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Entre ellos, los libertarios a menudo ven importantes líneas divisorias entre varias facciones en términos de puntos de vista sociales y estilos de vida. Desde fuera, sin embargo, los libertarios defienden abrumadoramente una cosa: la devoción excesiva y «dogmática» al libre mercado.

Cuando los políticos dicen «nunca lo has tenido tan bien», se atribuyen el mérito de algo que no han hecho. En realidad, la prosperidad económica que tenemos se debe a que los ahorradores y empresarios privados hacen posible el progreso económico.

Los activistas que genuinamente creen que el mundo se enfrenta a una catástrofe deberían considerar seriamente las razones de David Henderson para pensar que un impuesto al carbono podría ser una falsa «solución».

La acción emprendedora proporciona el combustible para la minería constante del valor de consumo. Si los empresarios dejan de actuar de esta manera, los consumidores dejarán de ver la innovación y el creciente valor en el mercado.

Dado que el ahorro real permite la producción de bienes de capital, es evidente que el ahorro real está en el centro del crecimiento económico que eleva el nivel de vida de la población.

Si los gobiernos hacen algo más que proteger los derechos de propiedad, entonces son demasiado grandes.

El «poder económico», entonces, es simplemente el derecho bajo la libertad de negarse a hacer un intercambio. Todo hombre tiene este poder. El poder político, por otro lado, es algo muy diferente.

La política antimonopolio del Estado a menudo resulta en la destrucción de las medidas de ahorro de costos adoptadas por las empresas más grandes, con lo que se elevan los precios para los consumidores comunes.

A la mayoría de la gente no le gusta que le cobren impuestos para pagar el Estado. Por lo tanto, el Estado recurre a los préstamos y a la impresión de dinero. Pero esos métodos no son realmente menos costosos que los impuestos.

Un sistema de justicia penal verdaderamente eficaz se basaría en la restitución, no en el encarcelamiento y el castigo. Además, las cárceles financiadas por el Estado no tienen ningún incentivo para rehabilitar las cárceles, ya que reciben financiación independientemente de los resultados.