestas sociales justas y legítimas». Pero la violencia y el terror no sólo fueron injustificados, sino que tuvieron un carácter brutal. Uno de los policías muertos recibió un disparo, otros dos fueron golpeados hasta la muerte y arrojados al río, y un cuarto fue golpeado, torturado y asesinado con dinamita. La quinta víctima confirmada no era sólo un civil, sino un joven de 17 años que murió intentando defender su casa.
Con una eventual respuesta más adecuada de intervención policial el pueblo fue liberado y los bloqueos en todo el país se redujeron a sólo uno en Potosí (departamento donde se encuentra Llallagua) y 12 en todo el país. Siete personas fueron detenidas tras la violencia en Llallagua. Se desplegaron más agentes de policía en las carreteras para reforzar las rutas desbloqueadas. Además, la zona alrededor de Llallagua fue apodada «mexico chico» y se identificó la presencia de tráfico y producción de drogas.
La violencia está lejos de terminar mientras Morales sigue libre, los bloqueos siguen activos y los grupos terroristas suman cada día nuevos escándalos y más abusos. El último asalto de Evo Morales a Bolivia no es una mera disputa política. Es una campaña de terror organizado contra el Estado de ley. Detrás de los eufemismos de «protesta social» se esconde un patrón claro: chantaje mediante bloqueos, amenazas contra jueces y civiles, y el uso sistemático de la violencia para desestabilizar el país al servicio de las ambiciones personales de un solo hombre. El asedio a las ciudades, los abusos contra el personal médico y el derramamiento de sangre en Llallagua no son incidentes aislados —son el precio de un Estado demasiado temeroso o cómplice para enfrentarse a su ciudadano más peligroso. Si Bolivia quiere sobrevivir, debe dejar de tratar a Morales como un actor político y empezar a reconocerlo como lo que es: un tirano fugitivo y terrorista que libra una guerra contra su propia nación.
