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La doble moral del Washington Post sobre la inmigración y las armas

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12/03/2019

La semana pasada, el consejo editorial del Washington Post se pronunció en contra de las ciudades santuario. No, no el tipo de ciudades santuario que se niegan a hacer cumplir la ley federal de inmigración. Los editores del Post no tienen ningún problema con eso. En cambio, el Post se opuso a los esfuerzos de algunos gobiernos locales por oponerse a la aplicación a nivel estatal y federal de las restricciones sobre la posesión de armas de fuego.

El Post no estuvo tranquilo con estos esfuerzos. El editorial comparó los esfuerzos del santuario de los dueños de armas con el «vigilantismo» y la «justicia fronteriza», con la obvia implicación de que estas personas están a un paso de organizar a las turbas de linchamiento. Además, se nos dice que el movimiento es «una tontería avivada por malhechores con una agenda», y que conducirá al «caos».

Reconociendo la obvia doble moral que el Post está proponiendo para los santuarios de inmigrantes y los santuarios de propietarios de armas, los autores tratan de explicarlo todo:

La distinción entre los dos santuarios es básica. Las localidades que han aprobado resoluciones que se declaran a sí mismas como jurisdicciones santuario de la Segunda Enmienda amenazan con ignorar las leyes promulgadas por las legislaturas estatales debidamente elegidas y firmadas por los gobernadores. Las localidades de los santuarios centradas en la inmigración no están infringiendo ninguna ley, sino que más bien se niegan a cooperar de manera puramente voluntaria al servicio de la aplicación de la ley federal.

Es bastante difícil dividir este pelo más fino. La distinción del Post aquí parece ser que la anulación local de la ley federal es aceptable, pero la anulación local de la ley estatal no lo es.

Por supuesto, el que los gobiernos locales estén o no infringiendo una ley depende de la constitución de cada estado y de la naturaleza de la «autonomía» en cada estado. De hecho, en California, el juez James Crandall, nombrado por el gobernador demócrata Jerry Brown, falló en contra de la ley de California que ordena la aplicación local de la ley de inmigración. Crandall argumentó que la ley era «una invasión inconstitucional a los derechos de la ciudad» y que «el funcionamiento de un departamento de policía y su cárcel es un asunto de la ciudad». Esta ley estatal fue promulgada –para usar las palabras de los editores del Post–» por las legislaturas estatales debidamente elegidas».

¿Está de acuerdo o en desacuerdo el Post con la lógica del juez? Si los editores del Post no están de acuerdo, ¿en qué se basan para justificar el apoyo a los gobiernos locales que ignoran las leyes estatales que exigen el cumplimiento de las leyes de inmigración? Si los editores están de acuerdo con el fallo, ¿entonces por qué motivos niegan la libertad de un gobierno local para hacer cumplir las leyes sobre armas de fuego como ellos desean?

Varios estados, incluyendo Florida, han adoptado leyes que prohíben las ciudades santuario. Según esta fuente, al menos un gobierno local de Florida se ha declarado santuario para los inmigrantes ilegales. ¿Esperamos un editorial del Post denunciando esta violación de las leyes estatales? Eso parece improbable.

Además, ya que el Post está ahora a favor de la indiferencia estatal y local hacia la ley federal, ¿los editores del Post estarán apoyando los esfuerzos a nivel estatal para anular las leyes federales de Obamacare o las leyes federales de armas de fuego?

Obviamente, eso no va a suceder, y no debemos esperar ninguna consistencia al respecto por parte del Post. Para cualquiera que preste atención, está claro que el Post realmente tiene un doble rasero aquí, y ha estado buscando formas de justificar el apoyo a un tipo de anulación local, mientras que se opone a un tipo diferente.

Lo que el Post debería haber hecho es decir cuál es la posición real del consejo editorial: que las restricciones a la posesión de armas son buenas, y que las restricciones a la inmigración son malas. La conclusión: es moral ignorar las leyes que restringen la inmigración. Pero es inmoral ignorar las leyes que restringen la posesión de armas.

Aunque esta posición sobre las armas es ciertamente errónea, los editores del Post podrían haber sido respetados al menos por decir lo que realmente querían decir. En cambio, se apoyan en una afirmación falsa de que apoyan la ley y que todo lo demás es «caos».

Este conservadurismo ersatz fue sin duda un intento de atraer a personas que se creen «razonables» o «moderadas» De hecho, muchos de estos tipos de personas siguen apoyando la Guerra contra las Drogas con tonterías sobre cómo estamos obligados a seguir las leyes federales de drogas claramente inconstitucionales hasta que esas leyes sean cambiadas. No obstante, el enfoque del Post es intrínsecamente deshonesto y de doble filiación.

Una posición verdaderamente consistente es dejar que los estados y los locales decidan por sí mismos sobre todos estos temas.

En una columna de 2017 para mises.org, dije exactamente esto:

Si California establece –una vez más– que los estados pueden ignorar e incluso inhibir los arrestos y enjuiciamientos federales en los estados, entonces será más fácil para otros estados negarse a hacer cumplir las leyes federales sobre armas de fuego, las leyes federales sobre drogas, Obamacare o los mandatos federales de que los estados proporcionen programas de asistencia social y servicios «gratuitos» financiados por los contribuyentes a los no ciudadanos.

La única herramienta que el gobierno federal debería tener en estos casos es cortar los fondos. Esta es una herramienta muy poderosa, pero tampoco es un hecho que todos los estados enfrentarían un desastre si tuvieran que hacer frente a un recorte en el gasto federal. Por razones políticas, el gobierno federal quiere gastar dinero en los estados tanto como los estados quieren recibirlo.

Así que, hagamos de cada estado un santuario de las leyes federales de armas de fuego, leyes federales de inmigración, leyes federales de drogas, leyes federales de elecciones y más.

Deberíamos llevar esto aún más lejos, por supuesto, y apoyar amplios poderes de «autonomía» para las ciudades y condados individuales, para que puedan decidir por sí mismos qué leyes estatales aplicar y cuáles anular. Sólo descentralizando y localizando el poder político podemos esperar tener leyes que realmente reflejen en una medida razonable los valores de la población local. La descentralización radical también facilita que quienes no están de acuerdo con estas políticas puedan escapar de ellas a través de la reubicación física. La alternativa es más de lo que ya tenemos: tanto el gobierno estatal como el federal imponen la voluntad de la mayoría en la legislatura a la minoría. A menudo, esta es una división de casi el cincuenta por ciento, pero se supone que debemos creer, por ejemplo, que los 39 millones de californianos en un lugar más grande que Gran Bretaña están obligados a seguir las leyes estatales porque, digamos, el 51 por ciento de la población apoya esas políticas. ¿Y si estás en minoría? Mala suerte, para siempre. Ah, y tendrás que mudarte cientos de millas para vivir bajo diferentes leyes.

Si el Post realmente apoyara la democracia, querría más de ella. Es decir, querría que más cuerpos legislativos –ya sean consejos municipales, comisiones de condado o legislaturas estatales– decidieran los asuntos por sí mismos. Y eso incluye leyes que cubren las armas.

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Contact Ryan McMaken

Ryan McMaken (@ryanmcmaken) is a senior editor at the Mises Institute. Send him your article submissions for Mises Wire and The Austrian, but read article guidelines first. Ryan has degrees in economics and political science from the University of Colorado, and was the economist for the Colorado Division of Housing from 2009 to 2014. He is the author of Commie Cowboys: The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre.

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