17 de agosto de 2025 marca el final de una era: por primera vez en dos décadas el MAS (Movimiento al Socialismo) quedó fuera del balotaje presidencial. El país irá a segunda vuelta el 19 de octubre entre Rodrigo Paz con el Partido Demócrata Cristiano(PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga con la alianza Libertad y Democracia (Libre), tras una primera ronda que castigó sin piedad al socialismo estatista por la inflación, el desabastecimiento de combustibles y el agotamiento del viejo modelo rentista y criminal.
Eso no es una percepción, son los datos oficiales preliminares y la cobertura internacional unánime los cuales proyectan más del 90% de las actas contabilizadas y muestran que: Paz lideró con algo más de 32% y Tuto quedó segundo con 27%, llevando a una segunda vuelta y a un balotaje que termina simbólicamente con 20 años de hegemonía del MAS, el cual tan solo obtuvo 3.2% con su candidato oficial Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez el considerado por muchos sucesor de Evo Morales obtuvo aproximadamente 8%, y finalmente Samuel Doria Medina, vicepresidente de la internacional socialista obtuvo aproximadamente 20%.
Esto marco un quiebre histórico, pues el Socialismo gobernó los últimos 20 años. El propio Evo Morales, inhabilitado y escondido como criminal, llamó a votar nulo, intentando apropiarse de un sector de votos ajenos a él. Sin embargo, este voto no llego al 20%, es decir que incluso si todos los votos nulos hubiesen sido por Evo, este no llegaba ni al tercer lugar en las elecciones.
El MAS perdió no por un “golpe mediático”, sino por la realidad económica, décadas de despilfarro, corrupción y crímenes contra el boliviano de a pie dejaron al ciudadano cansado de las políticas de izquierda que trajeron inflación de dos dígitos, un dólar paralelo, y escasez de combustibles. El castigo en las urnas y la diáspora de su base selló la derrota histórica. Las crónicas de la jornada electoral fueron claras: se acabó la era del MAS; hay balotaje Paz vs. Tuto.
Para el lector común esto suena como un giro al liberalismo, sin embargo, debemos detenernos a pensar quienes entraran al gobierno, pues existe un largo camino entre ganar y hacer perder al otro. Es cierto que el régimen criminal del Socialismo ha terminado y eso se debe aplaudir, pero debemos preguntarnos ¿y ahora qué?
¿Qué proponen los finalistas?
Rodrigo Paz fue la gran sorpresa de la elección: un candidato que apenas rozaba el 5% en encuestas obtuvo primer lugar. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha sido ubicado indistintamente en la centroizquierda o centroderecha, aunque su discurso pretende trascender esas etiquetas. Su plan de gobierno, la llamada “Agenda 50/50”, se presenta como una cruzada contra el “Estado tranca”, un aparato centralista que él considera responsable de la parálisis económica. Promete racionalizar el gasto con una regla de déficit cero hacia gobiernos subnacionales, congelando nuevas contrataciones en el nivel central y paralizando empresas públicas con déficit operativo. A ello suma un régimen tributario simplificado para pequeños comerciantes, la aplicación de declaraciones juradas en lugar de trámites burocráticos para licencias y permisos, y la liberalización de exportaciones.
También propone recomponer los precios de los combustibles para reducir el déficit, unificar el tipo de cambio mediante un “Fondo de Estabilización Cambiaria” financiado por bancos multilaterales y “sinceramiento patrimonial”, e incentivar a las pequeñas y medianas empresas mediante créditos y estímulos fiscales. No falta, en su plan, la mención a la lucha contra el contrabando, la formalización del empleo, el aumento salarial progresivo, la inversión sostenida en investigación y desarrollo, y la explotación de nuevos yacimientos estratégicos.
En el discurso, Paz complementa estas ideas con un guiño a los informales, que él mismo estima en un 85% de la economía. Reconoce que la persecución fiscal y la maraña regulatoria empujaron a millones fuera de la legalidad, y dice buscar una “formalidad barata”, que reduzca trámites y elimine barreras, en lugar de criminalizar a los pequeños productores. Lo ha resumido bajo el lema de “Capitalismo para Todos”: cerrar aduanas corruptas, abaratar la incorporación al sistema y ampliar las oportunidades para comerciantes y transportistas marginados. Con ello busca diferenciarse de Tuto Quiroga, subrayando que no acudirá al Fondo Monetario Internacional, sino que reordenará las finanzas internas reduciendo el peso del Estado y descentralizando competencias.
Ahora bien, detrás de este discurso modernizador persisten contradicciones fundamentales. La médula de su plan mantiene intacta la lógica estatista. El llamado “Fondo de Estabilización Cambiaria”, no es más que un nuevo maquillaje para el control de divisas. Unificar el tipo de cambio por decreto es una ilusión, lo único que logra es trasladar la distorsión del Banco Central al endeudamiento con Bancos multilaterales. La estabilidad se conquista liberando el mercado cambiario y poniendo fin a la impresión monetaria. Del mismo modo, su política de subsidios evita el único remedio real: liberar de inmediato los precios de los combustibles y cortar un gasto que sangra miles de millones. Habla de recomposición y gradualismo, cuando lo que hace falta es cirugía de mercado. En cuanto a la inversión pública en salud, deporte o innovación, no se trata de una ruptura con el modelo del MAS, sino de su continuidad con ropaje tecnocrático: cada hospital estatal es presa de corrupción, cada incentivo fiscal “selectivo” es privilegio arbitrario, y cada programa de innovación termina en despilfarro improductivo.
En síntesis, Rodrigo Paz ofrece un Estado más ordenado, más descentralizado y quizá menos grotescamente corrupto que el MAS, pero no un Estado más pequeño. No propone privatizar empresas, no libera precios de inmediato, no reduce drásticamente el gasto y si bien hace mención del déficit cero a nivel subnacional, no hay mención de un balance fiscal a nivel central, y peor aún no hay mención de un plan para frenar la crisis inflacionaria, lo único que dice frente a esta crisis es “Reestablecer equilibrios macroeconómicos para frenar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda.” Lo cual es una respuesta general y ausente de propuestas, fundamentalmente incoherente. Su “Agenda 50/50” contiene avances tímidos hacia un entorno más libre —la liberalización de exportaciones, el recorte a empresas públicas deficitarias, la simplificación tributaria—, pero su núcleo sigue siendo estatista. En el mejor de los casos, su victoria traería un alivio parcial frente al desastre socialista; en el peor, un nuevo ciclo de promesas vagas que postergan las reformas estructurales que Bolivia necesita.
Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia y candidato de la alianza Libre, se presenta como la carta de la “seriedad” económica frente al caos del MAS. Su programa parte del reconocimiento de una triple crisis —balanza de pagos, déficit fiscal y colapso energético— y plantea un giro hacia la disciplina con apoyo externo. Propone un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por entre dos y cuatro mil millones de dólares, acompañado de la reprogramación de la deuda y la reactivación de desembolsos internacionales. El objetivo declarado es reducir el déficit al 3% del PIB sin recurrir al Banco Central, devolviendo además su independencia y prohibiéndole financiar al Tesoro, una ruptura con la práctica socialista de usar la autoridad monetaria como caja chica.
En política cambiaria, Quiroga apuesta por un sistema de “Bolsín”, es decir, un tipo de cambio único, real y flexible, determinado por oferta y demanda en lugar de la manipulación del Banco Central. Esto implicaría sincerar el valor del boliviano, hoy sostenido artificialmente por reservas que ya no existen, y liberalizar el mercado de divisas, terminando con la persecución al ciudadano que compra dólares en el paralelo. Son propuestas que, en un contexto de inflación reprimida, podrían restaurar parte de la confianza monetaria.
Otro eje central es la reforma del sector energético. Reconoce la quiebra del modelo gasífero y plantea atraer inversión privada en hidrocarburos mediante contratos de servicios y estabilidad jurídica. También promete desmontar los subsidios a la importación de combustibles de forma gradual, sustituyéndolos con un esquema de “propiedad popular” y bonos de compensación temporal. En electricidad y telecomunicaciones propone privatizaciones parciales de ENDE y ENTEL bajo esquemas mixtos, manteniendo la participación estatal. A esto añade la renegociación de la deuda externa y nuevas líneas de crédito para infraestructura y transición energética.
En lo positivo, el reconocimiento de que el Banco Central no debe financiar al gobierno y la liberalización cambiaria representan un quiebre saludable con el socialismo. La apertura parcial a capitales privados en hidrocarburos también podría reactivar la inversión y detener la caída de la producción. Sin embargo, su disciplina fiscal descansaría en endeudamiento externo, no en un recorte real del gasto estatal cambiando el impuesto inflacionario por un impuesto futuro, pues un déficit perpetuo financiado con deudas es lo equivalente a vivir de una tarjeta de crédito. El acuerdo con el FMI daría un respiro temporal de liquidez a costa de nuevos impuestos y regulaciones, el clásico paquete tecnocrático que posterga las reformas de fondo. Lo mismo ocurre con los subsidios: al prometer desmantelarlos gradualmente con bonos compensatorios, corre el riesgo de perpetuar tanto los subsidios como los nuevos gastos.
El plan de “propiedad popular” es otra contradicción. Presentado como mecanismo de inclusión, no es más que un eufemismo para mantener parcialmente empresas estatales bajo control político, repartiendo acciones simbólicas que no otorgan ni poder de decisión ni verdadera propiedad. El ciudadano recibe un papel, pero el burócrata sigue controlando la empresa. Es la misma lógica paternalista del socialismo, reinventada para dar la percepción de propiedad privada.
En definitiva, Tuto ofrece un programa más coherente que el de Paz en lo macroeconómico, pero sigue atrapado en la idea de un Estado fuerte que administre la transición. Se mantiene en un discurso conservador y keynesiano atascado en un fracaso gradual, no liberara de inmediato los precios de los combustibles, ni desmontar de raíz la maraña de controles que asfixian a los emprendedores. En el mejor de los casos, Bolivia obtendría un respiro temporal y una gestión más seria; en el peor, un nuevo ciclo de endeudamiento, subsidios maquillados y estatismo reformista.
El fin del mito
Bolivia no “giró a la derecha”, regresó al sentido común. La década y media de precios controlados, empresas estatales “estratégicas” y banca central al servicio del Tesoro terminó en lo de siempre: colas, mercado negro y desindustrialización por tipo de cambio ficticio. La elección lo dejó claro: cuando la realidad se vuelve innegociable, el relato cae. El 19 de octubre definiremos qué tan rápido salimos del pantano
Con Paz, un ordenamiento administrativo que contiene daños, pero ignora el problema de la inflación descontrolada. O con Tuto, una corrección monetaria y cambiaria más nítida, pero con tentación de deuda y estatismo fuerte.
El socialismo terminó; el estatismo, quizá no. Si queremos un liberalismo de verdad, habrá que liberar precios, vender empresas y devolver la moneda al mercado. Y el camino del medio guía inevitablemente al socialismo.
El 17 de agosto selló la tumba del MAS en Bolivia. Dos décadas de despilfarro, persecución y mentira terminaron en un derrumbe electoral que parecía imposible. El MAS pasó de hegemonía absoluta a fuerza marginal, y Evo Morales quedó reducido a un espectro que ni siquiera con el voto nulo logra revivir su proyecto criminal. Esa derrota debe celebrarse.
Pero que el socialismo haya muerto no significa que Bolivia sea libre. El balotaje de octubre no enfrenta a la libertad contra el estatismo, sino a dos variantes de la misma enfermedad. Rodrigo Paz ofrece un Estado más ordenado, pero igual de grande, con subsidios maquillados y dirigismo tecnocrático. Tuto Quiroga promete disciplina y apertura parcial, pero bajo la tutela del FMI, subsidios “graduales” y empresas estatales con nombres distintos. Ninguno se atreve a decir lo que la realidad exige.
La lección es clara: sin precios libres no hay cálculo económico, sin propiedad privada no hay inversión sostenible, y sin límites al poder político no hay verdadera prosperidad. Ni Paz ni Tuto cuestionan esos fundamentos. Ambos buscan administrar mejor un aparato que debería ser desmontado.
La caída del socialismo abre una oportunidad histórica, pero solo si se entiende que la verdadera alternativa no es un nuevo administrador de un proyecto fallido, sino su desmantelamiento. Bolivia necesita devolver a la gente la libertad de producir e intercambiar sin permisos ni privilegios. Esa es la única transición real: del control a la libertad.
Vale subrayar que todo este análisis se basa en las propuestas formales y los discursos iniciales de campaña. En el camino hacia la segunda vuelta, es probable que ambos candidatos adapten sus mensajes, cambien prioridades o negocien alianzas que modifiquen sus programas. Pero más allá de los giros tácticos de la contienda, lo importante es discernir el rumbo de fondo: si Bolivia seguirá atrapada en un Estado omnipresente o si se abrirá, por fin, un espacio real para la libertad económica. El socialismo ha muerto. El estatismo sigue vivo. Y esa es la batalla que aún falta dar.
